El extraditable Celso Gamboa, quién permanece detenido en celdas de alta contención en La Reforma, habría hecho gestiones para entregar, hace más de 9 años, “información falsa” sobre el exalcalde Johnny Araya a una periodista de La Nación. Así consta en la acusación presentada por la Fiscalía este martes, durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea, en el cual figuran como imputados Gamboa, Araya y la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla, por el presunto delito de tráfico de influencias.
El caso data de 2016, año en el que La Nación reveló que, de previo a las cercanas elecciones municipales, Johnny Araya, entonces candidato a alcalde de San José, al parecer, obtuvo un documento con ayuda de Celso Gamboa y Berenice Smith para demostrar que no tenía causas penales en su contra. En ese momento, el primero era fiscal adjunto y la segunda, fiscala adjunta de Probidad.
Posteriormente, Araya le entregó ese documento a la entonces periodista de La Nación, Mercedes Agüero, quien en ese entonces elaboraba un reportaje sobre los procesos judiciales que afrontaban los aspirantes a alcaldes.
Esos hechos se investigaron en el expediente N.° 17-000039-0033-PE y fueron elevados a juicio en el 2021, año en que se dictó la absolutoria por el principio in dubio pro reo, es decir, por duda. Sin embargo, en mayo del 2023, el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José anuló ese fallo y ordenó un nuevo juicio, al acoger parcialmente los reclamos del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Este martes, los tres imputados se reencontraron en los tribunales en un contexto distinto. Gamboa permanece aprehendido en La Reforma desde junio, luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo señalara por posible trafico internacional y el gobierno de los Estados Unidos solicitara su extradición.
La situación que afronta Gamboa obligó a las autoridades a extremar las medidas de seguridad, por lo que el juicio inició con un amplio despliegue policial y estrictas medidas de resguardo. El extraditable ingresó a los tribunales por el parqueo subterráneo y fue recluido en celdas, por lo que no se le vio fuera de la sala de juicio.
Al inicio del debate, tanto Gamboa como Smith solicitaron al Tribunal que ni su imagen, ni su voz pudieran ser divulgadas.
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Acusación de la Fiscalía
De acuerdo con el Ministerio Público, entre el 3 y 25 de noviembre de 2015, Mercedes Agüero, entonces periodista de La Nación, contactó a la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, para solicitarle información sobre las causas penales en las que figuraba el alcalde Johnny Araya Monge.
En apariencia, Vargas envió la consulta a todas las fiscalías del país y, como resultado, obtuvo que Araya figuraba como imputado en la causa 12-96-621-PE, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, junto con otras tres personas.
El documento, afirma el Ministerio Público, fue remitido por Vargas a la periodista de este medio.
Con la certificación en mano, la Fiscalía detalla que, entre el 25 de noviembre de 2015 y 4 de enero de 2016, Mercedes Agüero, como parte del reportaje periodístico, contactó a Araya y le informó que fungía como incriminado en la causa. Araya, en apariencia, habría negado dicha acusación.
Desde entonces, Gamboa y Smith, supuestamente, habrían realizado una serie de gestiones para favorecer al exalcalde y “lograr para él una ventaja indebida, que aprovechó a su favor”, señala la Fiscalía. En apariencia, Araya habría logrado obtener un oficio que certificaba que no figuraba como encartado en una causa penal y lo habría entregado a la periodista de este medio.
Celso en la causa
El Ministerio Público determinó que, entre el 25 de noviembre de 2015 y el 4 de enero de 2016, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en San José, Gamboa, “valiéndose de su puesto como subjefe del Ministerio Público”, increpó a Tatiana Vargas, entonces jefa de prensa de esa misma dependencia.
En apariencia, le habría cuestionado el motivo por el cuál había informado a La Nación que Araya figuraba como imputado en una causa, pues él (Celso) habría revisado el expediente y habría constatado que no existía nada que implicara al entonces candidato a la alcaldía josefina.
En ese mismo momento, detalla la Fiscalía, Gamboa, “aprovechándose de su cargo y procurando una ventaja indebida para Araya”, le ordenó al entonces asesor legal en la fiscalía general, Justo Pastor López Vargas, que se comunicara con Araya por teléfono y le indicara que debía enviar un oficio a Berenice Smith Bonilla solicitando una certificación en la que se aclarara que él no figuraba como imputado en la causa 12-96-621-PE.
Asimismo, de acuerdo con la Fiscalía, Gamboa habría girado una orden para que, una vez que tuviera ese documento en mano, lo enviara a La Nación.
Según detalla la acusación, en apariencia, Gamboa, en asocio con Berenice Smith, habrían influido en la fiscal auxiliar Natalia Rojas Méndez, para que, en su calidad de fiscal instructora del expediente 12-96-621-PE respondiera y firmara un oficio en respuesta a la nota presentada por Araya Monge.
Asimismo, la Fiscalía señala que Celso ejerció presiones a Rojas para que el oficio quedara listo ese mismo día, ya que él (Celso) había hablado con Araya y le había prometido una respuesta pronta.
Finalmente, el 6 de enero de 2016, “producto de la influencia ejercida por el acusado Gamboa Sánchez y la acusada Berenice Smith Bonilla”, supuestamente, la fiscal auxiliar Natalia Rojas emitió el oficio donde se precisaba que su nombre se encontraba en el sistema informático, por una causa fechada en el 2012, en la cual no hacía diferencia entre imputado y denunciado.
El 7 de enero de 2016, afirma el Ministerio Público, se eliminó del sistema informático de la Fiscalía de Probidad el registro de Johnny Araya como imputado en la causa.
La defensa
Natalia Gamboa, hermana de Celso, encargada de la defensa del caso, aseguró que Celso está “un poco aturdido por la situación que ha estado pasando”.
Ante los medios, al final el debate de este martes, Gamboa señaló que no comprende cuál es el tráfico de influencias, la ventaja indebida o la acción ilegal en la que habría incurrido el extraditable.
“Aquí lo que hizo el Ministerio Público fue criminalizar una constancia administrativa válida de una persona que había solicitado rectificar su información errónea, de ahí que eso se convirtió en un delito de tráfico de influencia de manera muy extraña”, manifestó.
“Lo que él hizo, lo hizo conforme a las circulares del Ministerio Público, conforme a las circulares de la Sala Constitucional y que cuando un usuario interpone una queja, está dentro del manual de puestos. No tiene que ser de forma escrita, puede ser de forma verbal, hasta telefónica y responderse de manera expedita”, agregó.
Gamboa explicó que, quienes conocieron a Celso antes de que tuviera “este problema”, saben que es una persona accesible para tramitar quejas, las cuales atendía de forma rápida.
Recursos
El debate estaba previsto para arrancar a las 8 a. m.; sin embargo, la defensa del extraditable solicitó que los jueces Rosaura García Aguilar y Franz Paniagua fueran apartados del caso, alegando que su objetividad estaba comprometida.
En la solicitud se alegó que los jueces suscribieron, en julio de 2018, un documento dirigido a la Asamblea Legislativa en el que se instaba a promover reformas legales para que ninguna votación sobre asuntos de interés público sea secreta, sino pública y con votación nominal.
Aunque dicho documento no hizo referencia directa a Gamboa Sánchez, la defensa sostiene que su contenido estuvo vinculado con decisiones derivadas de hechos atribuidos a este, cuando era magistrado.
Como segundo argumento, la defensa cuestionó que la jueza García Aguilar participó activamente en la página digital de la Maestría de la Facultad de Derecho, donde habría emitido mensajes críticos hacia los imputados en este caso.
Aunque los jueces no hayan firmado directamente los pronunciamientos académicos, su pertenencia a esa instancia los colocaba, según la defensa, en una situación de alineamiento institucional, y eso comprometería su objetividad en el proceso.
Dicha gestión fue atendida por los jueces Alfredo Arias, Mercedes Muñoz y Melissa García. Tras una hora de deliberación, ese Tribunal rechazó la solicitud de apartar a los jueces Rosaura García y Franz Paniagua, al considerar que el escrito que suscribieron los jueces, en julio de 2018, no cuestionaba directamente a Gamboa. Asimismo, tampoco consideraron que su objetividad esté comprometida.
El Tribunal otorgó a Celso Gamboa, a partir del miércoles, un espacio de una hora para revisar el expediente con sus abogados, pues alegan que no se les ha proporcionado el espacio adecuado para revisar el caso.
El juicio se reanudará el miércoles 23 de julio, a las 10 de la mañana con la declaración de Johnny Araya. Celso, por otra parte, declarará en los próximos días, una vez que haya revisado el expediente, afirmó su abogada.