El exalcalde de San José, Johnny Araya, afirmó que su relación con el exmagistrado Celso Gamboa se reducía a conversaciones sobre proyectos de ley de policías municipales. Así lo declaró este miércoles en el Tribunal Penal de Goicoechea, donde ambos enfrentan un juicio por presunto tráfico de influencias junto a la exfiscala adjunta Berenice Smith.
Araya dijo a los jueces que con Gamboa mantuvo relaciones institucionales cuando él era alcalde y Gamboa ocupaba el cargo de viceministro y posteriormente ministro de Seguridad Pública, del 2013 al 2015.
“Recuerdo haber tenido con él, en algunos momentos, conversaciones particularmente de un tema, y era sobre los proyectos de ley que se tramitaron en la Asamblea Legislativa para crear un marco jurídico para las policías municipales. Yo fui el impulsor de la primera policía municipal del país que surgió sin tener mayor marco jurídico”, aseguró.
Según el Ministerio Público, Gamboa y Smith hicieron gestiones para favorecer a Araya, quien habría logrado obtener un oficio que certificaba que no figuraba como encartado en una causa penal y lo habría entregado a finales del 2015 a Mercedes Agüero, entonces periodista de La Nación, quien realizaba un reportaje sobre candidatos a alcalde involucrados en causas penales.
Araya dijo este miércoles que en enero del 2016 él pidió una aclaración al Ministerio Público cuando Agüero le consultó sobre su presencia en el expediente 12-96-621-PE por presunto enriquecimiento ilícito alrededor de una capacitación en la Municipalidad de San José.
El exalcalde reiteró que él solo apareció como denunciado en dicha causa, pero la Fiscalía nunca lo consideró como imputado.
Agregó que él desconocía de qué forma se trató a lo interno del Ministerio Público la gestión que él hizo el 4 de enero del 2016.
“No ejercí absolutamente ningún tipo de presión, y no hay prueba de ello, para lograr la respuesta a mi carta. La respuesta que recibí el 6 de enero del 2016 no dice nada falso”, indicó.
Además, señaló que la fiscala de ese caso, Natalia Rojas, ya había aclarado en gestiones anteriores que él no era imputado en el expediente, como la del 30 setiembre del 2015, cuando Rojas presentó un informe a Smith en que afirmaba que no existía prueba suficiente contra Araya.
La respuesta que le brindó Rojas indicó que actuaba siguiendo instrucciones superiores, pero Araya aseguró que el documento no habría dicho nada diferente incluso si no hubieran mediado dichas órdenes.
Uno de los principales argumentos de la defensa es que el sistema informático del Ministerio Público no diferenciaba entre denunciados e imputados, y al entregar esa información, la encargada de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, habría indicado que el exalcalde de San José era imputado.
Araya dijo, asimismo, que la persona que presentó la denuncia en el 2012 por las supuestas irregularidades en la capacitación tenía información equivocada, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concluyó que había tres posibles responsables, y ninguno era él.
En el 2013, agentes del OIJ visitaron la oficina de Araya en la Municipalidad de San José, y aseguró que allí mismo lo descartaron a él como imputado, y más bien le solicitaron que ayudara a identificar a los funcionarios que firmaron la cuestionada orden de compra.
Otro argumento de Araya es que él no poseía ningún cargo de importancia al momento de los hechos (2015-2016), pues ya no era alcalde, había perdido las elecciones presidenciales del 2014 y fue expulsado del Partido Liberación Nacional (PLN) por retirarse de esa campaña antes de la segunda ronda, y se preparaba para las elecciones municipales del 2016 con un partido cantonal.
Al concluir su intervención, Araya solicitó al Tribunal absolutoria por certeza, y se abstuvo de responder preguntas.
El juicio continuará este jueves a las 8 a. m., con declaraciones de Tatiana Vargas, jefa de prensa de la Fiscalía y de Gabriela Quirós, funcionaria en el Ministerio Público al momento de los hechos.