El asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez abrió la discusión sobre la protección de personas amenazadas durante las entrevistas a aspirantes a una magistratura de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, realizadas en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Los jueces penales Flor Sidey Salazar Fallas y Miguel Fernández Campo se refirieron a las limitaciones de los mecanismos de protección cuando una persona en riesgo rechaza las medidas que ofrece el Estado, así como a la necesidad de garantizar investigaciones diligentes ante amenazas.
El diputado Antonio Barzuna, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), consultó a Salazar sobre las posibilidades de proteger a una persona que, pese a encontrarse amenazada, rechaza incorporarse a los programas estatales de protección.
La aspirante y jueza penal de juicio, en el Primer Circuito Judicial de San José, lamentó el homicidio de Rodríguez y expresó su solidaridad con la familia del periodista y con el gremio de comunicadores.

Salazar consideró que, desde la Sala III, una de las principales contribuciones frente a la criminalidad organizada y el sicariato consiste en resolver esos casos con rigor y celeridad. Sin embargo, también señaló la importancia de revisar los mecanismos de protección de víctimas y testigos.
“Creo que podríamos revisar, hacer un diagnóstico (...) para determinar cuáles son las posibles necesidades o las limitaciones que un programa de protección, por ejemplo, implica para una persona que es periodista, que investiga y que informa. Porque probablemente, si estos programas de protección le exigen precisamente alejarse de su labor, de la investigación y del periodismo de informar, esto es lo que hace que haya un rechazo general”, manifestó.
Fernández, juez de flagrancia en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de Alajuela, también enfatizó en el caracter voluntario que tiene el mecanismo. Sostuvo que cuando una persona no acepta las medidas resulta difícil para el Poder Judicial intervenir para evitar una tragedia.
No obstante, calificó el homicidio como lamentable y señaló que los mecanismos de protección de víctimas y testigos han sido exitosos en otros casos, incluso mediante traslados y la búsqueda de lugares seguros.
Eliminar la audiencia preliminar
La posibilidad de eliminar la audiencia preliminar ha sido un tema reiterativo en el proceso de entrevistas y la sesión de este miércoles no fue la excepción.
Salazar manifestó estar de acuerdo con su eliminación, aunque advirtió que la reforma no debe limitarse a suprimir esa etapa, sino que debe redistribuir y fortalecer los controles procesales para evitar trasladar las cargas a los juicios.
Fernández, quien fue magistrado suplente de la Sala III (2021-2025) también estuvo de acuerdo. “La eliminación de la audiencia preliminar es lo que tengo yo en flagrancia, lo que vivo todos los días”, indicó.
Ampliar los juicios unipersonales
En su exposición, Fernández también destacó la necesidad de ampliar el límite de penas de los delitos que pueden ser juzgados por un tribunal unipersonal. Indicó que esa sería su principal prioridad en caso de quedar electo, como medida para combatir la mora judicial.
Actualmente, estos juzgados conocen causas por delitos sancionados con hasta cinco años de prisión, mientras que en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley que propone elevar ese límite a 10 años, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta del sistema penal.
El aspirante planteó llevar ese umbral incluso a 15 o 18 años de prisión, para permitir que los jueces unipersonales conozcan más causas y aliviar la carga de los tribunales colegiados.
El expediente 24.913 fue elaborado por el Poder Judicial y presentado por el expresidente legislativo Rodrigo Arias. La iniciativa no ha recibido respaldo del gobierno, quedando sistemáticamente excluida de las convocatorias de proyectos del Poder Ejecutivo durante la administración de Rodrigo Chaves y en el actual periodo de Laura Fernández.
