El expediente judicial del Caso Riverside detalla las funciones que, según la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y la Unidad de Investigación de Asuntos por Crimen Organizado de Limón, desempeñaba cada uno de los principales imputados dentro de la presunta organización criminal liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho Rata”.
En el caso de una joven de apellidos Smith De La O, de 29 años, esposa de López Vega, el expediente la señala como coautora y una de las personas de mayor confianza del supuesto líder de la organización. “A su cargo (tenía) el manejo de activos y facilitación financiera vinculada al liderazgo de Edwin López Vega”, dice el expediente, además de administrar cuentas asociadas al sistema SINPE móvil.
Según la orden de allanamiento del Caso Riverside, de la cual La Nación tiene copia, a la imputada se le atribuyen funciones relacionadas con “depósitos y manejo de dinero en efectivo (resguardo, traslado o administración de fondos)”, debido a la cercanía y confianza que mantenía con López Vega.
Los investigadores también afirman que actuaba como “receptora y administradora de recursos asociados a Edwin López”, convirtiéndose en “una colaboradora estratégica para sostener el patrimonio y la operatividad económica del líder del grupo criminal”, mediante la administración del dinero que, presuntamente, generaba la organización.
Oficiales penitenciarios mensajeros
Respecto a dos oficiales penitenciarios de apellidos Sojo Hernández y León García, el expediente les atribuye haber aprovechado esa condición para facilitar la comunicación entre López Vega y el resto de la organización mientras este permanecía en detención provisional para ser extraditado.
La investigación sostiene que ambos “facilitaron la comunicación entre López Vega y distintos miembros de la estructura criminal que operaban en libertad”. De acuerdo con el documento, desempeñaban funciones de “intermediación y transmisión de instrucciones dirigidas a los integrantes de la organización”, además de colaborar “permitiendo la circulación de mensajes y directrices operativas emitidas por Edwin López Vega desde su lugar de reclusión”.
El expediente añade que esa presunta colaboración permitió “mantener la continuidad operativa de la estructura criminal, facilitando la coordinación de actividades ilícitas desde el interior del centro penal”.
Modelo en Suiza
Sobre una modelo identificada como Mullins Abegglen, quien según Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estaría en Suiza, junto a la esposa de López Vega, el expediente afirma que presuntamente actuaba como testaferro de la organización.
La investigación sostiene que era “una persona de confianza, cercana al núcleo familiar de Edwin López Vega” y que mantenía vínculos con integrantes del entorno inmediato del supuesto líder.
Según consta en el Registro Civil, Mullins es madre de una niña que procreó con un hombre de apellidos Vaz McLoud, presunto hijo no reconocido de Pecho de Rata, quien permanece en fuga.
Las autoridades atribuyen a la modelo labores relacionadas con la administración y resguardo de bienes de alto valor económico, manteniendo a su nombre distintos activos. Desde ese rol, presuntamente, logró “colocar y resguardar los bienes provenientes de las actividades ilícitas desarrolladas por la estructura liderada por Edwin López Vega, con el fin de legitimar dichos bienes”, generando además un “crecimiento patrimonial exponencial” para el grupo.
La Señora de los Perros
En cuanto a una mujer Guzmán Arce, alias la Señora de los Perros, la investigación la identifica como una de las líderes de otra estructura criminal que mantenía una relación directa con la organización de López Vega.
El expediente afirma que tenía como función “importar, almacenar, suministrar, distribuir y vender sustancias psicotrópicas”, principalmente cocaína y marihuana, en cantidades significativas dentro de la Gran Área Metropolitana. Asimismo, sostiene que mantenía “armas de fuego y explosivos dentro de su organización”.
La investigación agrega que, mediante su vínculo directo con López Vega, fungía como “importadora y distribuidora de sustancias ilícitas para diversas organizaciones criminales que operaban en distintos puntos del territorio nacional”.
De un sujeto apellidado Hernández Rivas, alias Rolex, el legajo describe que era “uno de los mandos medios de mayor relevancia dentro de la estructura criminal”.
Las autoridades le atribuyen el almacenamiento, resguardo y distribución de droga mediante infraestructura propia, consolidándose como uno de los principales operadores de distribución en la Gran Área Metropolitana.
Además, la investigación sostiene que fungía como testaferro mediante la constitución de sociedades mercantiles y negocios aparentemente legales. Según el expediente, ese esquema tenía como finalidad “ocultar y transformar los recursos generados por las actividades ilícitas mediante la adquisición de bienes de alto valor económico, la creación de empresas y la puesta en marcha de actividades comerciales aparentemente legales”, constituyendo un mecanismo de legitimación de capitales.
Envíos desde Estados Unidos
El documento judicial incluye a un hombre de apellidos Mayorga Arias, a quien señala como responsable de la producción, abastecimiento y envío de marihuana desde Estados Unidos hacia Costa Rica.
De acuerdo con la pesquisa, Mayorga producía marihuana y posteriormente la enviaba “mediante el uso de empresas de mensajería tipo courier”, aprovechando su residencia en ese país.
El legajo indica que el sospechoso coordinaba los envíos con su pareja sentimental, Weir Jiménez, y con su cuñada, de los mismos apellidos, con lo cual conformaban un esquema destinado a abastecer organizaciones criminales del Caribe Sur y la Gran Área Metropolitana.
Los hijos de Pecho de Rata
En el caso de Jonedzel López Tyndall, exjugador de fútbol, e hijo del extraditado Pecho de Rata, la investigación sostiene que ejercía funciones de coliderazgo dentro de la estructura. Al imputado se le identifica como “uno de los integrantes de mayor jerarquía dentro de la red delictiva” y afirma que administraba diversos negocios utilizados como fachada, entre ellos actividades con maquinaria, transporte, ganadería, alquileres e industrias.
Asimismo, a López Tyndall la fiscalía le atribuye el manejo de recursos financieros y el control de ingresos provenientes tanto de actividades comerciales como ilícitas. Según el documento, su participación fue “fundamental en la estrategia implementada por el grupo criminal para la colocación, administración y legitimación de capitales provenientes de las actividades ilícitas”.
Respecto de una joven López Tyndall, alias Kiky, hija del extraditado, el expediente sostiene que tuvo “una intervención activa e importante”, derivada tanto de la confianza depositada en ella como de su vínculo familiar. Las autoridades afirman que participaba en la administración, coordinación y adquisición de bienes de alto valor económico provenientes del narcotráfico.
A la sospechosa también le atribuyen la administración de vehículos mediante testaferros, permitiendo que integrantes de la organización conservaran el control y disfrute de esos bienes sin aparecer como propietarios.
Según el expediente, además intervino en el manejo de recursos económicos y en la adquisición de activos incorporados posteriormente a negocios utilizados como fachada, con el propósito de “generar un flujo constante de ingresos aparentemente legítimos”, mezclando dinero de actividades legales con recursos provenientes del narcotráfico.
Lenguaje cifrado
El expediente también dedica un segmento a explicar el significado del lenguaje cifrado que “los encartados utilizaron para referirse a las cantidades y tipo de droga”, con el propósito de ocultar las operaciones relacionadas con los alijos de estupefacientes.
Las autoridades concluyen que mediante ese lenguaje llevaban la contabilidad, transporte, almacenamiento, dosificación, distribución y venta de la droga. Por ejemplo, “galeta” hacía referencia al almacenamiento de droga, “piezas de repuesto”, “tornillos” y “camisas” eran utilizados para referirse a droga.
La letra “Z” significaba una onza de marihuana y “Media” correspondía a media onza. Para identificar distintas variedades de marihuana, los sospechosos empleaban expresiones como “La Verde”, “Gripo”, “Gelato”, “Larry Bird”, “Florecita”, “G”, “La rica”, “Mechilla”, “Purple”, “Moradita”, “Iluminati” y “007”.
Asimismo, “L” equivalía a una libra de marihuana. En el caso de la cocaína, el expediente indica que palabras como “pejibayes”, “blanco”, “cosillo”, “enyucados” y “gramillos” eran utilizadas para hacer referencia a esa sustancia ilícita.
La expresión “la dura” identificaba la cocaína base crack, mientras que “lo verde y lo suave” hacía referencia a marihuana y clorhidrato de cocaína.
Los investigadores también determinaron que “sacos de…” era una forma de referirse a paquetes embalados con droga, mientras que “chuletas verdes” significaba marihuana.
En cuanto al armamento, “fierro” correspondía a armas de fuego; “monstruas” hacía referencia a armas de grueso calibre; y las expresiones “largas”, “R”, “Galil” y “cortas” eran utilizadas para identificar rifles de asalto, escopetas o pistolas.
El expediente indica que frases como “ruletear”, “muñecos se mecen” y “satélites breten” eran empleadas para referirse a labores de vigilancia y contravigilancia, mientras que “colombiana” identificaba la marihuana tipo cripy y “chispas de oro” era el término utilizado para hablar de municiones.