La Corte Plena, conformada por los magistrados del Poder Judicial, rechazó renovar el permiso otorgado a Gerald Campos, en mayo del 2022, para trasladarse al Poder Ejecutivo como ministro de Justicia y Paz.
Campos, quien ejercía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), necesitaba de 17 votos a su favor de los 22 magistrados para que se prorrogara su permiso, es decir, tres cuartas partes de la Corte. Sin embargo, la tarde de este lunes, la votación no favoreció al jerarca e incluso hubo quienes cuestionaron una conducta suya.
El ministro ahora tendrá la oportunidad de presentar un recurso de reposición o reconsideración, por lo que aún tiene una posibilidad de mantener su cargo en el Gobierno.
Solo 10 magistrados votaron a favor de la prórroga: Alexandra Alvarado, Fernando Cruz, Gerardo Alfaro, Jorge Olaso, Luis Guillermo Rivas, Luis Fernando Salazar, Roberto Garita, Rafael Segura, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, y la vicepresidenta, Damaris Vargas Vázquez.
En cambio, 11 altos jueces votaron en contra: Anamari Garro, Ana Isabel Vargas Vargas, Jessica Jiménez, Julia Varela, Luis Sánchez, Paul Rueda, Patricia Solano, Rosa Acón, Roxana Chacón, Iris Rocío Rojas y Sandra Zúñiga. Estaba ausente el magistrado Jorge Araya.
El 3 de mayo del 2022, Campos había recibido el aval de 20 magistrados, solo con la oposición de Garro y Solano. Ese permiso seguirá vigente hasta el 7 de mayo.
Durante aquella sesión, los magistrados discutieron sobre la causa activa en el expediente 16-000017-1218-PE, en el que figura Campos por el presunto delito de peculado y que cuenta con solicitud de apertura a debate ante el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José.
Asimismo, contra Campos se abrieron dos causas que fueron desestimadas: el expediente 18-021383-0042-PE por presunto peculado y el expediente 14-000010-0033-PE por presunto incumplimiento de deberes. Ese día, el entonces subdirector del OIJ aseguró a los magistrados que renunciaría a su inmunidad como ministro para enfrentar la causa activa por presunto peculado.
No obstante, la magistrada de Sala Primera, Iris Rocío Rojas, así como Julia Varela, de Sala Segunda, afirmaron este lunes que negarían el permiso porque Campos no cumplió con su palabra de renunciar a su inmunidad ante el Juzgado Penal de Hacienda.
“Creí en la palabra de don Gerald”, dijo Varela, quien en mayo del 2022 sí apoyó la solicitud. “Lamentablemente no se ha resuelto el caso y no hay en el expediente, según vimos, ninguna manifestación de que él renuncie a esa inmunidad para seguir el proceso, que ojalá pronto se resuelva. Es un poco hasta reñido con la ética que una persona que se compromete a algo no lo cumpla”, manifestó.
El magistrado de Sala Constitucional, Paul Rueda, manifestó que desde el 2018 él ha votado en contra de permitir a funcionarios judiciales trasladarse al Poder Ejecutivo. Rueda no estaba en la sesión de Corte Plena en que se otorgó el primer permiso al jerarca de Justicia.
La noche del lunes, Campos afirmó, a través de la oficina de prensa de Justicia, que le sorprende la decisión, y que va a analizar los argumentos de los magistrados.
“Una vez analizados estos argumentos, veremos qué procede conforme a nuestro ordenamiento jurídico (...). Tanto mi persona como los dos viceministros que venimos del Poder Judicial nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado, orgullosos de este trabajo”, declaró el jerarca.
Al viceministro de Paz, Sergio Sevilla, también le rechazaron la solicitud, con 15 votos a favor de la prórroga y seis en contra. Sevilla era fiscal coordinador y fiscal de juicio del Ministerio Público, y le habían otorgado el permiso hasta el 16 de mayo próximo.
En su caso, votaron a favor de autorizar la prórroga los magistrados Alvarado, Vargas Vargas, Vargas Vázquez, Cruz, Alfaro, Jiménez, Álvarez, Araya, Rivas, Salazar, Aguirre, Garita, Rojas, Segura y Zúñiga.
En contra votaron Garro, Sánchez, Rueda, Solano, Acón y Chacón. Esta última, magistrada de Sala Segunda, afirmó que votó en contra de permitir esta prórroga y la de Campos para seguir los fundamentos del Código de Ética Iberoamericano, el cual “establece la inconveniencia de que funcionarios del Poder Judicial puedan ubicarse en posiciones de Gobierno”, expuso.
El procedimiento para que cargos del Poder Judicial puedan pasarse al Ejecutivo está establecido en el artículo 44 de su Ley Orgánica.
Dicha ley establece que “en casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a los magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.
“Para servir en otra dependencia del Estado, el acuerdo habrá de adoptarse por las tres cuartas partes del total de magistrados o miembros del Consejo, en su caso”, detalla el artículo.