EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a una funcionaria de apellidos Vargas Moya, adscrita a la Oficina de la Defensa Pública Civil de la Víctima del Poder Judicial, por no advertir que el exministro Mauricio Batalla Otárola contaba con inmunidad mientras se tramitaba una causa en su contra por tres presuntos delitos de abuso sexual.
El anuncio sobre esta investigación fue dado a conocer por el medio CRHoy, y el Ministerio Público confirmó a La Nación que la Fiscalía indaga actualmente un presunto delito de violación de fueros, bajo la causa 25-000033-1218-PE.
Batalla renunció a finales de marzo a la política horas antes de que se diera a conocer que, en noviembre del 2024, cuando aún estaba en el gobierno, le pagó ¢3 millones a una mujer para que solicitara archivar un expediente judicial en su contra por tres presuntos abusos sexuales.
La causa contra el exjerarca se abrió en julio del 2023. Un mes después, fue nombrado director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por el presidente Rodrigo Chaves y, en marzo del 2024, asumió como ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Aunque el Ministerio Público solicitó elevar el caso a juicio, la ofendida pidió su archivo en noviembre del 2024 tras alcanzar un acuerdo confidencial con Batalla, en el que recibió el pago mencionado. Como resultado, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo.
Según informó CRHoy, Vargas Moya fue la responsable de tramitar la acción civil resarcitoria a favor de la mujer que denunció a Batalla. No obstante, durante el desarrollo del proceso, habría omitido informar a las autoridades judiciales de que el denunciado contaba con un fuero de protección en virtud de su cargo como jerarca del MOPT.
Al asumir dicho cargo, y conforme al artículo 121 de la Constitución Política, Batalla adquirió inmunidad penal, una figura que cubre a los integrantes de los supremos poderes, en este caso, del Ejecutivo.
Lo anterior implicaba que no se podía continuar con el proceso penal ni presentar una acusación formal ante los tribunales sin una autorización previa de la Asamblea Legislativa. Para ello, debía remitirse primero una solicitud de autorización a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual debía valorar si existían fundamentos jurídicos para procesarlo.
De ser así, debía enviar el expediente al Congreso para que decidiera si levantaba o no dicha inmunidad.
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Funcionaria, al parecer, no pidió modificar trámite
El medio digital CRHoy indicó que el expediente del caso Batalla incluye un oficio que acredita el apersonamiento de Vargas como la funcionaria designada para asumir la acción civil resarcitoria de la ofendida desde el 21 de agosto del 2023, por lo que conocía los pormenores del proceso desde un año antes del nombramiento de Batalla en el MOPT.
Sin embargo, una vez que el exjerarca asumió el cargo, Vargas, al parecer, no solicitó ajustes en el trámite que consideraran su inmunidad ni habría advertido sobre esta condición al momento de la convocatoria para decidir si el caso se elevaba a juicio, el 11 de noviembre del 2024.
La Fiscalía confirmó al medio, además, que a nivel administrativo, en la Inspección Judicial, no existe ningún expediente abierto en contra de la funcionaria por esta omisión.
