La violencia en Limón no se detiene. Entre la noche del jueves y la tarde del viernes tres hombres fueron acribillados a balazos en hechos independientes, posiblemente asociados a crimen organizado o narcotráfico.
El drama llegó al punto de que dos niños, uno de 8 y otro de 5, no solo presenciaron cómo mataban a balazos a su papá, de 39 años, sino que ellos dos resultaron heridos y debieron ser internados en el Hospital Tony Facio.
Con los tres crímenes en menos de 24 horas, esa provincia del Caribe alcanzó 142 asesinatos en lo que va del año, cuatro más con respecto a la provincia de San José, la más populosa del país.
Lo grave es que Limón tiene apenas 470.000 habitantes. Eso significa una tasa de homicidios de 33 por cada 100.000 habitantes, frente a la tasa nacional de 12,6 por cada 100.000 habitantes. San José, en tanto, tiene 1.600.000 habitantes y registra 138 asesinatos.
Los muertos se acumulan debido principalmente a las disputas por territorios para la venta de drogas, los ajustes de cuentas y las venganzas, según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Cuando faltan cuatro meses para que termine el año, es posible que la provincia supere los 153 homicidios que reportó en el 2022, el año más mortífero en su historia.
De los 559 homicidios registrados en lo que va del año en las siete provincias, Limón es la de mayor incidencia con 25%. Le sigue San José con 24%.
La presión en Limón la ejerce, fundamentalmente, la cifra de asesinatos en el cantón central: en este 2023 lleva 64, frente a los 46 del mismo periodo del año pasado, un crecimiento del 39%. Le siguen Matina con 27, Siquirres con 19 y Pococí con 16.
Limón y San José, con 50% de casos
FUENTE: OIJ || Infografía / LA NACIÓN.
Y lo cierto es que a los delincuentes ni siquiera les importa que desde el 23 de mayo el nuevo ministro de Seguridad, Mario Zamora, reforzó la presencia policial en la provincia, con acompañamiento de la Fiscalía y el OIJ, para tratar de frenar el derramamiento de sangre.
Los números demuestran que el esfuerzo es insuficiente. En junio del año pasado hubo 14 asesinatos en la provincia frente a 17 a junio del 2023. La relación en julio fue de 13 a 14, siempre al alza; y en lo que va de agosto, la relación es de 12 a 13. Es decir, más policías no resultaron en menos muertes.
El incidente más reciente tuvo lugar a la 1:20 p. m. de este viernes en Villa del Mar II. En este suceso, Mario Alberto Bravo Rodríguez, de 39 años, perdió la vida debido a múltiples disparos. Dos de sus hijos, de 8 y 5 años, que le acompañaban, sobrevivieron al ataque, pero quedaron hospitalizados con heridas leves y se encuentran estables.
Tres atacantes se bajaron de un carro oscuro y se atravesaron al paso del Hyundai en el que viajaba Bravo con sus dos hijos. Le dispararon en más de 30 ocasiones. Según los datos del Poder Judicial, sobre Bravo pesaba una condena de 12 años por narcotráfico; sin embargo, se desconoce porqué se encontraba en libertad al momento de ser asesinado.
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Cuatro horas antes, a las 9 a. m., fue asesinado el joven Sevenup Bernal Bell Jiménez en la entrada al barrio El Bosque. La víctima, de 18 años, fue alcanzada por múltiples disparos de un fusil de asalto AK-47. Toto, como era conocido, era vecino del lugar, estudiante y sobrino de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca y quien es investigado, entre otros delitos, por usurpación.
La Policía no descarta que exista relación entre estos dos asesinatos.
Por último, la noche del jueves, a las 10 p. m., se registró otra balacera donde falleció un hombre de apellidos Vivas Venegas. Él conducía un vehículo y fue interceptado por motociclistas cerca del campo ferial de Limón.
La suma de múltiples factores
El desempleo, la deserción escolar, y la falta de espacios de recreación favorecen la penetración del narcotráfico en zonas costeras y deprimidas como Limón. Aunado a esto, los delincuentes locales asumieron patrones de criminalidad de otros países, con ataques a plena luz del día, con armas de grueso calibre y sin importarles la presencia de víctimas inocentes.
En Limón es frecuente que los homicidas se desplacen en motos de bajo cilindraje, pero con armas pesadas, un fenómeno que se repite en todo el país, explicó el criminólogo y exagente del OIJ, Gerardo Castaing.
El catedrático lamentó que niños y jóvenes estén expuestos constantemente a celulares y redes sociales donde pueden copiar estos comportamientos, en videos, cortos animados o canciones con contenido violento y sin censura.
Castaing consideró que la presencia de la Policía Administrativa es positiva, pero insuficiente. No solo por la falta de recursos económicos, sino por el alcance de sus acciones. A modo de ejemplo, explicó que en un operativo los agentes pueden entrar a una comunidad, pero sin una orden de allanamiento no podrán ingresar a las casas y para los delincuentes será muy fácil esconder drogas o armamento.
Además, cree necesario una participación más fuerte de entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, para proteger a la niñez expuesta al narco y la violencia y sacarla de ese mundo, pues muchas de las víctimas de los homicidios son jóvenes que incluso no completaron el ciclo diversificado.
El ministro Mario Zamora reconoció que las cifras continúan por encima de los valores del año pasado y por eso considera urgente tener más policías y patrullas y continuar el trabajo de desconexión de las bandas locales con respecto a clanes internacionales.
Desde principios de este año, criminólogos, abogados y exministros abogan por devolverle al Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fondos provenientes de gravámenes como: el impuesto a las cajas de banano (ley 7313) y el impuesto a los casinos (ley 9050). Dichos fondos entran a Caja única del Estado y no siempre llegan a las instituciones de destino.