Los acuerdos bilaterales entre El Salvador y Costa Rica para la construcción de una “megacárcel” en el país son “verbales”, comunicó la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia y Paz a La Nación.
Tras una visita a El Salvador y anunciar el desarrollo de una prisión para 5.000 privados de libertad, el ministro de Justicia Gerald Campos comunicó en diversos medios que el proyecto, con un costo inicial de $60 millones, se ahorraría $25 millones por donación del gobierno salvadoreño.
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Esa colaboración abarcaría la entrega de planos para adaptar la planta del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), para 40.000 personas, a las necesidades locales. El monto, inusual para los planos de un proyecto con ese valor (42% del total estimado del proyecto), no incluye la adaptación a un terreno local, que tampoco ha sido definido por el gobierno.
Este lunes, Campos afirmó en el programa 7 Días que los $35 millones de la construcción saldrían del presupuesto ordinario, pese a que el 30 de abril había dicho a La Nación que no tenían claro el mecanismo de financiamiento y que “puede ser que algún gobierno nos done los $35 millones”.
En esa entrevista a finales de abril, el ministro Campos se refirió a los acuerdos bilaterales que amparaban esta colaboración tica-salvadoreña. Este medio le solicitó dichos documentos y la respuesta de Justicia, enviada este 13 de mayo, indicó que se limitan a acuerdos verbales y que no podrían dar más detalles.
“Los acuerdos bilaterales por el momento son verbales de ahí la visita realizada (sic), de manera tal que al ser un tema de seguridad no es prudente dar detalles específicos, pero sí se ha dejado claro que hay una estrecha colaboración entre ambos países”, respondió el Ministerio de Justicia en su oficio.
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Acuerdos poco claros entre Costa Rica y El Salvador
Los gobiernos de Costa Rica y El Salvador firmaron cuatro memorandos de entendimiento el 11 de noviembre de 2024 durante la visita del mandatario salvadoreño Nayib Bukele a Costa Rica.
El medio de comunicación salvadoreño La Prensa Gráfica, divulgó el 28 de diciembre que los acuerdos, que versan sobre ambiente, deporte, economía y la implementación de un mariposario en el Parque Natural Balboa, en San Salvador, fueron declarados confidenciales. La información, los datos, los informes y los resultados de cooperación no pueden ser divulgados en ese país.
El 29 de diciembre, La Nación consultó al canciller costarricense, Arnoldo André, sobre la publicación del medio salvadoreño y aseguró que debía investigar sobre el tema. “No tengo los textos a mano”, agregó.
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22 días más tarde, este medio publicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica alegó que fue El Salvador el país que “pidió incluir la cláusula de confidencialidad” en los cuatro instrumentos internacionales, y que “Costa Rica aceptó tal disposición considerando que, para su ejecución, cada país deberá aplicar su legislación interna”.
“Lo planteado en dicha cláusula no afecta el ordenamiento jurídico costarricense, ya que, si nuestro país se viera en la situación de aplicar esta cláusula, lo que regirá es lo dispuesto por nuestra normativa interna”, argumentó la Cancillería a La Nación.
La institución aseguró que se aplicaría el artículo 30 de la Constitución Política, que garantiza el libre acceso a la información sobre asuntos de interés público, “pudiendo solo aplicar de forma excepcional el secreto de Estado, como lo ha reiterado la Sala Constitucional, en casos que lo ameriten por razones debidamente justificadas de seguridad nacional, defensa nacional y las relaciones exteriores”.