La audiencia prevista para este lunes por la causa judicial contra el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y otros cuatro miembros de su gobierno por el caso Bancrédito, fue suspendida debido a que un abogado de la Contraloría General de la República (CGR) fue incapacitado, informó el defensor del exmandatario, Róger Guevara.
El Ministerio Público confirmó a La Nación que “se debe esperar una nueva programación” por parte del Tribunal Penal.
Guevara teme que la diligencia se traslade para el 2025, al tiempo que criticó que el retraso fuera causado por la misma entidad que promovió la denuncia, la CGR. En su criterio, dada la condición de salud del funcionario del órgano contralor, era una situación “previsible”.
“Deberían de nombrar a más de un abogado responsable en la causa, que puedan tenerlo a mano. Lo que entiendo es que el licenciado de la Contraloría viene mal desde hace días y la audiencia está programada desde hace meses. Eso afecta a nuestros representados”, mencionó Guevara.
Según dijo, tienen meses de preparar las estrategias de defensa, que deberán retomar para dentro de un año.
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La investigación por estos hechos está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Además del exmandatario Solís, figuran como imputados Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.
“Nos llama profundamente la atención que la CGR no haya previsto una situación así y haya asignado un solo profesional para esta audiencia”, agregó José Luis Campos, abogado de Sergio Alfaro.
Según la acusación, en el 2017 los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, añadió el Ministerio Público en un comunicado, el año anterior.
Para la Fiscalía, esta actuación derivó en una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
El delito de influencia en contra de la Hacienda Pública se castiga con prisión de dos a ocho años.
Detalles del caso
En junio de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) denunció ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo en Bancrédito, antes de que esa entidad cerrara por falta de liquidez, en noviembre de 2018.
En aquel momento, la Contraloría argumentó que las “compras de títulos” hechas entre 2016 y 2018, “con el objetivo de solventar los problemas de liquidez” de Bancrédito, al parecer afectaron el flujo de caja del Presupuesto Nacional de 2018, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho periodo.
En febrero de 2018, durante una audiencia de la comisión legislativa que investigó el caso de Bancrédito, trascendió que el gobierno estaba en riesgo de perder ¢131.000 millones que invirtió en esa entidad financiera, entre marzo y abril de 2017, con el objetivo de ayudarle a afrontar su falta de recursos.
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El dinero provenía del Presupuesto Nacional y debía ser recuperado en nueve meses. No obstante, la crisis de Bancrédito no se revirtió, sino que fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en diciembre de 2017, precisamente por incumplir con la devolución de ¢118.000 millones que había invertido Hacienda.
Para principios de 2018, el banco carecía de liquidez para pagar sus obligaciones y el Gobierno se había convertido en su principal acreedor. Las deudas estaban vencidas desde el 22 de diciembre de 2017.
Finalmente, mediante una ley, Bancrédito fue absorbido por el Banco de Costa Rica (BCR) y este le pagó al Ministerio de Hacienda ¢135.000 millones el 10 de diciembre de 2018, con efectivo y certificados a plazo.
La causa judicial se tramita bajo el expediente 20-000115-1218-PE. Dentro del proceso, la Contraloría presentó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República interpuso una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados.