La Policía Judicial capturó la mañana de este viernes a un fiscal de Golfito, de apellidos Romero Ruiz, de 44 años, como sospechoso de exigir el pago de $5.000 a un empresario, a cambio de resolver un expediente judicial favorable a sus intereses.
Específicamente, el fiscal auxiliar de Golfito extraería del caso en investigación, por el supuesto delito de tala ilegal, una prueba importante, a efectos de resolverlo con una desestimación.
La Fiscalía informó en un comunicado de prensa que la entrega del dinero no se concretó, gracias a la actuación oportuna del Ministerio Público, tras la denuncia del empresario.
El allanamiento comenzó a las 7:30 a. m. y se extendió por varias horas durante mañana en la oficina y la casa del funcionario. En el transcurso de la tarde, será la audiencia para solicitar medidas cautelares en su contra. El caso se investiga bajo el expediente 23-000083-1218-PE.
Se trata de un fiscal auxiliar destacado en la Fiscalía Ambiental de Golfito al que se va a procesar como sospechoso de concusión. De acuerdo con el artículo 355 del Código Penal, esta conducta la comete “el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”. La legislación establece penas de entre dos y ocho años para quien sea condenado por ese ilícito.
El fiscal adjunto de la Fiscalía General, Mauricio Boraschi, lamentó que se presente una situación de esta naturaleza. A la vez, resaltó la fortaleza del sistema para detectar presuntos casos de corrupción como ese. Añadió que, sin importar de quién se trate, el Ministerio Público actuará de manera contundente y oportuna.
“En el Ministerio Público no vamos a tolerar actos de corrupción, y actuaremos con toda la fuerza que la ley nos lo permita para evitarlo” dijo Boraschi.
Esa entidad hace un llamado a la población para que colabore con la denuncias ante cualquier sospecha de irregularidades como la que motivó el allanamiento en Golfito.
Además del proceso penal, Romero también enfrentará un proceso disciplinario en la Inspección Judicial bajo el expediente 23-2595-31-DI, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.
De acuerdo con la Sección de Gestión Humana del Ministerio Público, Romero Ruiz tiene 10 años y ocho meses de laborar en el Ministerio Público. Lo anterior no toma en consideración los períodos de vacaciones, incapacidades o permisos.
Casos sonados
El Poder Judicial no ha estado exento, en el pasado, de otros presuntos casos de corrupción y se han abierto investigaciones ante sospechas de que estructuras criminales hayan infiltrado sus tentáculos a lo interno.
En el 2019 un empleado judicial fue suspendido de su puesto en el Juzgado Penal de Golfito por ser sospechoso de facilitar información sensible a un grupo narcotraficante. El hombre de apellidos Castillo Chavarría, de 22 años, era técnico judicial y al parecer facilitaba a la estructura criminal detalles sobre las investigaciones relacionadas con el tráfico de droga.
El Poder Judicial lo suspendió de su cargo desde el 13 de febrero del 2019, según costa en el acta de la sesión N.° 14-2019 del Consejo Superior.
La Fiscalía Anticorrupción informó en el 2021 de que el caso contra el técnico judicial se tramita en el expediente 17-000001-1773-PE, por el presunto delito de tráfico de influencias. Añadió que a Castillo ya se le había tomado la declaración indagatoria.
En noviembre del 2020, se detuvo a un juez de apellidos Mora Sánchez, y un técnico judicial, apellidado Acevedo Díaz, al parecer, se encargaban de favorecer a grupos criminales a los que brindaban información sensible y les otorgaban medidas cautelares ilegales.
Uno de los casos más sonados ocurrió en marzo del 2009 cuando un grupo narco entró a la Fiscalía de Golfito y recuperó un millonario cargamento de 320 kilos de cocaína que se le había decomisado cuatro días antes. En esa ocasión no hubo funcionarios del Poder Judicial involucrados, pero sí se detuvo a dos expolicías administrativos.
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