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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga a una reconocida modelo y reina de belleza de Costa Rica bajo la sospecha de que habría funcionado como testaferro en la estructura criminal liderada por Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.
La mujer, de apellido Mullins y de 29 años, tiene un hijo con un hombre de apellidos Vaz McLeod. Según Michael Soto, director interino del OIJ, McLeod es hijo de López Vega y se encuentra en fuga.
El nombre de la reina de belleza trascendió este martes 23 de junio en la orden de allanamiento del Caso Riverside, operativo que se realizó en varios sectores del país. Esta es una investigación dirigida contra la estructura que, según el Ministerio Público y el OIJ, continuó operando tras la extradición de Pecho de Rata.
La orden de allanamiento dice sobre Mullins: “Como coautora, labora dentro de la organización criminal como testaferro, esto al ser una persona de confianza, cercana al núcleo familiar de López Vega y al mantener vínculos personales con integrantes de su entorno inmediato”.
“Se dedica a la administración, resguardo de bienes y activos de alto valor económico, manteniendo como titular o tenedora distintos activos de gran valor patrimonial, generando para el grupo criminal un crecimiento patrimonial exponencial, logrando desde su rol como testaferro colocar y resguardar los bienes provenientes de las actividades ilícitas desarrolladas por la estructura liderada por López Vega, con el fin de legitimar dichos bienes”, sigue el documento.
Soto señaló a los medios de comunicación que está pendiente la localización de la pareja sentimental de López Vega, quien se encuentra en Suiza. Según explicó, la mujer viajaba junto a otra de apellido Mullins, quien se dedica al modelaje profesional.
“Vamos a hacer las coordinaciones internacionales correspondientes”, añadió Soto.
En el operativo participaron cerca de 1.500 funcionarios judiciales y policiales.
La operación, dirigida por la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y el OIJ, contempló 97 allanamientos en 141 estructuras ubicadas en Limón, Heredia, Cartago, Alajuela y Turrialba, así como intervenciones en los centros penitenciarios La Reforma y La Leticia.
