El incremento en el uso de armas de fuego para perpetrar asesinatos en Costa Rica ha venido aumentando con el paso de los años. Mientras en el 2022 fallecieron 473 personas a causa de disparos, el (72% de los 657 homicidios), en el 2023 esa cifra se elevó a 729 de los 907 homicidios dolosos.
Eso significa que en el último año más del 80% de los homicidios se cometieron utilizando este método, la mayoría de las veces en ajustes de cuentas entre bandas criminales. Estos grupos prefieren emplear armas de fuego debido a la certeza casi garantizada de alcanzar su objetivo y a la rapidez en la ejecución, lo que les permite escapar del lugar de inmediato.
Según un estudio realizado por la Universidad Hispanoamericana (UH), divulgado este martes, si nos remontamos a una década atrás, en el 2013 las armas de fuego se emplearon en en el 66% de los 411 homicidios perpetrados ese año, una cifra muy inferior al uso de pistolas, fusiles, revólveres y escopetas que fueron usados en el 2023.
Ronald Evans, coordinador del informe, resaltó que en el último quinquenio se pasó de 382 muertes por disparos en un año, a 729 en un periodo de 12 meses, lo que representa un alarmante aumento del 90,8%.
Los datos sobre homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que esta tendencia sigue, ya que en lo que va del 2024 se han registrado 80 homicidios, de los cuales 64 fueron perpetrados con armas de fuego, los más recientes ocurrieron en Chomes de Puntarenas la noche del lunes 5 de febrero, donde un hombre de apellido Bermúdez falleció de un balazo en la cabeza y este martes 6 de febrero en San Ramón, donde motorizados balearon al conductor de un vehículo.
Para Gustavo Mata, exministro de Seguridad, la gran cantidad de cocaína que circula por nuestro territorio se ha convertido en una moneda de cambio para pagar el armamento militar de alto poder que usan los grupos criminales, como fusiles AR-15, M-16 y AK-47, así como granadas de fragmentación.
“Esos grupos organizados vienen del triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) y aquí nosotros les brindamos cocaína y nos pagan con las armas que vemos constantemente en los homicidios que de día y de noche ocurren en el país“, dijo.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, coincide en que las estructuras criminales han buscado armas en el mercado negro y prueba de ello fue el aumento en los decomisos de unas 2.200 por parte de la Fuerza Pública y unas 400 por parte de la Policía Judicial, durante el 2023. Eso deja claro que la disponibilidad de armas sin inscribir es muy alta.
Según Soto, su uso obedece a que al no haber contacto físico entre la víctima y el victimario, la concreción del asesinato es más certera y rápida, a diferencia del uso de puñal, donde el agresor debe estar muy cerca de la víctima.
Estas armas son parte del arsenal decomisado a una agrupación narco detenida en San Francisco de Heredia en octubre del año pasado. Foto: Cortesía OIJ.
Rafael Angel Guillén, exdirector del OIJ, afirmó que la mayoría de las armas utilizadas no están registradas y que cada vez resulta más fácil para las organizaciones criminales adquirirlas. Agregó que los delincuentes emplean armas de guerra, cuyo uso está prohibido para civiles. Cometen los delitos enmascarados y buscan la impunidad, disparando y huyendo, generalmente en motocicletas para moverse más rápido y evitar obstáculos.
Asimismo, señaló que ante la inseguridad en el país, muchos ciudadanos optan por comprar pistolas, las cuales a menudo terminan en manos de terceros.
El análisis de la UH indica que entre 2000 y 2023 fallecieron 11.321 personas en nuestro país, de las cuales el 65,8% (7.748) fueron víctimas de armas de fuego. Los tiroteos ocurrieron principalmente en calles y carreteras. El 22,4 % de las víctimas eran trabajadores de servicios y comerciantes.
Por nacionalidad, en los homicidios dolosos con armas de fuego, los costarricenses, nicaragüenses y colombianos presentan los valores más altos, pues el 96% de las víctimas eran de esas nacionalidades.
En cuanto a las edades, la mayoría de los fallecidos se encuentran entre los 20 y 29 años, con 2.633 muertes durante el período de 24 años analizado. Le siguen las personas de entre 30 y 34 años, con 1.050 defunciones. Estos subgrupos representan el 54% del total.
