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El exdiputado Óscar López, fundador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), ganó un recurso de amparo que interpuso ante la Sala Constitucional en contra de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por no facilitarle un expediente que se sigue en su contra en un lenguaje accesible a personas con discapacidad visual.
“Esta Sala acredita que se han vulnerado los derechos de defensa y acceso a la justicia del recurrente, en la medida que se le han negado las garantías básicas del debido proceso, al no tener acceso al expediente penal en un formato accesible a su condición de discapacidad”, dice el fallo dictado el pasado viernes y notificado a las partes esta semana.
López y su exesposa, la exdiputada Rita Chaves, fueron llevados a juicio con base en una acusación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Según ese ente, ambos exlegisladores en conjunto con otras personas, habrían estafado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante supuestos cobros indebidos en la deuda política correspondiente a los comicios del 2010. El monto de lo defraudado sería de ¢113 millones, por lo que se les acusa de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.
El treinta de mayo pasado el Tribunal Penal de la Hacienda Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, declaró la existencia de un defecto absoluto en cuanto a la intervención, asistencia y representación de Óscar López en el proceso y ordenó su separación del debate, debido a la inobservancia de un derecho que le asistía.
Ahora con el fallo de la Sala IV, se ratifica lo actuado por el Tribunal y tendría que ordenarse un nuevo juicio en el que López acudiría a la prescripción, pues se trata de hechos de hace 12 años.
Según la Resolución N.° 2022012580 de la Sala IV, “esta decisión conlleva la necesidad de garantizar al accionante el pleno acceso compatible al expediente penal, de manera que pueda ser reconocido por la herramienta Jaws, u otro medio o recurso asistencial válido que permita el acceso para personas con discapacidad visual”.
El exdiputado López dijo que la Sala IV condenó a la Fiscalía y al Juzgado Penal, mientras que contra el Tribunal se declaró sin lugar el recurso gracias a que el 27 de mayo pasado los jueces y el personal judicial de Tecnologías de la Información se reunieron y concluyeron a tiempo en que la forma como se le entregó el expediente era inaccesible, según la ley N.° 7600.
Afirmó que considera plantear una demanda contra el Estado por el daño moral que, según dice, le causó este proceso mediante insultos en redes sociales y en los comentarios de las noticias que los medios publicaban.
Alegó que eso repercutió para que en las pasadas elecciones la gente no votara por él y no pudiese llegar por tercera vez a la Asamblea Legislativa.
Insistió en que se trata de un tema de derechos humanos y descartó que esté usando la discapacidad como pretexto. El hecho de ser abogado le permite defenderse a sí mismo, pero dice que si el día de mañana otra persona no vidente llega a juicio, el Poder Judicial deberá cerciorarse de que se le brinden todas las facilidades requeridas para consultar el expediente en un lenguaje accesible a su discapacidad.
“Toda persona ciega, aunque la represente un abogado que pueda ver, tiene derecho a conocer el expediente. Eso quedó demostrado”, dijo en entrevista con La Nación.
A López le dieron una llave maya con un sistema que tenía 12.000 imágenes las cuales el lector de pantalla no discriminaba. Lo que él necesitaba era un texto digitado en Word, aunque eso requiriese contratar digitadores por parte del Poder Judicial. Como la Fiscalía no le facilitó el expediente en esos términos, la Sala IV le dio la razón.
“Para efectos míos ya estoy fuera del caso acusado en el expediente 12-0031-0033-PE”, dijo López, quien afirmó que para el resto de acusados el juicio sigue, pero confía en que van a salir absueltos, pues considera que la acusación carece de fundamento. Según dijo, días atrás el denunciante (Joaquín Porras) y dos testigos (Hugo Navas y Gerardo Rojas) se contradijeron ante los jueces y admitieron que desconocían muchos detalles de la pieza acusatoria.
López dice que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo forma en que se le ha procesado en estos diez años.
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