Según el TSE, los 18 puntos que planteó el mandatario en el escrito enviado a los magistrados, no pretendían precisar qué fue lo que resolvió el ente, ni los alcances de lo ordenado, sino cuestionar los razonamientos y argumentos de la resolución.
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El ente electoral explicó, en un comunicado de prensa, que la adición y aclaración solo es admisible cuando refiere al por tanto de la resolución y que esta sección del fallo no deja dudas sobre lo resuelto.
En su mayoría, las preguntas que presentó el presidente Chaves pretendían que el TSE precisara la agrupación o partido político que se ha visto favorecido con recursos públicos o declaraciones difundidas a nivel nacional.
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El TSE emitió la resolución objetada por Chaves, al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por el politólogo Claudio Alpízar, quien alegó que el gobernante ha utilizado, “de manera sistemática”, los canales oficiales de la Presidencia de la República para promover “su proyecto político”, “mediante la eventual candidatura de un tercero afín a su línea política en las elecciones presidenciales de 2026”.
Alpízar también reclamó que el presidente habría hecho un “uso indebido de recursos estatales con fines de posicionamiento electoral indirecto”; y que estaría generando “un ambiente de ventaja injustificada para actores políticos” afines.
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En la sentencia, los magistrados afirmaron que la legítima rendición de cuentas sobre el accionar del gobierno no requiere “manifestaciones concretas y reiteradas, en las que se evidencia una intención de persuadir a las personas para que tomen una postura político-electoral específica”.
