La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó este martes a la Asamblea Legislativa retomar el texto original del proyecto de jornadas laborales 4-3, al considerar que los cambios incorporados durante su discusión en el Congreso anterior lo volvieron prácticamente inviable.
La petición se refiere al expediente 24.290, denominado “Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales para Casos Determinados que sean Excepcionales y Muy Calificados”, el cual no fue convocado por el Gobierno de Laura Fernández durante el primer período de sesiones extraordinarias.
La propuesta de ley de jornadas laborales 4-3, plantea las jornadas diurna y mixta, de 12 horas con un máximo de cuatro días consecutivos de trabajo y tres días libres, además la jornada nocturna de 12 horas con un máximo de tres días consecutivos de trabajo y cuatro días libres.
Para las jornadas de 12 horas plantea un pago adicional del 17% sobre el salario mínimo para los trabajadores en horario diurno o mixto, y del 25,5% para los de turno nocturno, a fin de compensar lo que no se ganaría por horas extra.
Según la organización empresarial, el texto original lograba un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y las necesidades de las empresas con procesos continuos de producción. Sin embargo, sostuvo que las modificaciones aprobadas en la legislatura anterior incorporaron requisitos y restricciones que dificultan su aplicación.
“Durante su discusión en el Plenario Legislativo en legislatura anterior, se aprobaron diversas modificaciones que, lejos de mejorar el proyecto, introdujeron requisitos, procedimientos y restricciones que hacen prácticamente imposible su aplicación en la práctica”, indicaron en un comunicado de prensa.
Uccaep argumentó que una legislación funcional sobre jornadas excepcionales es necesaria para fortalecer la competitividad del país, atraer inversión, generar empleo formal y brindar seguridad jurídica tanto a empresas como a trabajadores.
Por ello, pidió a los diputados eliminar las modificaciones incorporadas al proyecto y restituir el espíritu de la propuesta original. Además, reiteró su disposición de colaborar técnicamente con la Asamblea Legislativa durante la discusión del expediente.
Aunque Uccaep sostiene que las modificaciones incorporadas durante el trámite legislativo volvieron “prácticamente inviable” el proyecto, el comunicado no detalla cuáles son esos cambios.
La Nación consultó a la oficina de prensa de la organización para conocer cuáles disposiciones consideran problemáticas, pero al cierre de esta publicación la respuesta se encontraba en trámite.
Proyecto no fue convocado por el Ejecutivo en extraordinarias
El 2 de febrero, la mandataria Laura Fernández había pedido a los diputados salientes a abstenerse de aprobar la iniciativa si el texto final no cumplía con una serie de criterios, que en su parecer son necesarios para que la reforma no afecte el clima de inversión nacional.
Aunque insistió en la necesidad de aprobar una reforma que permita jornadas laborales extendidas de 12 horas, la mandataria señaló que, si no se alcanzaba un consenso sobre un texto adecuado, era preferible trasladar la discusión a la nueva legislatura, en la que el oficialismo cuenta con mayoría al sumar 31 de los 57 diputados.
Luego el 24 de febrero, la Asamblea anterior aprobó una moción impulsada por la exjefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, con la propuesta de suspender la tramitación del proyecto hasta el 30 de abril. Con esa decisión, la discusión de la iniciativa quedó en manos del nuevo Congreso.
Sin embargo, en mayo, al presentar la lista de proyectos que el Gobierno pretendía impulsar durante el primer período de sesiones extraordinarias, que son del 1.° de mayo al 31 de julio, el Ejecutivo dejó fuera el expediente sobre jornadas laborales 4-3.
Consultado sobre la iniciativa en una entrevista con La Nación, el jefe de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, explicó que el Gobierno optó por no convocar la iniciativa durante las extraordinarias porque su discusión podría retrasar el avance de otros proyectos en el Plenario Legislativo.
Indicó que era preferible esperar al inicio de las sesiones ordinarias y aprovechar el período extraordinario para impulsar otros proyectos que el Gobierno considera prioritarios, como el tren eléctrico, el crédito para emergencias y el sector agrícola.
Una vez iniciadas las sesiones ordinarias el 1.° de agosto, la iniciativa pasaría al primer lugar de la agenda, ya que cuenta con un procedimiento de vía rápida que le otorga prioridad para su discusión.
