Tres jueces de ejecución de la pena permanecen incapacitados debido a situaciones de riesgo relacionadas con amenazas y presiones, según denunció Mario Rodríguez Arguedas, juez coordinador del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela y miembro de la junta directiva de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Rodríguez aseguró, ante la Corte Plena, que dos de los casos corresponden a jueces de Alajuela y el tercero a una jueza de ejecución de la pena de Cartago. Afirmó que estas situaciones son producto de “las amenazas y las presiones que estamos recibiendo por parte del Poder Ejecutivo”.
Durante su alocución, el pasado 21 de setiembre, el juez cuestionó, además, la respuesta institucional ante la agresión sufrida por la jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo, el pasado mes de abril, cuando fue atacada a golpes por un hombre cerca de su domicilio en Heredia.
Los hechos ocurrieron el viernes 17 de abril de este año, cuando el sospechoso se apersonó a la casa de Carballo en su vehículo, acompañado de uno de sus perros, catalogado como de alto riesgo. El animal habría salido del automotor y habría mordido a la víctima en una pierna.
Según confirmó el Poder Judicial, después golpeó a la jueza con los puños. En apariencia, la increpó, la golpeó en el pecho, la empujó y la lanzó al suelo.
La agresión continuó con jalones de cabello, patadas y el arrastre de Carballo por el pavimento, lo que le provocó diversas lesiones. Las autoridades lograron la detención de Ulloa al día siguiente.
Según relató Rodríguez, la funcionaria lo contactó después del ataque y fue necesario que él realizara gestiones internas para que el caso fuera identificado como una agresión contra una integrante del Poder Judicial y se valorara si el hecho estaba relacionado con sus funciones.
“Desde el momento en que se da una situación de un compañero judicial (...) se tiene que descartar si esa agresión fue en razón de sus funciones”, sostuvo Rodríguez.
Agresión a jueza fue tratada como un caso ordinario
El juez afirmó que, en ese caso, la situación inicialmente fue atendida como un incidente ordinario y que él tuvo que contactar a distintas autoridades, entre ellas el fiscal general, Carlo Díaz, para advertir sobre la condición particular de la víctima.
“Si yo no me dirijo, si yo no tengo los números de los compañeros que estaban. Bueno, en ese momento hablé con don Carlo (Díaz, fiscal general), don Carlo obvió algunas situaciones, la situación se maneja como cualquier otro caso y era un caso de urgencia, era el caso de una agresión a una compañera judicial, en razón de sus funciones, porque la persona específicamente la increpaba por ser juez”, expresó.
Rodríguez también señaló que, pese a las situaciones de riesgo que enfrentan los funcionarios de ejecución de la pena, no ha recibido en su despacho una visita institucional para conocer las condiciones en las que trabajan o determinar si requieren medidas adicionales de seguridad.
“En el Juzgado de Ejecución de la Pena, por ejemplo, en este momento, en mi oficina no ha llegado nadie para preguntarnos a ver cómo estamos, si hay una situación”, advirtió.
Añadió que como coordinador, ha tratado de “manejar el asunto con los demás compañeros y la gente ha tenido una actitud valiente, y lo vemos, semana a semana somos noticias, y no tenemos miedo de nada. Sin embargo, me parece que como institución tenemos que dar un paso adelante para estar firmes en este proceso”.
Poder Judicial prepara una política de seguridad
Ante las preocupaciones planteadas, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala de Casación Penal, coordinador de la Comisión de Seguridad del Poder Judicial, señaló que la institución cuenta desde 2024 con un plan que contempla tres ejes: infraestructura, seguridad electrónica y seguridad humana.
Alfaro indicó que, hace tres semanas, la Corte Plena aprobó encargar a la Comisión de Seguridad la elaboración de una política operativa de seguridad.
Según explicó, esa política tendrá un énfasis especial en la protección de las personas y buscará incorporar a los distintos sectores de la institución. También señaló que las organizaciones gremiales han mostrado interés en participar en su elaboración.
Jueces piden mayor transparencia
La discusión en la Corte Plena también abrió otro frente: la necesidad de que el Poder Judicial mejore la forma en que comunica su trabajo y rinde cuentas a la ciudadanía.
Odilie Robles Escobar, jueza de ejecución de la pena del Primer Circuito Judicial de Alajuela y también integrante de la junta directiva de Acojud, pidió que la respuesta de la Corte ante las críticas no sea únicamente reactiva.
Robles planteó la necesidad de establecer una periodicidad para que la institución rinda cuentas de manera oral y en un lenguaje sencillo, de modo que la ciudadanía pueda conocer qué hace el Poder Judicial, por qué determinados trámites se retrasan y cuáles son las razones detrás de sus decisiones.
A su criterio, la defensa de la independencia judicial debe estar acompañada de una comunicación más clara con la población.
“Es necesario que la población sepa qué es lo que hace el Poder Judicial, por qué ha habido retardo en las gestiones, por qué este trámite se hace de una forma o de otra”, manifestó.
Patricia Solano cuestiona desempeño de algunos jueces
La discusión también expuso diferencias entre magistrados y representantes de los jueces sobre el desempeño de los funcionarios judiciales.
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, afirmó que los problemas de productividad no siempre pueden atribuirse a la legislación o a las condiciones institucionales, sino también al desempeño individual de los funcionarios.
Solano cuestionó los indicadores definidos por la Dirección de Planificación para los tribunales penales y cuestionó que algunos jueces se encuentren por debajo de esos parámetros.
“Cuando vemos los indicadores de Planificación, están muy por debajo de los números que, por lo menos con mi experiencia de más de 30 años en juicios, uno sabe cuál es la capacidad instalada que hay para poder responder”, argumentó la magistrada.
Como ejemplo, mencionó al propio Mario Rodríguez. Según indicó la magistrada, el funcionario habría realizado suplencias en tribunales penales y llegaba a elaborar alrededor de 35 sentencias mensuales, por encima de las metas que mencionó durante su intervención.
“En un primer momento eran 18, luego los subimos a 25, pero aquí está don Mario (Rodríguez), que hace suplencias o hacía suplencias en los tribunales penales, y don Mario sí hacía 35 sentencias, por lo menos, por mes”, afirmó.
La magistrada calificó a Rodríguez y a Robles como jueces cuyo desempeño debería servir de referencia para otros funcionarios, por lo que llamó a “promover” desde la Asociación de la Judicatura una mayor excelencia de algunos de los operadores.