Si en el gobierno pasado las críticas se enfocaron en la Contraloría General de la República, en la administración continuista se dirigen al Poder Judicial. En un mes de gestión, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y sus ministros y diputados han reiterado que la rama debe reformarse por completo. Para las autoridades judiciales, no solo ha sido asunto de disenso: han salido a defenderse como rara vez se recuerda en la historia reciente de Costa Rica.
Al frente de esa réplica ha estado la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro. Si antes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, o magistrados como Fernando Cruz y Paul Rueda habían sido objeto de críticas, desde mayo ha sido Solano la receptora de cuestionamientos. Fernández llegó a pedirle la renuncia. Abundan, como es usual, memes y críticas en redes sociales.
Para Patricia Solano, el asunto no es personal: es cuestión de defensa de la división de poderes y la democracia. Eso no quiere decir, insiste, que no haya mejoras pendientes en el Poder Judicial. Así le explicó a Revista Dominical en una entrevista reciente en su oficina, ubicada en el edificio principal de la Corte, en San José.
Dificultades de personal judicial
La oficina de Patricia Solano está repleta de gatos. Todo tipo de figurillas decora el recinto, desde donde se aprecia parte del distrito judicial y el resto de la capital, al oeste. Solano lleva 35 años de carrera en la Judicatura y en la magistratura desde 2018; nunca una presidenta le había pedido su renuncia en una conferencia de prensa.
Así que lo primero que le pregunto es cómo está. “Bien”, dice. “Siempre he amado lo que he hecho. Desde que era estudiante, pensaba en que quería ser juez. Había algunos compañeros y compañeras que lo que querían era el litigio. Sin embargo, yo siempre pensé que lo que quería era ser jueza”.
-¿Y por qué tanto gusto por ser juez?
-En aquel entonces era (mucho) el respeto que se tenía por la judicatura y por la administración de justicia. Entonces siempre era un ideal, teniendo claro cuál es la función que tiene el Poder Judicial en una democracia. Para mí era clara cuál era la labor que hace una persona juzgadora. Por eso es que defiendo tanto al Poder Judicial y a la judicatura, porque tengo clara cuál es la función que realiza dentro de un Estado de derecho.
-En aquel entonces, y antes, había una cuestión cultural de respeto, pero también de entender que una persona que trabajara en esa posición debía tener una formación intelectual y una entereza moral muy claras. ¿Ud. considera que eso todavía se conserva?
- En su gran mayoría creo que sí. Sin embargo, no podemos dejar de lado que las generaciones vienen cambiando. Y eso es precisamente uno de los grandes retos que tenemos dentro del Poder Judicial al momento de hacer la selección de personal: las nuevas generaciones que tienen un arraigo y una dependencia diferente. Entonces tenemos que ajustar los patrones a este comportamiento. Ellos no tienen el sentido de pertenencia como el que teníamos nosotros. Parte de los retos que tenemos es que sea atractivo para ellos permanecer con nosotros.
- Entiendo lo del sentido de pertenencia, es una parte. Pero también hay otra parte que tiene que ver, que no tiene que ver con un generacional, que tiene que ver con la cuestión que está afectando la opinión pública, que es el funcionamiento propiamente. el desempeño propiamente de los funcionarios del Poder Judicial. ¿Ud. considera que ahorita se cuenta con los mecanismos de evaluación suficientes, adecuados, contemporáneos para poder saber si tenemos el personal adecuado aquí?
- Puedo decirle que, sobre todo con el surgimiento de la oficina de cumplimiento se han confeccionado una serie de protocolos, porque yo siempre decía, y cuando yo me sometí a las entrevistas cuando concursé en diferentes momentos para la magistratura, siempre he señalado que una de las grandes debilidades que tiene el PJ era la selección de personal.
“Se han mantenido algunos esquemas tradicionales casi desde que el Poder Judicial es el Poder Judicial. ¿Cuáles? Por ejemplo, quién seleccionaba. No había bancos de empleo.
“En un momento existieron en el Poder Judicial bancos de empleo y, entonces, cuando se requería personal en cualquier despacho, lo primero que se hacía era solicitarle al departamento de recursos humanos una persona, ya fuera conserje, ya fuera técnico judicial, que había pasado por todo el tamiz de selección; era desde ahí donde uno podía escoger.
“Eso en algún momento varió y casi que era la jefatura de cada uno de los departamentos —y cuando hablo de jefaturas puede ser cualquier tribunal de la categoría que sea, unipersonal, colegiado o cualquier oficina del Poder Judicial— (quien escogía). A veces decían que alguien que iba pasando por la calle lo tomábamos y casi sin ningún tipo de investigación lo poníamos, lo metíamos a trabajar”.
Eso sucedió, según Solano, sobre todo en los años 90 e inicios de los 2000. Ella dice que, cuando empezó en la Sala Tercera, incluso encontró funcionarios que “no habían trabajado en ningún otro despacho”.
“A veces se hacen los concursos y la cantidad de personal que califica para esos estándares es muy baja”, afirma Solano. Sin embargo, dice que “muchas de esas acciones las hemos venido corrigiendo por la importancia que tiene no solo la calidad del personal sino cuáles son sus antecedentes”.
Sin embargo, queda espacio para mejora. “A veces no son solo los atestados académicos; cuando se reestructuró la carrera judicial, se toma un escalafón como si fuera de académicos, como si fuera de profesores universitarios y la judicatura funciona diferente”, argumenta Solano. Para ella, es crucial que quienes lleguen a jueces hayan tenido amplia experiencia, que se vaya subiendo un escalafón, pues gran parte del conocimiento se adquiere en la práctica.
Pero aún si se resuelve el problema de la calidad, afrontan otro que entrelaza carencias de personal, presupuesto e infraestructura: ¿da abasto el Poder Judicial? ¿Es por eso, como dice el gobierno, que no “le están cumpliendo” a los costarricenses?
¿Cuánto hace el Poder Judicial?
“Los puestos de fiscales son de los más complejos”, considera Solano. “Parte del gran problema con el Ministerio Público es que El Salvador y Panamá tienen una población parecida a Costa Rica y tienen el doble de fiscales que lo que tenemos nosotros”.
Cuando se habla de sobrecarga de la cantidad de trabajo, ¿podemos dimensionarlo? “Vea, yo le voy a poner un ejemplo. Ya le decía de la cantidad; empecemos por la fiscalía. Por lo menos en materia penal, las causas llegan, se denuncian al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), llegan a la Fiscalía y la Fiscalía realiza la investigación y la selección de casos... No es lo mismo que usted tenga 300 causas como fiscala que usted tenga 900, que tienen algunos fiscales, y que tienen que asumirlas, porque esa es la cantidad que ingresa”.
Ya habiendo llegado a juicio, igualmente se suma el peso de la cantidad de casos. “¿Qué es la parte central del proceso penal? El juicio es la estrella", dice Solano, enfatizando la exigencia de esa parte. “Al tener hay causas que uno dura dos, tres, seis meses en un expediente, cuando usted termina de dictar la sentencia, termina como si se hubiera agarrado con un monstruo”, confiesa. “Por eso se va balanceando entre las causas complejas y las menos complejas al momento de hacer la programación de los debates”, explica.
Aquí Solano tocó un punto clave: que conforme se profundiza la penetración del crimen organizado, el narcotráfico y otros problemas sociales, la complejidad del proceso aumenta.
El país ha cambiado mucho. La presión que hay es distinta y el contexto social es distinto. ¿Usted cree que el poder judicial se ha podido adaptar a la realidad tan distinta, violenta, insegura que enfrenta Costa Rica hoy?
- Creo que en todo el país y las organizaciones, por supuesto, no vamos en el misma en la misma velocidad que como se da ese esa modificación del comportamiento social.
Para Solano, quien cursó un énfasis en el estudio sociológico del delito, es fundamental entender que la sociedad cambió, incluso de cuando ella estaba creciendo hasta ahora. “Vea que empezamos a vivir en jaulas. Todas las casas son enrejadas, todas las casas tienen cercas, quienes vivimos enjaulados somos nosotros ante este problema de inseguridad”, dice.
“En este comportamiento social ha influido, por supuesto, la introducción de la droga al país. Porque en un inicio, y por lo menos yo recuerdo los años 80 y 90, sobre todo Costa Rica era un país de paso y de depósito de droga”, describe la jueza. “Pero después se empieza a pagar con droga. Cuando se empieza a pagar con droga, entonces nos volvemos un país consumidor. Por eso es que los carteles vienen y se pelean ahora a los territorios”, dice.
“Cuando esto sucede, se va convirtiendo la criminalidad en temas no solo más numerosos, sino más complejos. Y la respuesta que se da no es en la misma velocidad en que entran las causas”, considera.
De acuerdo con la magistrada, “con la capacidad instalada que tiene el Poder Judicial en materia penal, podríamos resolver como un máximo el 80% durante los últimos cinco años, un 80% de lo que entra”. “Pero entonces cuando usted suma en tantos años que nos queda un 20% por año, por lo menos, y que hay causas muy complejas, por supuesto que la respuesta toma más tiempo que lo que nosotros quisiéramos”, confiesa.
Proceso de cambio
Para afrontar la avalancha, la magistrada detalla todo tipo de ajustes y movimientos de personal que hacen para procurar el balance... que no siempre se logra. “Hay todo un proceso de rediseño del modelo penal en donde (se analiza) qué se ve, cuál es la capacidad instalada que tenemos en cada circuito judicial y en cada tribunal y cuál es la posibilidad que tenemos tenemos de resolución”, explica Solano.
“Hay tribunales que entran en colapso porque lo que entra es mucho más de la capacidad de respuesta que tenemos y las causas también son más complejas”, dice, y pone de ejemplo el tribunal de Heredia.
“Son nueve jueces; tiene tres secciones colegiadas, tiene jueces unipersonales y las secciones de flagrancia. Entonces, ¿qué nos pasa? Vea el tiempo que se llevaron algunos de los procesos que se publicitaron mucho. Vea los meses que una sección del tribunal se tiene que abocar (a un caso). Tres jueces durante muchos meses realizando un solo proceso. ¿Qué sucede con todos los demás casos que las personas les ingresan? Tienen que esperar mientras terminan de resolver esos asuntos", describe.
Para ella, soluciones que han funcionado en el pasado podrían ayudar en esta época. “En otros momentos la institución tenía la posibilidad de nombrar plazas espejo. Mientras estaban los titulares en un juicio, podíamos nombrarles un ‘espejo’ por el plazo determinado mientras estaban en esos juicios largos para que fueran sacando los otros procesos ordinarios. Pero ya eso, desde el año 2024, por presupuesto no es posible hacerlo (...) No hay una autorización tampoco de parte de Hacienda de que nosotros podamos hacer esos espejos”, lamenta.
Patricia Solano hace la comparación con la infraestructura vial. “Vea que la las las carreteras que tenemos son casi que las mismas de hace 20 años. ¿Y cuánto ha aumentado la flota vehicular? Entonces, por supuesto que son las presas y todo lo que el tiempo que invertimos en trasladarnos en pocos kilómetros. Lo mismo sucede con nosotros", afirma.
“Tenemos la misma capacidad instalada, la cantidad de edificios que hemos podido construir son relativamente pocos frente a la necesidad y esto lo digo por salas de juicios; tenemos la misma cantidad y una entrada mayor. En 2024, la cantidad de entrada fue de 15.934 expedientes y sí salieron 16.908″, dice. Pero el rezago afecta la resolución de los restantes.
Para la magistrada, una vía es darle el “protagonismo” a la audiencia preliminar, que funcione como el filtro adecuado para que no haya atascos. “¿Por qué se permite que se haga en juicio? Porque entonces se dice que es que en la audiencia preliminar no estaba el imputado y no pudo llegar a juicio", explica.
“Pero si obligamos a que vaya en ese momento (con una reforma legal ya propuesta), optimizamos las agendas de los tribunales de juicio, que es de lo más colapsado que tenemos. Y en ese sentido también nos hemos dado cuenta de que un 12% de lo que llega a juicio se declara la rebeldía del imputado”, describe.
-Mencionó varias reformas de índole administrativo que están emprendiendo, pero desde su punto de vista, ¿el Poder Legislativo qué puede aportar en este punto, para para ayudar en ese proceso?
-Vea, el poder legislativo nos ha dado respuesta. El año pasado y el antepasado asignaron recursos extraordinarios al OIJ y al Ministerio Público para que pudieran adelantar en sus investigaciones y fue Hacienda que no giró los dineros.
“En ese sentido, con el poder legislativo sí tuvimos unos acuerdos y conversaciones para que pudieran entender la necesidad de que nosotros pudiéramos tener una cantidad de personal mayor para darle solución y aligerar los procedimientos, pero si no nos dan los recursos... Parte de esos recursos los giraron en noviembre (2024). Ya en noviembre no se puede ejecutar el presupuesto. Que es también parte de los reclamos que dicen, ‘Es que ustedes no ejecutan’... Falso. No, el Poder Judicial es de las instituciones que ejecuta mejor su presupuesto”.
- Pero, ¿en qué se puede ayudar?
- Yo esperé que la legislatura anterior hubiera aprobado las leyes que fueron propuestas desde Sala Tercera y desde la Corte que las llevó a la Asamblea Legislativa de este proyecto de ley que tiene un dictamen positivo de mayoría en la Comisión de Jurídicos y es precisamente este proyecto de ley que busca reformar que el imputado vaya a la audiencia a preliminar y que los delitos con pena de hasta 10 años los vea un juez de manera unipersonal.
De acuerdo con Solano, el reforzamiento requeriría de ₡17.000 millones, una cifra que “no es una suma tan grande como la respuesta que nosotros podríamos dar para darle las plazas necesarias”, dice la jueza.
“Si nosotros comparamos el presupuesto 2026-2027, el próximo año nos van a dar ₡11.000 millones menos que este año", asevera la magistrada. “Entonces es imposible poder avanzar con el mismo recurso humano, no solo porque el incremento es mayor, además la complejidad de los casos es diferente”. Además, explica que en el OIJ es donde ha ocurrido la mayor fuga de talento.
Ante este panorama, le preguntamos a Solano si cree que ha hecho falta un esfuerzo por comunicarlo mejor. ¿Cree que ese puede ser un pecado del Poder Judicial? “Definitivamente, eso lo reconozco siempre”. Y a ello se suma la confrontación.
-¿Ud. cree que las confrontaciones recientes a nivel político no están teniendo, tal vez, un efecto adverso sobre la percepción pública sobre el Poder Judicial?
- Pareciera, esa es mi impresión, que esa es la intención. Cuando usted ataca, vea que hemos tenido cuatro años sistemáticos de ataque al Poder Judicial...
-¿Ud. lo considera así, ataque sistemático?
-Ha sido un ataque sistemático con un fin claro, con todas las debilidades que pueda tener el Poder Judicial y que yo las reconozco y que trabajamos arduamente en eso. Por eso no es que pedimos recursos por pedirlos.
“La administración de justicia es un servicio. Nosotros producimos un servicio. Entonces, no es tangible como otras cosas, porque nosotros no hacemos dinero, te prestamos el servicio administración de justicia.
“Y hemos incluso puesto en el tamiz de la discusión que temas como el cobratorio, que es el 65% de lo que ingresa al Poder Judicial, si es necesario que lo que es cobratorio por tarjeta de crédito, por préstamos dados por los entes financieros sin haber verificado mayores garantías, correspondería que nosotros lo veamos o si ese es un tema que debería resolverse desde ámbitos administrativos.
“Porque el gran atasco de lo que se da es sobre todo porque cobratorio nos hace una presa importante”.
-65% es un número altísimo.
-Es un número altísimo de la cantidad de asuntos que llegan y la capacidad operativa que tenemos no es la misma. Entonces, ¿cuánto es lo que debería de ver propiamente? En muchos países eso se ve desde sede administrativa. Igual tránsito.
“(...) Los tiempos de respuesta en todas las materias, pese a los atrasos que reconocemos en muchas causas, los estamos modificando. Vea que en temas tan importantes, como son pensiones alimentarias y familia, se hizo una propuesta de reforma que está dando resultados con una respuesta más ágil.
“No es que desde el Poder Judicial nos hemos estado cruzados de brazos, sino que hemos buscado cuáles son los cuellos de botella para poder agilizar los procesos en todas las materias (...)”.
-¿Ud. cree que es posible que se atenúe el panorama de confrontación en los próximos meses o que empeore?
- Lo veo poco probable.Si partimos de que durante 4 años ha sido ese discurso y se habla del continuismo y en menos de 1 mes o estamos a 1 mes de ejercicio de la presidente Fernández, y que el mismo, diay, no pareciera, no se vislumbra que exista un cambio en ese sentido. Y además de que los ataques son a veces no solo institucionales sino personales (...).
- ¿No le preocupa verse obligada, y obligados sus colegas, a tener que entrar en esa arena política y quedarse ahí tiempo que viene?
-Yo estoy nombrada hasta noviembre, ese es mi periodo constitucional. De momento me aboco a lo que me corresponde y sí creo que mientras sea magistrada voy a dar la cara.
“Voy a tratar de que las personas, con un lenguaje sencillo, puedan entender cómo es que funcionamos y porque en muchas ocasiones la respuesta no tiene la velocidad dada, el tiempo ágil que esperarían, y que sobre eso estamos trabajando; también tienen que entender que no siempre tenemos los recursos para poder dar esa respuesta, pero que esperamos mejorar y día a día el trabajo que hacemos es mejorar”.
