Su trabajo como magistrada, y luego presidenta de la Sala IV (o Constitucional), la colocaron en uno de los lugares más poderosos del país; uno de ellos, porque, para Ana Virginia Calzada Miranda, las insinuaciones (a veces muy directas) sobre la supremacía de ese ente no han sido del todo justas.
El peso de la investidura que ha llevado desde el 2008, cuando asumió el liderazgo de esa sala, ya se ha ido aligerando. Calzada se acogió a su jubilación el 12 de abril tras 24 años de servicio judicial, y ahora, más tranquila, pone orden a algunos asuntos y hasta habla abiertamente de su trabajo como jueza y del papel de la Sala IV.
“Yo no diría que la Sala (Constitucional) tiene más fuerza que otros poderes. Lo que ha pasado es que la Administración ha trasladado las decisiones a la Sala y las deja ahí. Entonces, claro, cuando salen a la opinión pública, se dice: ‘La Sala dijo’, ‘La Sala autorizó’, cosa que no es cierta, porque, por ejemplo, en una ley, el (Poder) Ejecutivo tiene la posibilidad del veto. Entonces, ¿quién tiene la última palabra?
”Por ejemplo, el plan fiscal se devolvió por un tema de procedimiento, nunca dijimos que fuera inconstitucional por el fondo, y, sin embargo, se dejó ahí. ¿Qué hay después de eso? Eso es algo que se escapa de la Sala”, arguyó la jueza, quien, el mes pasado, cumplió 60 años de edad.
El plan fiscal fue, precisamente, uno de los temas que puso el nombre de Calzada, y el de sus compañeros, en la agenda mediática. Pero fue solo uno de ellos.
Su lista de votos trascendentales tiene que ver, entre otros, con impulsar la participación de la mujer en órganos colegiados, el apoyo a la fecundación in vitro y el respaldo (en dos ocasiones) a la reelección presidencial.
“El tema de la reelección se confundió con una coyuntura político-partidaria, porque un expresidente específico había manifestado que quería volver a serlo. Eso no quitaba que otros también, pero todas las baterías se enfocaron en que don Óscar (Arias) quería ser presidente, y detrás de ese tema hay toda una filosofía de protección de los derechos fundamentales que no se consideró por ver la posible candidatura de don Óscar”, recordó la magistrada, el miércoles, en una sala del primer piso de la Corte Suprema de Justicia, pues ya abandonó su oficina en el octavo piso.
Centro de polémica. El poder no la desvela, pero sabe que lo tuvo. Calzada reconoce también la polémica en la que se vio inmersa con otros fallos más recientes.
Del Tratado de Libre Comercio con (TLC), dentro de cuya negociación en el 2008 la Sala IV no halló vicios de inconstitucionalidad, ella tiene clara una cosa: “Nosotros (la Sala IV) no deberíamos conocer tratados que tengan que ver con cuestiones económicas del país”.
Del proyecto minero Crucitas, (en Cutris de San Carlos), recuerda un mal sabor de críticas que se dieron cuando los jueces constitucionales avalaron la extracción de oro. Pero, a la vez, asegura que le dejó una enseñanza.
“Me enseñó que la Sala Constitucional y los Tribunales Contencioso-Administrativos no tienen una clara delimitación de lo que tiene que hacer cada uno. Don Luis Paulino (Mora) y yo estuvimos en Crucitas, en el campo, bajamos a los lugares donde estaba el agua, cosa que a mí me extrañó que el Contencioso –y eso lo puedo decir ahora porque voy a estar afuera– nunca lo hizo”, afirma respecto al fallo de ese tribunal, que anuló la concesión del proyecto, pese al aval de la Sala IV.
Pero Crucitas ya es pasado, aunque en el tema regresó a la Sala IV, precisamente contra el fallo contencioso, y está pendiente. Ya no le corresponde a ella.
Tampoco tendrá que lidiar con facturas políticas que le quieran cobrar por sus fallos, y verá, casi desde la ventana, el avance de un proyecto de ley que busca reformar a la que fue su segunda casa.
“Me parece que lo mejor es que la Sala se divida en secciones (...). Pudimos conversar (con los diputados) y tener avances. Me voy mucho más satisfecha con eso”, dice, y luego admite que enviará unas últimas observaciones.