El Poder Judicial reforzó las medidas de seguridad para proteger a sus funcionarios ante el aumento de los riesgos asociados con el crimen organizado y reconoce que la institución no puede garantizar que ninguno de sus 13.800 servidores sea víctima de una agresión.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala III, explicó que la institución trabaja en un plan basado en tres ejes: infraestructura, seguridad electrónica y seguridad humana.
Las acciones están en marcha desde 2024, pero cobraron mayor relevancia ante la crisis de inseguridad que golpea al país y por los recientes actos de violencia que se han presentado, incluso en las inmediaciones de los tribunales de justicia.
“Cuando el crimen organizado, cuando la delincuencia se ve menoscabada por acciones policiales, por acciones que dirige la justicia en sus diferentes manifestaciones, evidentemente que ellos procuran contraatacar porque tienen que demostrar organización y tienen que demostrar fuerza”, afirmó.
Refuerzo de edificios judiciales
El primer eje consiste en adaptar las edificaciones judiciales a un escenario de mayor riesgo.
Alfaro explicó que algunos edificios son antiguos y fueron construidos cuando la violencia asociada con el crimen organizado no representaba el mismo nivel de preocupación. Otros inmuebles son alquilados y requieren intervenciones para mejorar sus condiciones de seguridad.
En Limón y Pococí, por ejemplo, el Poder Judicial instaló cerramientos perimetrales y accesos diferenciados para funcionarios y usuarios externos. También incorporó esclusas para controlar el ingreso de personas y evitar que lleguen a las instalaciones con armas u otros objetos que puedan utilizarse para atacar.
En Batán, una de las zonas que el magistrado identifica como de “altísimo impacto” por la frecuencia de homicidios y enfrentamientos entre bandas, también se han reforzado las instalaciones.
Allí funcionan tres edificaciones: una que alberga al Juzgado Penal, la Fiscalía y el OIJ; otra donde está la Defensa Pública y una tercera para el Juzgado Contravencional.
El edificio del Juzgado Contravencional, ubicado a la orilla de la calle, ha requerido medidas como el reforzamiento de ventanas. Sin embargo, Alfaro reconoció que las condiciones actuales no permiten trasladar de inmediato a los funcionarios.
La institución ya trabaja en un proyecto para construir una nueva sede en Batán con criterios de seguridad incorporados desde el diseño. Según el magistrado, las nuevas construcciones, como la que está en proceso en Quepos, ya contemplan estos requerimientos.
Cámaras, alarmas y botones de pánico
El segundo eje corresponde a la seguridad electrónica, que incluye sistemas de control de acceso, alarmas, cámaras de vigilancia y botones de pánico instalados en diferentes despachos para ser utilizados ante situaciones de emergencia.
Alfaro indicó que han recibido apoyo de expertos de España y Estados Unidos, mediante programas de cooperación internacional, para analizar cómo deben diseñarse o modificarse las edificaciones judiciales para responder ante posibles ataques.
Entre las recomendaciones figuran el reforzamiento de casetas de seguridad, la separación de los accesos y la reducción de los desplazamientos innecesarios de usuarios. Por ejemplo, concentrar en puntos específicos diligencias como la recepción de documentos o la toma de firmas, de manera que las personas externas no tengan que desplazarse por diferentes áreas de los tribunales.
Capacitación para 13.800 funcionarios
El tercer eje es la denominada “seguridad humana”.
Alfaro explicó que el Poder Judicial no tiene capacidad para brindar seguridad personalizada a las aproximadamente 13.800 personas que trabajan en la institución. Por eso, la estrategia incluye enseñar a los funcionarios a identificar y gestionar riesgos también fuera de las instalaciones judiciales.
Entre 2024 y 2026, representantes de la institución visitaron todos los circuitos judiciales del país para capacitar al personal en autocuidado y en cómo reaccionar ante un eventual atacante activo.
“Necesitamos educarnos. Necesitamos saber que no es lo mismo ser un servidor judicial hace 15 años que serlo hoy”, manifestó Alfaro.
Entre las recomendaciones se encuentra variar las rutas habituales entre la vivienda y el trabajo, identificar lugares que podrían representar un riesgo y evitar determinadas rutinas en zonas donde existan grupos delictivos o situaciones de violencia.
El magistrado insistió en que estas medidas no pretenden que los funcionarios se encierren o dejen de desarrollar sus actividades cotidianas. “No es encerrarse. Es seguir viviendo la vida, pero sabiendo que tenemos riesgos que tenemos que gestionar”, dijo.
Protección para funcionarios amenazados
El Poder Judicial también cuenta con mecanismos para casos específicos donde un funcionario enfrenta un peligro real. Alfaro explicó que, en esas circunstancias, pueden activarse programas de protección que incluyen seguimiento, acompañamiento y apoyo psicológico, entre otras medidas.
Sin embargo, advirtió que una protección de este tipo puede implicar cambios importantes en la vida de la persona, incluso trasladarla de su vivienda a un lugar cuya ubicación sea desconocida para terceros.
“Un programa de protección significa que yo me vaya de mi casa, que me lleven a un lugar donde nadie va a saber dónde estoy yo”, explicó. Por esa razón, señaló que las decisiones deben estar precedidas por labores de inteligencia y valoración del riesgo.
Alfaro hizo un llamado a los funcionarios que sientan temor a no guardar silencio y solicitar ayuda en la Unidad de Protección de Funcionarios.
Funcionarios trabajan con temor en zonas de violencia
Las visitas realizadas por la institución también permitieron identificar el impacto que tiene la violencia en la vida cotidiana de los trabajadores, quienes se ven obligados a modificar sus rutinas durante la jornada laboral.
Mencionó como ejemplos Batán, Limón, Bribri, Talamanca y Liberia, además de otras zonas de Guanacaste donde recientemente se han registrado homicidios.
“Es muy difícil trabajar en un contexto en el que yo soy un funcionario que sale de su casa, que llega a su oficina, que por el entorno en el que trabajo no puedo salir al mediodía a comer a la soda o al restaurante”, relató.
Según describió, algunos trabajadores permanecen desde la mañana hasta el final de su jornada dentro de las instalaciones para evitar exponerse en el entorno. Pese a ello, aseguró que ha encontrado funcionarios comprometidos con continuar desempeñando sus labores.
El magistrado recordó, además, el asesinato de un oficial judicial que salió de su casa para pedir comida en un restaurante y fue atacado. El funcionario tenía una esposa que también trabaja para el Poder Judicial y varios hijos.
Menos recursos para seguridad
Las medidas de protección enfrentan, sin embargo, una limitación presupuestaria.
Alfaro indicó que el Poder Judicial había previsto cerca de ¢2.800 millones para 2027 destinados a infraestructura y otras acciones relacionadas con seguridad. Como parte de un esfuerzo de contención presupuestaria, la institución redujo ese monto en aproximadamente ¢1.000 millones, por lo que ahora dispone de alrededor de ¢1.800 millones.
El magistrado advirtió que un recorte adicional afectaría la capacidad de continuar con las medidas. “Nosotros no resistiríamos, por ejemplo, un recorte más para el 2027”, afirmó.
Nueva política de seguridad
Además de las medidas ya implementadas, el Poder Judicial trabaja en una política operativa de seguridad institucional que busca reunir en un solo documento los diferentes protocolos existentes.
Alfaro explicó que actualmente existen diversas medidas aprobadas por la Corte, pero no una política central que funcione como documento rector de toda la seguridad institucional.
La propuesta es elaborada por la Comisión de Seguridad Institucional, integrada por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Seguridad, el Ministerio Público, el OIJ y cinco magistrados. El objetivo es presentar próximamente la política a la Corte para su validación.