La Corte Plena, en sesión privada, acordó este lunes ampliar durante tres meses la separación del magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez.
La medida fue comunicada por la oficina de prensa del Poder Judicial, que agregó que la acción se tomó a pedido de la magistrada Nancy Hernández, quien maneja el llamado expediente de los alcaldes y necesitaba más tiempo para concluir la pesquisa.
El caso que tramita Hernández tiene que ver con una denuncia de que Gamboa intervino para que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción eliminara el nombre de Johnny Araya Monge (alcalde San José) de un expediente judicial en el que se le investigaba, junto a otras tres personas, por el supuesto delito de influencia contra la hacienda pública.
Además, habría intervenido en diligencias judiciales seguidas contra los alcaldes liberacionistas de Alajuela y San Carlos, previo a las elecciones municipales del 2016.
El magistrado Gamboa fue suspendido por un lapso de tres meses el pasado 18 de octubre en aquel momento mientras se investigaban sus supuestos vínculos con Juan Carlos Bolaños, el cuestionado importador de cemento chino. Esa medida vencía el próximo jueves.
Luego de que se adoptara esa resolución, surgieron nuevas denuncias contra el magistrado que generaron que la Corte Plena abriera procedimientos internos.
Entre estas están una denuncia de la jueza Liz Maureen Tencio, porque Celso Gamboa desestimó en la Sala III una querella por presunto prevaricato que ella había presentado contra el magistrado Porfirio Sánchez, a pesar de que tenían una relación de amistad.
Además, otra investigación gira en torno a un video en donde se le ve caminando de manera tambaleante en un aeropuerto en México.
Otro de los asuntos, fue una denuncia de la magistrada Doris Arias, pues Gamboa "se interesó en un expediente que no le correspondía" y que estaba relacionado con el Movimiento Libertario.
Asimismo, a Gamboa se le investiga, lo mismo que a otros cuatro magistrados de la Sala III, por acoger la solicitud de desestimación de la causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Hugo Morales Zapata por supuesto tráfico de influencias.
En el Ministerio Público, Celso Gamboa también enfrenta varios procedimientos de carácter penal, por cuyo trámite la fiscala general interina, Emilia Navas Aparicio había allanado la oficina del magistrado en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Las pesquisas tienen que ver con los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Recientemente, los abogados Hilda Porras Alvarado y Navil Campos Paniagua, defensores del magistrado Gamboa, adujeron que existe filtración de información tergiversada, sin pruebas, y de mala fe, lo cual evidencia el trato cruel, inhumano, degradante, discriminatorio y parcializado del que es víctima Celso Gamboa, comportamiento el cual la Corte de Suprema de Justicia tolera.