Detrás de la inauguración del Centro Cívico por la Paz en Puntarenas, efectuada el 27 de junio, yace un pleito legal por el presunto impago de $1,6 millones (¢835 millones) del gobierno a la empresa constructora Ideco S. A.
La disputa tiene a ambas partes en un proceso de arbitraje en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), donde se definirá si tal deuda debe ser saldada. Las partes demandadas son el ministro de Justicia, Gerald Campos, y el presidente Rodrigo Chaves.
El contrato fue adjudicado el 22 de junio del 2023, y firmado entre Ideco y la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del Ministerio de Justicia.
Además de la construcción, incluía el equipamiento y mantenimiento de las instalaciones que se destinan a actividades para jóvenes y niños, de tipo cultural, artístico, deportivo y tecnológico.
Ideco alegó impagos y anunció, el 18 de julio del 2024, que iba a detener las obras, lo que a su vez llevó a Justicia a suspender el contrato el 22 de agosto de ese año.
Según informes técnicos citados por la empresa, el avance de la obra superó el 90%.
El abogado de la constructora, Walter Brenes, expuso que Justicia calculó de manera incorrecta los montos que debía pagar a la constructora, y el proyecto se quedó sin presupuesto.
“Obviamente, en razón de que no se estaba avanzando, y no tenían disponibilidad presupuestaria para pagarnos, nosotros tomamos la decisión de suspender las obras, y a partir de ahí surge el conflicto”, explicó Brenes.
Ante las consultas específicas sobre el arbitraje, el Ministerio de Justicia y Paz respondió a La Nación que, “siendo que en este momento el proceso arbitral sujeto de esta consulta se encuentra en una etapa preparatoria y con fundamento en el principio de confidencialidad que rige este tipo de procesos, no es posible informar sobre aspectos relacionados con dicho arbitraje”.
La entidad detalló que las obras “fueron abandonadas y presentaban problemas de calidad”. Luego de la partida de Ideco, se adjudicó la licitación por ¢614 millones a Consultoría Integral de la Construcción S.A. (Conico), empresa que finalizó la construcción.
A partir de este desacuerdo, Ideco activó la cláusula del contrato con la Unidad Coordinadora, que establecía que cualquier disputa debía llevarse al Centro de Resolución de Conflictos del CFIA en lugar de la vía judicial.
Brenes explicó que, si bien el arbitraje en el CFIA mantiene sus normas específicas, el proceso se maneja similar a las demandas que tramita el Poder Judicial.
“Acá también aplica el Código Procesal Civil y obviamente también aplican algunas legislaciones específicas en cuanto a la administración pública, responsabilidades y la manera en la cual se tiene que manejar básicamente el asunto de fondo en el proceso”, declaró el abogado.
La solicitud de arbitraje de Ideco detalla que, “a pesar de las disposiciones contractuales y los esfuerzos para cumplir con sus obligaciones, surgieron múltiples contratiempos relacionados con el manejo presupuestario, la supervisión del proyecto y el cumplimiento de los términos del contrato por parte de la Unidad Coordinadora”.
Los tres árbitros encargados del proceso ya fueron seleccionados, y ahora le corresponde a la parte demandante exponerles sus reclamos.
Una vez que Justicia conteste sus argumentos, se realizará una audiencia preliminar, donde se decidirá si continúa el proceso.
Medida cautelar
La suspensión del contrato también provocó que Ideco debiera pagar una garantía de cumplimiento de $318.920 (cerca de ¢161 millones) a Justicia.
Sin embargo, Ideco evitó que dicho pago se concretara al acudir al Tribunal Contencioso Administrativo a solicitar una medida cautelar, la cual le fue otorgada el 28 de noviembre del 2024 y seguirá vigente mientras avanza el proceso de arbitraje.
La empresa argumentó ante el Contencioso que quien incumplió el contrato fue Justicia, al destacar los supuestos impagos, así como un presunto ocultamiento del desfinanciamiento (sic) del proyecto, y la falta de soluciones técnicas adecuadas para resolver aspectos “críticos”, como el suministro de agua para los hidrantes, su instalación y la ejecución de las obras necesarias para el manejo de aguas negras y residuales.
La firma agregó que, si se le obligaba a pagar la garantía, la constructora se expondría “a un daño financiero y económico irreparable, afectando no solo su operatividad inmediata, sino también su reputación ante proveedores, clientes y entidades bancarias.
“El impacto sería directo e inmediato, comprometiendo las líneas de crédito existentes y afectando negativamente la confianza de los actores clave con los que la empresa mantiene relaciones comerciales”.