El deslizamiento en el Parque Nacional Juan Castro Blanco se detectó el 15 de julio en la subcuenca del río Aguas Zarcas. De forma inusitada más de 70 hectáreas empezaron a desplazarse y generaron alrededor de 40 avalanchas a lo largo del río, que afectaron casas, fincas y comercios en los distritos de Aguas Zarcas, La Palmera y Cutris.

En consecuencia, el Ministerio de Salud emitió 23 órdenes sanitarias de desalojo, 11 de ellas en la orilla del río que colinda con Aguas Zarcas y las restantes en la otra orilla, perteneciente al distrito de La Palmera. En esos documentos se establece un plazo de cinco días para abandonar las viviendas, con énfasis en la importancia de salvaguardar la integridad física de las personas.

Sin embargo, solo los habitantes que estaban muy cerca de la orilla del cauce evacuaron. El resto siguen en la zona confiados en que nuevos informes de la CNE y otro que ellos están gestionando pudiesen modificar las áreas catalogadas de mayor riesgo y así permitir que algunas casas y locales sigan en pie.

El análisis del más reciente informe de la CNE se realizó el pasado 27 de octubre en una reunión entre el Concejo Municipal de San Carlos y los afectados, pero pero al igual que en una primera sesión, la alcaldesa Karol Salas estuvo ausente y al final de ese encuentro no se tomó ninguna decisión. No obstante, las recomendaciones de la Comisión no variaron.

Nicole Mora, cuya vivienda se encuentra en el límite de la zona más peligrosa, a 200 metros del río Aguas Zarcas, es una de las más preocupadas, pues no sabe qué hacer con su casa en construcción, en la que había invertido todos sus ahorros.

Por lo pronto, desde que el Ministerio de Salud emitió la orden de desalojo, ella y su esposo, Aarón Vargas Barquero, decidieron suspender las obras, pero siguen viviendo en la zona al considerar que no enfrentan el mismo riesgo que las familias que vivían a la orilla del río.

“Es cansado por el hecho de que no sabemos qué va a pasar. En la finca no se puede segregar, remodelar, vender, nada se puede hacer, esperamos que quede sin vigencia la orden de desalojo que nos entregaron”, dijo.

El 18 de setiembre, el municipio se comprometió a suspender las órdenes de demolición de estructuras en espera de nuevos informes e investigaciones sobre el riesgo, pero desde entonces, la incertidumbre impera entre los vecinos.

Aarón Vargas Barquero, de 25 años, alega que existe poca claridad acerca de los límites de la zona de alto riesgo. Reconoce que aún existen peligros, pero argumenta que, más allá de los desalojos, es necesario instruir a la población sobre cómo convivir con la amenaza. Para este propósito, subraya la importancia de todos los sistemas de alerta implementados, así como la restauración de los diques.

Afirma que reside con su esposa en la misma propiedad que viven otros hermanos y sus padres. Todos dependen de su finca de 10 hectáreas para subsistir, donde crían ganado y cultivan yuca y maíz desde hace muchos años. No tienen otro lugar a dónde irse.

Más estudios

Allan Astorga, geólogo con estudios previos en la zona del deslizamiento, sostuvo ante el Concejo Municipal que no existe un fundamento metodológico que explique los criterios que llevaron a la definición de la zonificación actual.

Añade que es necesario llevar a cabo un trabajo de campo, que incluye diversos estudios con la interpretación de imágenes satelitales y datos de geomorfología para respaldar una zonificación definitiva. Le preocupa que, con un análisis preliminar realizado por la CNE con motivo de la emergencia, se puedan ordenar desalojos y demoliciones.

En la actualidad, los vecinos de Aguas Zarcas se están organizando para llevar a cabo un estudio más exhaustivo que tiene un costo de alrededor de ¢12 millones, con el propósito de determinar claramente las zonas en las que es necesario realizar desalojos. Por su parte, la CNE llevará a cabo un estudio hidrológico e hidráulico para fundamentar de manera más sólida los niveles de riesgo en cada región.

Astorga recordó que la legislación actual en materia de emergencias establece que solo se pueden desalojar personas en caso de peligro inminente, lo cual no se ha determinado en ninguno de los informes de la CNE, donde solamente se menciona el alto riesgo. Destacó que en nuestro país, el 40% de la población de la Gran Área Metropolitana vive en zonas de alto o muy alto riesgo debido a amenazas naturales como deslizamientos e inundaciones, entre otras.

Por lo pronto, familias con orden de desalojo ya fueron visitadas por personal del Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Vivienda, con el fin de determinar si cumplen con los requisitos para recibir asistencia estatal, en caso de que se encuentren en situación de pobreza, confirmó la alcaldesa, Karol Salas.

Solo para el agro

La alcaldesa sostiene que los informes de la CNE instan a las familias a no permanecer en el área de mayor riesgo. Sin embargo, en el más reciente estudio, del 23 de octubre, hay una flexibilización, pues pasó de una prohibición total a permitir el desarrollo de ciertas actividades agrícolas o ganaderas en estricto apego a determinadas pautas.

“En la zona de alta amenaza, para aquellas fincas en las que se desarrollan actualmente actividades tales como ganadería, porqueriza, tilapias y construcciones (galerones, corrales, plantas de aguas residuales) y reguladas por el MAG, SENASA antes de la emergencia, se mantiene su uso”, dice el informe.

Respecto a la idea de que su terreno solo quede autorizado para la explotación agrícola y buscar casa en otro lugar, Aarón Vargas alega que la inseguridad en el país es tan alta que temen que les roben y destacen al ganado en poco tiempo.

Además, considera contradictorio que se autoricen actividades agrícolas en zonas de alto riesgo, pues en las actuales condiciones no pueden pedir préstamos, ya que antes usaban la propiedad como garantía, pero los bancos ya no la aceptan debido al riesgo.

Vargas alega que en julio el barro de las avalanchas solo invadió una parte muy pequeña de su propiedad porque en ese momento no existía el dique de seis metros, el cual la municipalidad ya reconstruyó, proporcionando protección en los aguaceros intensos de los últimos días. Agrega que en la finca tienen una loma desde la cual pueden observar el comportamiento del río y una ruta de evacuación a tan solo 50 metros en caso de una emergencia.

Cuestiona el hecho de que las autoridades argumenten que estas medidas son para proteger sus vidas, cuando en julio nadie les advirtió a tiempo sobre las avalanchas y sus vidas corrieron riesgo. Por su cuenta, trasladaron a los animales a la finca de un vecino y tomaron medidas preventivas para resguardarse.

Otros reclamos

La clasificación en alto riesgo también ha impactado negativamente a otros vecinos. Uno de ellos, de apellido Paniagua, tenía bodegas alquiladas y perdió a sus inquilinos debido a la zonificación, lo que resultó en la pérdida de ingresos mensuales. Otro lugareño, quien alquilaba cinco apartamentos en la zona y padece de problemas cardíacos, también perdió a todos sus inquilinos, a pesar de que el río no llegó a tocar esas propiedades.

Otros agricultores que se encuentran en zonas más alejadas también experimentan problemas a la hora de buscar créditos y enfrentan dificultades con las pólizas de seguro para sus cultivos, incluso en la parte cercana a la iglesia de Aguas Zarcas.

Esteban Valenciano, propietario de una granja de cerdos en La Palmera, afirma que se está afectando distritos muy productivos de San Carlos. Más allá de los daños causados por las avalanchas, se refiere a los daños del desalojo, según él, sin un plan de acción correctivo ni una solución viable.

Valenciano recuerda que en Aguas Zarcas existen numerosas unidades productivas que albergan fábricas de queso, lecherías, granjas de cerdos y avícolas, así como explotaciones ganaderas, todas de gran relevancia para la economía del cantón. Estas representan cientos de hectáreas de terreno, por lo que insiste en la necesidad de contar con soluciones claras.

La alcaldesa Karol Salas no se refirió a los reclamos de los vecinos, solo agregó que la municipalidad continúa inspeccionando las propiedades ubicadas en las orillas de los ríos Aguas Zarcas y Kopper para detectar incumplimientos de los permisos de construcción, los cuales quedaron eliminados en la zona de mayor riesgo. Hasta el momento, se identificaron más de 35 propiedades en esa condición.

Según la funcionaria, el plan de respuesta a la emergencia sigue en marcha, incluyendo el sistema de alerta temprana para notificar cambios en el comportamiento del río. El municipio está tramitando un presupuesto extraordinario para adquirir una segunda sirena de alerta vecinal. Asimismo las capacitaciones y simulacros seguirán siendo prioritarios mientras persista el alto riesgo.

Desde setiembre la población cuenta con un enlace de acceso en tiempo real a la estación meteorológica ubicada en la cima, lo que les permite conocer los niveles de precipitación. Se mantiene una vigilancia constante mediante cámaras, radios, sirenas y la observación diaria de los residentes que se comunican entre sí por medio de WhatsApp.