A dos años de que se destapara uno de los escándalos de corrupción con contratos de obra pública más sonados y complejos de la historia, una voluminosa cantidad de pruebas del caso Cochinilla sigue a la espera de que alguien la revise.
Dos bodegas repletas de computadoras, celulares, archivos digitales y otras evidencias electrónicas se encuentran tal y como se les dejó desde el primer día, producto de 57 allanamientos simultáneos realizados para investigar a 82 personas físicas y 17 empresas.
Ha resultado imposible conciliar agendas de más de 200 abogados defensores, jueces y fiscales para proceder con la apertura de esa prueba. El último intento fallido se realizó el pasado 8 de junio.
De momento, los avances de la pesquisa se reducen a la liberación de las personas que fueron encarceladas al inicio, así como a las audiencias realizadas con los imputados y los representantes jurídicos de las compañías investigadas.
También se ha procesado “una cantidad importante de prueba documental, testimonial y pericial”, según el Ministerio Público.
El pasado 5 de febrero, el fiscal general, Carlo Díaz , manifestó a La Nación que el caso Cochinilla es una prioridad, pero admitió que llevará mucho tiempo a los fiscales y peritos procesar la gran cantidad de información recabada en los allanamientos.
Además, el caso ha pasado por varias manos en los últimos meses. Desde el 21 de noviembre de 2022, Glen Calvo Céspedes, fiscal anticorrupción que tenía a cargo el caso, pasó a laborar como juez penal en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
Entonces, el fiscal Miguel Ramírez se hizo cargo del asunto en forma temporal, para luego integrar un equipo liderado por las fiscalas Diana Hernández Gamboa, Johanna Rodríguez Acosta y Luz Marina Arias Espinoza, quienes hoy lideran la investigación.
Actualmente, hay 13 audiencias pendientes, dos de ellas ya cuentan con señalamiento, pero las demás no tienen fecha programada. “Todas son apelaciones interpuestas por la defensa, que a su vez se han suspendido y reprogramado a solicitud de la misma defensa”, indicó la Fiscalía.
Fallida apertura
Tras un gran esfuerzo para coordinación de agendas, del Juzgado y de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tenían prevista la apertura de evidencia electrónica para el 8 de junio, pero no se pudo concretar por obligaciones adquiridas por algunos defensores.
A ese proceso se le llama tradicionalmente “apertura”, pero en realidad se trata de una extracción digital para hacer un respaldo a las computadoras, teléfonos celulares y llaves mayas decomisados en los allanamientos del 2021, pues en esa fase no se revisa el contenido de los aparatos.
El análisis se realiza luego, pero exige contar con ese respaldo antes de confirmar o descartar la tesis fiscal. Así las cosas, no hay forma de saber la fecha en que concluirá la etapa preparatoria de investigación y menos aún de la audiencia preliminar con las partes, que pone fin a la fase intermedia del proceso.
Por ahora, la Fiscalía debe continuar con el procesamiento de prueba documental, testimonial y pericial, además de redactar varias solicitudes de prueba, mientras llega la etapa de abrir la prueba electrónica.
Investigación casi estancada
A dos años del Caso Cochinilla
FUENTE: Ministerio Público || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Removió cimientos
El 14 de junio del 2021, el OIJ realizó 57 allanamientos simultáneos a cargo de 550 investigadores y 100 jueces y fiscales del Poder Judicial.
Ese día, el contingente incursionó en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Casa Presidencial, el Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresas constructoras como MECO y H Solís, entre otros.
Durante la acción, el OIJ reveló que un grupo de empresarios sobornaba a funcionarios estatales con favores sexuales, autos, viajes, dinero, terrenos, fiestas privadas y otra gran cantidad de dádivas y regalos, a cambio de beneficios en contratos de obras viales del Estado
En un principio, las autoridades judiciales también indicaron que una presunta malversación de fondos en el Conavi generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y parte del 2020, cifra que después resultó ser menor.
El caso fue denominado Cochinilla en alusión al actuar de los implicados que, según las pesquisas, era muy similar a la “cochinilla”, un insecto-parásito que se oculta por debajo de las hojas de las plantas y sin ser detectado las va secando pues se alimenta de la savia.
Los agentes determinaron que la corrupción estaba oculta detrás de mecanismos, cuyo propósito era no evidenciar el actuar nocivo en perjuicio de las finanzas del Estado.
Como efecto casi inmediato se paralizaron muchas de las principales obras públicas y de mantenimiento vial en varios puntos del país, situación que aún repercute con el atraso desmedido de algunas obras como las de Circunvalación norte y los pasos a desnivel en Cartago.
También hubo afectación en el nuevo puente sobre el río Virilla y la ampliación del tramo entre Barranca y Limonal en la Interamericana norte, entre otros.
El caso Cochinilla fue premiado como la mejor investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el 2021.
En libertad
Los últimos imputados en el caso Cochinilla en dejar la prisión fueron los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerdas, que al momento de su captura eran la dueña de H Solís y de Meco, respectivamente.
Solís y Cerdas , hoy de 63 años, dejaron las celdas el sábado 26 de marzo del 2022, cuando se les ordenó casa por cárcel, medida que cumplieron hasta el 26 de setiembre de ese mismo año, pues se les quitó la tobillera electrónica y se les devolvió el pasaporte.
La única medida cautelar vigente para ambos empresarios es la millonaria fianza que depositaron desde principios del proceso, así como la orden de no comunicarse ni influir en testigos del proceso.
Entre los delitos que la Fiscalía atribuye a los investigados están cohecho propio, estafa, penalidad del corruptor, falsificación de documento privado y falsedad de registros contables.
En marzo de este año, el Poder Judicial informó de que el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió las medidas cautelares a 26 de las 82 personas físicas indagadas por este caso, las cuales quedaron en su mínima expresión.
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Contra los imputados de apellidos Solís, Madrigal, Fallas, Bonilla, Cervantes, Rivera, González, Bolaños, Martínez, Herrera y Castro se ordenó mantener un domicilio fijo y actualizado, así como no comunicarse ni influir en testigos del proceso.
En relación con los funcionarios públicos Chaves, Rodríguez, Quesada, Ortiz, Lobo, Monge, Carmona, Mora, May y Rojas se ordenaron las misma medidas, pero también se dispuso la reubicación funcional pública de dichos imputados en un puesto laboral equivalente y en una institución distinta al Conavi y al MOPT.
Lo mismo rige para un imputado de apellidos Sánchez Castro, pero quedó sin efecto la reubicación funcional, pues ya no es funcionario público. Contra un imputado de apellido Zamora, se ordenaron idénticas medidas y se mantiene la medida cautelar de reubicación funcional en el Ministerio de Hacienda.
En relación al imputado Arce Alpízar, se ordena la prórroga de mantener domicilio fijo, así como no comunicarse ni influir en testigos del proceso.
El plazo por el cual se prorrogaron las medidas cautelares es hasta la finalización de la etapa intermedia, cuya duración todavía es indefinida.
Aunque el Ministerio Público apeló las resoluciones cada vez que el Juzgado Penal desatendió sus pretensiones en torno a las medidas cautelares, al final prevaleció lo dictado por el juez.
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