EscucharLa bodega del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) en La Uruca, donde se almacenan costosos vehículos, motos, lanchas, electrodomésticos y joyas decomisadas al narco y al crimen organizado, solo era vigilada por un guardia de seguridad privada este domingo por la noche, cuando sujetos armados entraron a robar dos automóviles, dos motos y otros bienes.
Entre lo robado están dos vehículos BMW incautados en la investigación del caso Turesky, valorados en más de ¢110 millones. También dos motos Honda y BMW con un costo total de ¢12 millones y que estaban bajo custodia en el caso Sevilla.
Fuentes cercanas al caso informaron que el robo se produjo alrededor de las 8 p. m., y los ladrones permanecieron en el lugar durante casi dos horas. Durante ese tiempo, inmovilizaron al único vigilante, probaron las llaves de los vehículos para determinar cuáles funcionaban y, finalmente, arrastraron una caja fuerte de aproximadamente 200 kilogramos antes de llevársela. A pesar de la presencia de un sistema de circuito cerrado de vigilancia, no se generó ninguna alerta que advirtiera sobre la situación inusual.
Fernando Ramírez, director del Instituto, detalló que el guarda declaró que los implicados, 10 aproximadamente, entraron por el techo con escopetas y armas 9 mm. No obstante, tras las primeras pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se pudo constatar que alguien pegó cinta adhesiva u otro material en el llavín de la puerta de emergencia para impedir que cerrara correctamente y por ahí habrían ingresado.
Agregó que fue descartada la línea de investigación que sugería que delincuentes asociados a los casos narco intentaran recuperar parte de sus bienes. Por el contrario, dijo que se sospecha de una estructura que roba vehículos en almacenes. Por eso recordó la sustracción de 12 vehículos de un predio del Banco Nacional, en Coyol de Alajuela, en abril pasado y los autos robados en un plantel de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en octubre del 2022.
Además, aunque los ladrones quisieron llevarse las grabaciones del circuito cerrado de vigilancia, dejaron un computador donde se almacena un respaldo de las imágenes, que ya está en poder del OIJ.
El director hizo la salvedad de que en la bodega no había bienes de interés procesal, como celulares, tabletas o dispositivos USB, sino aquellos bienes con interés económico.
Sin presupuesto para más vigilancia
Fernando Ramírez aseguró que, constantemente, están realizando análisis sobre la seguridad de sus instalaciones. En el caso de la bodega en La Uruca, dijo que desde hace tres años se han implementado mejoras, entre ellas en el techo, los bajantes y la malla perimetral.
En esos análisis se consideró que la vigilancia con un solo custodio era suficiente, pero después del incidente del domingo, cuentan con la colaboración de dos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.
El jerarca reconoció que la institución no tiene presupuesto para contratar más vigilancia. Explicó que, al ser un ente adscrito al Ministerio de la Presidencia, son ellos los que determinan el monto anual que se puede ejecutar. “No tenemos presupuesto para vigilancia adicional”, enfatizó.
La Nación remitió consultas al Ministerio de la Presidencia, entre ellas sobre el presupuesto para la seguridad de bodegas donde se custodian millones decomisados al narco, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
El abogado penalista Federico Campos explicó que en los procesos penales se decomisan bienes de forma preventiva para que se determine luego en una sentencia si esos bienes se utilizaron o no en la ejecución de un delito; o, si estos fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de un hecho delictivo, ante lo cual se comisan o pasan a ser propiedad del Estado.
“Mientras se llega a esa verificación muchos de estos son resguardados o dados en depósito provisional. Se supone que la custodia de estos bienes es bajo resguardo seguro. Cuando se llega a una sentencia en el proceso judicial se puede ordenar el comiso de los bienes si se comprueba el vinculo delictual mencionado; pero muchos otros bienes en relación con los cuales no se pudo demostrar tengan la relación con un delito, se devuelven a sus propietarios.
“En el caso del robo al ICD, si se ordenara en una sentencia la devolución a sus dueños de algunos de los bienes que fueron robados porque no tienen vínculo alguno con delitos, y estos nunca se recuperaron, entonces el Estado debe indemnizar a dichas personas por el valor de los mismos”.
Al respecto, Ramírez aseguró que tanto el ICD como la empresa de seguridad privada cuentan con seguros para responder ante una eventual pérdida.
Colaboró en esta información Yiren Altamirano.
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