Cerca de 200.000 personas integran actualmente el sistema de protección internacional (refugiados o solicitantes de refugio) en Costa Rica, el equivalente a uno de cada 26 habitantes.
Esta es una población mayor que, por ejemplo, la del cantón Central de Cartago, donde viven alrededor de 163.000 personas.
En Costa Rica, las personas refugiadas equivalen a alrededor del 4% de la población nacional. La magnitud de este fenómeno es el resultado de una transformación acelerada ocurrida durante la última década.
Consultada por este medio, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) atribuye las grandes listas de espera a la falta de personal, principalmente. La institución sostiene que el marco legal vigente garantiza el debido proceso de las personas solicitantes, pero reconoce que el volumen actual de casos ha sobrepasado su capacidad operativa.
“La DGME no tiene el recurso humano suficiente para poder atender la demanda del servicio”, indicó vía correo a La Nación. Además, señaló que las limitaciones presupuestarias dificultan la creación de nuevas plazas.
Pero Migración considera que el sistema requiere mayores capacidades. “Más allá de reformas administrativas se requiere de mayor recurso humano para poder procesar de forma más eficiente las solicitudes de refugio”, declaró.
Este mes, Migración habilitó una categoría especial temporal que estipula que las personas que solicitan refugio tendrán libertad para desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada por dos años.
La agencia de Acnur en Costa Rica, por su parte, advirtió de que el rezago responde a factores estructurales que trascienden el caso costarricense. A nivel global, más de 9 millones de personas se encontraban a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo al cierre del 2025, en un contexto donde los sistemas de refugio operan bajo presión creciente.
En el caso de Costa Rica, Acnur apuntó a limitaciones operativas como el modelo de tramitación individual y en papel, así como la capacidad institucional reducida. “La DGME cuenta con tan solo seis funcionarios permanentes para atender una gran demanda”, señaló la organización.
“La situación de Nicaragua no ha mejorado y los grupos especializados (...) continúan reportando graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua lo que está causando un desplazamiento forzado continuo o impide a las personas que ya están aquí poder regresar”, indica la oficina.
El Acnur actualmente contribuye con 36 personas especializadas para atender las nuevas solicitudes, realizar trámites de renovación, entregar permisos de trabajo a los mayores de 18 años y asistir a los funcionarios del Gobierno con las resoluciones por el fondo. Además, trabajan con la Unidad de Refugio para organizar más de 330.000 casos del archivo, así como digitalizando los expedientes.
¿Cómo solucionarlo?
El exministro de comunicación Mauricio Herrera hoy colabora con la organización Refugees International, y junto a 16 organizaciones más, como la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el Servicio Jesuita y la Universidad de Costa Rica, gestionan una propuesta para que, a través de un proyecto de ley, se faciliten las condiciones para regularizar a los refugiados.
Sus propuestas se concentran en agilizar los trámites migratorios, eliminar obstáculos para solicitar refugio, fortalecer la Unidad de Refugio y garantizar que las personas desplazadas puedan acceder a categorías migratorias estables, empleo formal y servicios públicos.
También proponen que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo mejoren la coordinación institucional, aseguren recursos para Migración y faciliten mecanismos de regularización para quienes ya viven en el país.
Además, impulsan medidas para facilitar la inserción laboral y aprovechar mejor las capacidades de esta población, incluyendo el reconocimiento de títulos y experiencia obtenida en el extranjero, campañas para que empleadores conozcan los derechos laborales de solicitantes de refugio y una mayor participación del Ministerio de Trabajo en su integración.
“Durante los años de resolución de caso, la vida de las personas no se detiene (...) Trabajan, pero muchas veces lo hacen en la informalidad. No cotizan para la Caja, no pagan impuestos y no pueden contribuir de la manera en que ellos quisieran contribuir si tuvieran una condición migratoria estable”, explicó Herrera.
“Ya estamos en conversaciones con varios despachos de diputados para presentar un proyecto de ley en el que gana todo el mundo. Ganan las personas migrantes y gana la sociedad costarricense”, expresó.
El exministro enfatizó la importancia de este paso pues rechaza las propuestas que plantean expulsiones masivas como respuesta al fenómeno.
“Hay sectores que dicen que hay que expulsarlos, pero Costa Rica no tiene capacidad para expulsar a cientos de miles de personas. Y aunque la tuviera, estamos hablando de fronteras extremadamente porosas en que las personas podrían volver. No es una solución realista y además trasgrede temas de derechos humanos”, finaliza Herrera.
Puede conocer todas las propuestas en este enlace.