La Universidad de Costa Rica (UCR) y el Museo Nacional de Costa Rica se encuentran en medio de una curiosa disputa por la propiedad del antiguo cuartel Bellavista, lugar donde en 1948 se abolió el ejército y donde hoy se encuentra la sede del propio museo.
José Figueres Ferrer desintegró las fuerzas armadas costarricenses el 1 de diciembre de 1948 con un sonoro mazazo sobre un muro del cuartel Bellavista; apenas unos meses después, en 1949, ese inmueble pasó a estar a nombre de la UCR.
Así lo confirmó la dirección del Museo Nacional ante consultas de la Revista Dominical.
“El inmueble se encuentra inscrito a nombre de la Universidad de Costa Rica y, desde hace décadas, está destinado al funcionamiento y a los fines propios del Museo”, reafirmó la institución.
Todo se origina de la Ley N.° 749, promulgada por la Junta Fundadora de la Segunda República el 11 de octubre de 1949, 10 meses después del histórico mazazo de “don Pepe”. Dicha ley dispuso el traspaso del antiguo cuartel Bellavista a la UCR “para fines vinculados con el Museo Nacional”.
Eso quedó así, y nadie se preocupó por la titularidad registral del inmueble, hasta hace unos años.
El contexto cambió, y el Museo fue dotado de una entidad que antes no tenía: ahora es un órgano desconcentrado, con personalidad y capacidades jurídicas instrumentales, adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y reconocido por la ley N.° 7429.
Al contar con esos atestados, en 2023 la Junta Administrativa del Museo Nacional acordó consultar a la Procuraduría General de la República (PGR) que es, por decirlo así, “el abogado del Estado”, si era jurídicamente viable tomar posesión del antiguo cuartel.
Como parte de esas consultas, el pasado 17 de agosto la Procuraduría emitió el pronunciamiento PGR-C-140-2026.
Aunque dicho órgano declaró “inadmisible” la consulta (por tratarse de un caso concreto pendiente de definición), sí fue posible conocer que la UCR y el museo tienen posiciones antagónicas.
Por un lado, la Unidad de Asesoría Jurídica del Museo sostiene que sí es viable la donación del inmueble por medio de un proyecto de ley que se apruebe en la Asamblea Legislativa.
En contraste, la Oficina Jurídica de la UCR considera que es improcedente un traspaso por vía legal y, desde su perspectiva, la única forma de que el inmueble deje de ser patrimonio universitario es que el Estado promueva una expropiación.
La Procuraduría remarcó que no se pronunciará mientras exista una decisión pendiente de resolver entre las dos instituciones.
Aunque el Museo Nacional y la UCR deben definir si es o no posible la donación, la PGR aclaró que solo existe una forma de que esa cesión se materialice: mediante la emisión de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
Además, el abogado del Estado dejó claro que esa ley es “de carácter facultativo, no imperativo”, es decir, la ley autorizaría a la UCR a traspasar el inmueble, pero la donación no sería automática y en ningún caso eso se puede interpretar como una obligación. La universidad lo hará solo sí así lo desea.
Dicha ley debería establecer no solo la modificación del titular registral, sino además el cambio en el uso que se le da a los terrenos.
Mientras tanto, el Museo sigue utilizando el edificio del antiguo cuartel Bellavista con naturalidad, pero la propiedad pertenece a la UCR.
