Un exdirector ejecutivo del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUPT) fue condenado a siete años de prisión por utilizar su cargo para conseguir créditos estudiantiles para sí mismo y favorecer a varios familiares.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó este lunes que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó la sentencia contra un hombre de apellidos Araya Madrigal, por los delitos de peculado y legislación en provecho propio.
Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008, cuando el sentenciado estaba a cargo de la dirección ejecutiva de esa institución, creada para mejorar las oportunidades de empleo y reducir la pobreza en comunidades de Puntarenas mediante becas y préstamos para estudios universitarios, técnicos y de posgrado.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Araya emitió dos reglamentos a la ley que creó el fondo.
Esas disposiciones incorporaron condiciones que permitieron que personas ajenas a los sectores de escasos recursos pudieran acceder a los créditos estudiantiles.
Luego, Araya Madrigal utilizó esas mismas disposiciones para solicitar un préstamo destinado a financiar sus propios estudios, pese a que no cumplía los requisitos para recibir el beneficio.
La solicitud fue presentada ante integrantes del Consejo Directivo, responsables de administrar conjuntamente los fondos públicos de la institución, quienes aprobaron el financiamiento.
Créditos para hija, hermano y sobrino
La investigación acreditó que Araya propuso ante el Consejo Directivo de FAESUPT los nombres de su hija y su hermano para que recibieran préstamos del programa.
Como resultado, ambos obtuvieron créditos por ¢3.894.000 y ¢2.085.750, respectivamente. En conjunto, los financiamientos sumaron ¢5.979.750.
Además, el exdirector utilizó su participación en un Consejo Asesor Académico y Técnico para favorecer a otro familiar.
Ese órgano había sido creado por el Consejo Directivo para revisar las solicitudes de préstamo y recomendar si debían aprobarse o rechazarse. Araya fue designado como uno de sus integrantes.
En una de las sesiones, el Consejo Asesor conoció la solicitud de un sobrino del funcionario. Pese a conocer el vínculo familiar, Araya participó en el análisis y votó a favor de aprobar y recomendar el financiamiento.
El juicio concluyó a finales de octubre en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, según informó el Ministerio Público.
La Fiscalía también indicó que, antes de la realización del debate, otros integrantes del Consejo Directivo se sometieron a una medida alterna denominada suspensión del proceso a prueba.
