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En medio de cuestionamientos desde el Poder Ejecutivo —tanto en la administración de Rodrigo Chaves como en la actual de Laura Fernández— el sistema de justicia penal costarricense enfrenta una presión creciente. Desde el discurso político, el término “garantismo” se ha instalado como sinónimo de debilidad frente al crimen, una lectura que el magistrado de la Sala III, Gerardo Alfaro, rechaza.
El concepto ha sido presentado por algunos sectores como un obstáculo para combatir la delincuencia, reducido incluso a una postura permisiva. Para Alfaro, esa interpretación no solo es imprecisa, sino que desconoce el fundamento constitucional del modelo penal.
El magistrado explicó que según el artículo 39 de la Constitución, ninguna persona puede ser condenada sin que se respete el debido proceso ni sin que se demuestre su culpabilidad, por lo que durante todo el procedimiento debe ser considerada inocente, y corresponde al órgano acusador probar lo contrario.
“Ahora, si se quiere cambiar eso (...) lo que tenemos que cambiar, es la Constitución y un sistema de derecho que ha sido columna vertebral, es cambiar todos los valores que ha tenido esta sociedad costarricense”, advirtió.
Controles al poder estatal
Lejos de ser una concesión al delito, el magistrado planteó que el garantismo establece límites al poder del Estado para evitar arbitrariedades.
“Porque no se trata aquí de que usted me cayó mal a mí y entonces yo tengo el poder y como yo tengo el poder, entonces yo la mando a detener a usted y la desaparezco y no doy información de usted y entonces al mes, nos damos cuenta de que usted está detenida,” advirtió.
Ese marco no solo define principios, sino también mecanismos concretos de control dentro del proceso penal. “Si en un juicio las pruebas dicen que una persona es culpable, se le condena, pero esa persona tiene derecho a un recurso. Y ese recurso es un recurso amplio. Por eso los tribunales de apelación de sentencia son tan importantes,” señaló.
En la práctica, sostuvo, el garantismo se traduce en reglas que operan desde las primeras etapas del proceso judicial.
“Garantismo es que una persona que es vinculada con un hecho sea presentada dentro de un plazo ante un juez para que el juez le resuelva su situación jurídica. Garantismo es que un juez revise si existen elementos suficientes para considerar que hay un peligro de fuga, un peligro de obstaculización, un peligro de reiteración y dicte entonces una medida cautelar de prisión preventiva o una medida cautelar distinta de la prisión preventiva”, detalló.
No sería una reforma más, sino un cambio de modelo
Bajo esa lógica, las garantías no responden a casos individuales, sino que configuran un estándar general de protección. Alterarlo, advirtió, implicaría modificar la base misma del sistema penal.
“Si nosotros nos decidimos que eso no nos funciona y entonces aquí ya el principio de inocencia tiene que irse al carajo. La carga de la prueba le corresponde a la persona acusada y usted tiene que demostrar que usted es inocente. Si queremos algo distinto, entonces cambiemos el sistema, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que la población, que las autoridades de este país, requieren de un sistema de garantías”, agregó.
Frente a las críticas, Alfaro insistió en que las garantías no debilitan la justicia, sino que la sostienen. “Un sistema de justicia penal firme y fuerte, no es contradictorio con un sistema de garantías. Porque yo tengo que asegurarme de que esa persona a la que se acusó, a la que se condenó y se condenó en firme está bien condenada”, afirmó.
La presión del crimen organizado sobre el sistema penal
El magistrado reconoció, no obstante, que el avance del crimen organizado ha presionado el funcionamiento del sistema y ha obligado a revisar su operatividad.
En ese contexto, planteó que es necesario evaluar la continuidad de la audiencia preliminar, ya que aunque fue concebida como un mecanismo de filtro, actualmente no está cumpliendo esa función.
También consideró indispensable revisar la eficacia de las medidas cautelares, particularmente los criterios para dictar prisión preventiva, con el fin de evitar que su aplicación entre en conflicto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y termine operando como una sanción anticipada en casos donde posteriormente se determine la inocencia de la persona imputada.
El debate, así, no pasa —según el magistrado— por desmontar el sistema de garantías, sino por ajustar sus herramientas sin alterar los principios que lo sostienen.
