En el salón hay tres personas, pero solo una está dispuesta a identificarse.
La grabadora comienza a correr sobre la mesa. Afuera es mediodía, pero dentro del recinto las cortinas filtran la luz y dejan rincones en penumbra. Frente a nosotros se sienta Sergio Arauz, quien dice su nombre sin bajar la voz. Dice también su oficio: periodista... pero exiliado.
Los otros dos participantes ni siquiera se animan a decir su nombre. Una es abogada feminista y activista y el otro trabaja en proyectos de cultura de paz y sostenibilidad ambiental. Ambos se sienten amenazados.
Mientras Arauz habla mirando de frente, ellos intervienen desde las sombras del salón. Esta escena, tan en sombras, tan en claroscuros, resume buena parte del momento que vive El Salvador.
Arauz, subjefe de redacción de El Faro y presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), lleva más de un año fuera de su país. El 21 de mayo cumplió doce meses sin regresar. “Salí de El Salvador sin saber que no podría entrar”, dice.
Su exilio ocurrió en medio de lo que describe como una escalada de represión contra periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Había salido del país para asistir a un foro y, de repente, recibió un mensaje de que no podía reingresar.
“Empezó a ser evidente de forma descarada que se estaba gestando algo contra todo el periodista que incomodara el relato del oficialismo”, recuerda.
El comunicador menciona policías apostados frente a viviendas de periodistas, detenciones de activistas ambientales y la captura de Ruth López, una de las abogadas de derechos humanos más reconocidas del país. Para él, esos episodios marcaron un punto de quiebre.
“Nuestra historia como periodistas cambió dramáticamente desde el año pasado donde la persecución es a todas luces”, dice.
Arauz sostiene que el fenómeno no puede entenderse únicamente como una disputa entre gobierno y oposición. A su juicio, se trata de una transformación más profunda: un sistema político que ha encontrado en la seguridad una narrativa capaz de justificar la concentración de poder.
“El gobierno ha tenido la posibilidad de inocular en la mayoría de la gente que la seguridad que vive El Salvador es simplemente el encarcelamiento masivo de pandilleros”, afirma.
Durante años, la violencia de las pandillas condicionó la vida cotidiana de millones de salvadoreños. El gobierno de Bukele redujo esa amenaza. Arauz no niega un cambio, pero sostiene que detrás de esa sensación de seguridad se produjo otro fenómeno.
“La gente cambió el miedo de las pandillas por el miedo hacia la autoridad”.
Según su relato, el discurso oficial divide a la sociedad entre quienes respaldan el proyecto gubernamental y quienes son señalados como enemigos. “Todo el que se sale es estigmatizado”.
La consecuencia, asegura, es un ecosistema cada vez más hostil para el periodismo independiente. “No hay hoy día en El Salvador un ecosistema de medios saludable”.
Las denuncias sobre el deterioro democrático en El Salvador no provienen únicamente de periodistas, activistas o sectores de oposición.
En los últimos años, organismos internacionales de derechos humanos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch han documentado presuntas violaciones a los derechos humanos vinculadas al régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, encarcelamiento de personas inocentes, restricciones al debido proceso y condiciones abusivas de detención.
Diversos informes también han advertido sobre el debilitamiento de los controles institucionales, la concentración de poder y el hostigamiento contra periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
Mientras el gobierno salvadoreño sostiene que estas medidas fueron necesarias para desmantelar a las pandillas y recuperar la seguridad, los críticos advierten que el costo ha sido la erosión de garantías fundamentales construidas tras el fin de la guerra civil.
“En nombre de la seguridad, la mayoría está perdiendo derechos”, sentencia el comunicador.
Arauz recuerda que durante años el acceso a información pública permitió investigar posibles actos de corrupción y vigilar el uso de recursos estatales. Hoy, afirma, gran parte de esa información permanece reservada. “Todo es secreto”.
La preocupación del periodista no se limita al presente salvadoreño. Durante la conversación mira constantemente hacia Costa Rica, país donde transcurre la entrevista y donde las discusiones sobre seguridad ocupan cada vez más espacio en la agenda pública.
Su advertencia es sencilla: desconfiar de las soluciones milagrosas. “Cuando hay reglas claras, uno sabe a qué atenerse. Los sistemas democráticos pueden ser lentos, imperfectos e incluso frustrantes. Sin embargo, los controles y la transparencia son precisamente los mecanismos que impiden que el poder se concentre en pocas manos”, explica.
“Si se trastoca el sistema y se dice que necesitamos ser más eficientes a costa de lo que sea, te aseguro que todo va a ir en contra tuya al final”.
Una moneda de dos caras
Feliciana, quien no se llama Feliciana, es una abogada que lleva más de veinte años organizando mujeres en comunidades salvadoreñas y que hoy considera demasiado peligroso aparecer identificada en un reportaje.
“Ser activista nunca ha sido fácil en el país. Pero en el contexto actual que estamos viviendo no solo es difícil, es peligroso”.
Ella cuenta que dentro de sus oficinas existen “protocolos aleatorios de seguridad”, como militares que aparecen en actividades comunitarias, agentes que solicitan documentos de participantes y visitas inesperadas de autoridades. “Todo eso es un ambiente de persecución. Siempre creímos que los derechos que habíamos ganado no eran para siempre y no fue así”, dice.
A su juicio, toda crisis crea condiciones para que aumente la violencia contra las mujeres. Menciona la violencia sexual, la violencia económica y los feminicidios como fenómenos que suelen agravarse cuando aumenta la concentración de poder.
Feliciana lanza una advertencia. Dice que es fácil depositar las esperanzas en líderes que prometen resolver problemas complejos con respuestas simples, especialmente en momentos de frustración ciudadana. Sin embargo, sostiene que ninguna democracia puede sostenerse sobre la figura de un salvador. “La solución no está en un político. No existen superhéroes y ahora la gente va a votar también para quitarse la responsabilidad compartida que le toca de construir país”, afirma.
Luego ella recurre a una comparación sencilla. Dice que una democracia se parece a un negocio. “Se puede contratar al mejor administrador del mundo, pero si el dueño desaparece durante meses y deja de supervisar las cuentas, tarde o temprano perderá el control de todo. Lo mismo ocurre con los gobiernos”, explica.
“Los funcionarios administran recursos que pertenecen a la ciudadanía. Si nadie pregunta, fiscaliza o exige explicaciones, el deterioro ocurre lentamente hasta que parece normal”, agrega.
Frederick, que tampoco se llama Frederick, asiente varias veces mientras Feliciana habla. A diferencia de ella, evita profundizar en detalles sobre su trabajo actual. Explica que todavía desarrolla parte de su labor dentro de El Salvador y que exponer demasiado podría volverlo identificable.
Aun así, reconoce que el ambiente de vigilancia también ha alcanzado a organizaciones comunitarias y ambientales.
Desde su experiencia en construcción de paz, coincide en que la respuesta a la violencia nunca estuvo únicamente en las cárceles o en la concentración de poder. Recuerda que antes del auge del modelo actual existieron comunidades que lograron contener al crimen organizado mediante organización vecinal, participación ciudadana y cohesión social. “Las comunidades planteaban soluciones duraderas en materia de paz”, afirma.
Para él, la principal lección es que los territorios suelen conocer mejor que nadie sus propios problemas y también muchas de sus respuestas, siempre que existan espacios para dialogar, organizarse y exigir cuentas al Estado. La seguridad, insiste, no depende de una “superfamilia” ni de un líder con poderes extraordinarios, sino de instituciones transparentes y comunidades capaces de trabajar juntas para resolver los conflictos que las afectan. “Es muy fácil decir que no te importa que alguien inocente sufra si vos te sentís más seguro... Hasta que llega a pasarte a ti o a uno de los tuyos. Eso nunca estará bien”, sentencia.
La conversación que trazamos avanza durante más de una hora, pero cuando llega el momento de posar para una fotografía, la diferencia vuelve a hacerse evidente. Solo Arauz puede aparecer en la imagen y los otros dos permanecen fuera del encuadre. “Así de mal estamos”, dice Frederick.
En un salón donde todos tienen algo que decir, solo uno puede firmarlo con su nombre.