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Los abogados defensores del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, calificaron de ilegal la ampliación de la suspensión por un lapso de tres meses, que acordó la Corte Plena el pasado lunes 15 de enero.
En un comunicado de prensa enviado este miércoles en la tarde, Hilda Porras Alvarado y Navil Campos Paniagua, aseguraron que a su representado no se le "permitió ejercer el más mínimo derecho de defensa, que garantiza la Constitución Política para cualquier ciudadano".
Para justificar su opinión, explicaron que Gamboa fue suspendido en octubre del año pasado por un lapso de tres meses por un proceso y ahora le ampliaron la separación del cargo, por otro caso diferente.
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"Lo actuado por la Corte Plena (el lunes anterior) da cuenta de la reiterada conducta de juzgamiento político y mediático de que es víctima don Celso, merced a repetidas y reiteradas violaciones al debido proceso y al ordenamiento jurídico, sin que nos sea posible individualizar responsabilidades, al desconocer no solo la resolución y su fundamento, sino el nombre de quienes han votado esta medida ilegal y violatoria del principio de inocencia", aseguran en el comunicado.
Los abogados Porras y Campos manifestaron que, en reiteradas ocasiones, han solicitado ser escuchados de manera oral en la Corte Plena, pero a la fecha no los han recibido.
"Estos hechos evidencian la clara pretensión –o más bien la decisión prejuzgada– de condenar a toda costa a don Celso aún sin pruebas, vinculándolo además con un caso con el que, en realidad, él no tiene relación, cómo es del cemento chino", concluyeron los juristas.
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La decisión de ampliar la separación de Gamboa por un lapso de tres meses la tomaron los 22 magistrados, el lunes en una sesión privada.
La medida la adoptaron a pedido de la magistrada Nancy Hernández, quien maneja el llamado expediente de los alcaldes y necesitaba más tiempo para concluir la pesquisa.
Según los abogados Hilda Porras y Navil Campos, "Nancy Hernández (...) no solo posee claras causas de inhibitoria, sino que además carece de competencia para conocer sobre los hechos que instruye".
El caso que tramita Hernández tiene que ver con una denuncia de que Gamboa intervino para que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción eliminara el nombre de Johnny Araya Monge (alcalde San José) de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
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Además, habría intervenido en diligencias judiciales seguidas contra los alcaldes liberacionistas de Alajuela y San Carlos, previo a las elecciones municipales del 2016.
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El magistrado Gamboa fue suspendido durante tres meses el pasado 18 de octubre, mientras se investigaban sus supuestos vínculos con Juan Carlos Bolaños, el cuestionado importador de cemento chino. Esa medida vencía este jueves 18 de enero.
