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San Isidro, Argentina. Diego Maradona debió haber sido internado en una “institución de rehabilitación” por un cuadro de abstinencia alcohólica tras una neurocirugía, en lugar de en un domicilio donde murió en 2020, dijo este martes un perito en el juicio que investiga la muerte del ídolo de 60 años.
“No estaba en sus cabales, estaba cursando un cuadro de abstinencia con lo cual no era muy manejable (...), debió haber ido a una institución de rehabilitación”, dijo el médico internista Ramiro Larrea, que participó de una junta médica que analizó la muerte del ‘Diez’.
Maradona murió por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020 en una internación domiciliaria cuya pertinencia, condiciones y atención son el centro de este juicio.
“Se armó una internación domiciliaria que no fue tal, fue más bien un seguimiento domiciliario”, dijo Larrea sobre el traslado del astro del fútbol a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras haber sido operado de un hematoma subdural.
“Excitación psicomotriz, impulsión, irritabilidad, intentos de fuga”, fueron algunos de los síntomas y conductas que presentó Maradona aún en la clínica luego de la cirugía, dijo más temprano el psiquiatra José Luis Covelli al tribunal de San Isidro, cerca de Tigre.
Covelli, quien también participó de la junta médica, coincidió con Larrea: “Era un paciente con indicación para una internación institucional”
El psiquiatra puntualizó que el ídolo argentino padecía de un “síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica”.
La declaración de los dos médicos ocurre dos semanas después de que una de las defensas descubriera que parte de los exámenes renales utilizados por la junta médica para arribar a sus conclusiones correspondían al padre de Maradona, que también se llamaba Diego.
Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían ocasionar la muerte de Maradona. Todos claman inocencia y arriesgan hasta 25 años de prisión.
El proceso comenzó en abril y podría extenderse hasta octubre.
