Los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) investigados por el Caso Cochinilla fueron reubicados en otras entidades de Gobierno, mientras que cinco se pensionaron o dejaron sus puestos.
De acuerdo con la información del Conavi, entre las personas que contaban con medidas cautelares, los imputados Rivera Campos y Madrigal Rímola se acogieron a su pensión, mientras que Sánchez Castro y Zúñiga Fallas renunciaron. A otra de las empleadas de apellido Chaves se le venció su nombramiento.
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La dirección de Recursos Humanos no detalló cuantos de los trabajadores investigados fueron reubicados en otras instituciones distintas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o al Conavi, tal como lo había ordenado el juez penal Felix Castellón en una resolución emitida el pasado 3 de noviembre.
Según el expediente judicial, la Fiscalía investiga al menos 12 trabajadores del MOPT y Conavi, a quienes el juez ordenó medidas cautelares como la reubicación funcional en un puesto laboral equivalente, pero en una institución pública distinta.
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Varios de estos funcionarios, ocupaban puestos de gerencias y jefaturas en el Conavi, principalmente en áreas como Proveeduría Institucional, Tesorería, Finanzas y Asesoría Jurídica; además, había ingenieros ligados a conservación vial o supervisión de proyectos.
Entre los presuntos delitos investigados, están dádivas a empleados públicos por parte de empresarios de la construcción a cambio de asignación de contratos de conservación, modificación de informes de supervisión y agilización del pago de facturas.
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Esos favores habrían sido pagados con dinero, vehículos, terrenos, viajes y hasta favores sexuales.
En torno a este caso, que se investiga en el expediente N.° 19-000025-1218-PE, la Fiscalía informó a inicios de marzo de que sigue la fase preparatoria de investigación y que las medidas cautelares persisten para 27 físicas y 14 jurídicas.
Cuando se cumplió el primer año de los allanamientos, donde se detuvo a 30 personas, esa entidad informó que la cantidad de investigados llegó a 99 y que a todos se les indagó: se trata de 82 personas físicas y de 17 personas jurídicas. El caso es tan complejo que, solo en el primer año, implicó 600 audiencias judiciales.
