La Corte Plena aceptó este lunes pedir a la Asamblea Legislativa que se levante la inmunidad al magistrado suspendido, Celso Gamboa Sánchez, para juzgarlo penalmente por el delito de tráfico de influencias, confirmó a las 7:40 p. m. la oficina de prensa del Poder Judicial.
La decisión la avalaron de forma unánime los 22 magistrados en una sesión privada que terminó a las 5:30 p. m.
Este asunto lo conoció la Corte Plena luego de que la Fiscalía General de la República presentara el pasado 26 de enero, la acusación formal contra el magistrado y se pidiera el levantamiento de la inmunidad.
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Ante dicha gestión, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, solicitó a la Sala Tercera que se designara un magistrado para revisar la solicitud y determinar si cumplía con los requisitos básicos y las formalidades. Ese análisis le correspondió al magistrado Jesús Ramírez.
Ese lunes, Celso Gamboa presentó algunos recursos con la finalidad de que los integrantes de la Corte Plena se recusaran; sin embargo, las gestiones fueron rechazadas.
Asimismo, planteó un alegato de actividad procesal defectuosa, pero no se conocieron más detalles sobre el fondo de la gestión.
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Breve recuento
El caso por el cual se pretende juzgar a Celso Gamboa se relaciona con un presunto favorecimiento por parte del magistrado para eliminar el nombre de Johnny Araya Monge, actual alcalde de San José, de un expediente judicial en el que se le investigaba, en momentos previos a las elecciones municipales del 2016.
Estos hechos se tramitan en el expediente 17-000039-0033-PE que se fundamenta en una denuncia presentada ante la Inspección Judicial, por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, la cual fue divulgada por este medio en noviembre anterior.
De acuerdo con la funcionaria, en la gestión a favor de Araya habrían intervenido el entonces fiscal adjunto Celso Gamboa y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López.
Gamboa se encuentra suspendido de su cargo por un lapso de tres meses, que vence el 15 de abril. En su contra figuran otros siete procesos disciplinarios abiertos en la Inspección Judicial, uno motivado por su aparente relación con el empresario del cemento Juan Carlos Bolaños.
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Asimismo, en el Ministerio Público hay otras siete denuncias penales en etapa de investigación por los supuestos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, y prevaricato.
La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito castiga el delito de tráfico de influencias con una pena de entre dos y cinco años de prisión. Esta puede elevarse a un máximo de seis años y medio, cuando involucra a miembros de los supremos poderes.
Trámite en el Congreso
Con relación al levantamiento de la inmunidad, ahora el asunto pasa a la Asamblea Legislativa.
Según el artículo 192 del reglamento del Congreso, una vez que se reciba la gestión del Poder Judicial, se debe nombrar una comisión integrada por tres diputados para que estudien el caso y presenten al plenario un informe sobre si se debe levantar o no la inmunidad.
Para que el acuerdo sea válido debe contar el apoyo de 38 diputados (mayoría calificada).
Posteriormente, el caso será devuelto al Poder Judicial y será la Sala Tercera la encargada de juzgar el caso.
Colaboró: el periodista Aarón Sequeira.