Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, convocar el proyecto de ley para prohibir que dos hombres anden en una sola moto por razones de seguridad ciudadana, así como el plan que aumentaría las penas contra los sicarios.
La jefa socialcristiana, María Marta Carballo, hizo el llamado este 6 de enero, día en que los diputados regresaron a sus sesiones. Aún quedan cuatro semanas de sesiones extraordinarias, en las que el presidente define cuáles proyectos se estudian en los diferentes órganos de la Asamblea Legislativa. A partir del 1.° de febrero, los legisladores retomarán el control.
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En la lista de iniciativas solicitada por la Unidad está la reforma a la Ley de Tránsito para implementar una restricción vehicular temporal que impida a dos hombres viajar en motocicleta durante ciertas horas y en áreas específicas, con el fin de combatir el sicariato (expediente 24137).
El plan del legislador Alejandro Pacheco permitiría aplicar la medida en provincias, cantones o distritos donde sea necesario, y en horarios específicos, “siempre que sea por razones de seguridad”.
La iniciativa sostiene que esta autorización legal extraordinaria combatiría el sicariato, en vista de que la motocicleta es un vehículo muy utilizado en este tipo de homicidios. El año pasado, el Colegio de Abogados se pronunció a favor del texto.
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A su vez, la Unidad pidió a Chaves convocar la Ley contra el sicariato, promovida por la fracción del Partido Nueva República (PNR).
Este expediente (24047) propone establecer el sicariato como un delito específico, con una pena de 25 a 35 años de prisión. La misma sanción se aplicaría tanto para el que encargue el homicidio como para el que lo ejecute. Actualmente, se aplican los tipos penales de homicidio para este tipo de casos.
La diputada jefa del PUSC citó datos revelados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según los cuales 54 personas fallecieron como víctimas colaterales de la lucha entre pandillas del crimen organizado en el 2024; ocho de esas víctimas eran niños.
Desde el 2020, han muerto 146 personas que no eran blanco de ataques criminales; el año pasado fue el periodo con más víctimas de este tipo.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, enfatizó que en los últimos tres años han aumentado los homicidios a manos de sujetos en mot, cifra que pasó de 43 en el 2021 a 208 durante el 2024. El jefe policial urgió la aprobación de iniciativas que restrinjan la circulación de dos personas en moto en los horarios en que ocurren los asesinatos.
Tanto el PUSC como el subjefe del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, enfatizaron el caso del niño Kilian Ramírez Madrigal, de nueve años, quien fue alcanzado por una bala el 25 de diciembre, en su casa de habitación, en Alajuelita.
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“Hago un vehemente llamado a mis compañeros jefes de fracción y también al Poder Ejecutivo, para que continuemos de manera vehemente tomando acciones, tanto en la Asamblea Legislativa como en el Poder Judicial y en el Gobierno, para luchar en contra del narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. No podemos seguir viendo cómo las familias lloran la muerte de sus inocentes”, puntualizó la diputada María Marta Carballo.
En diciembre pasado, el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, el liberacionista Gilbert Jiménez, rechazó las críticas que ha lanzado constantemente el presidente Rodrigo Chaves contra el trabajo de la Asamblea Legislativa.
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En declaraciones a la prensa, antes del receso de fin de año, Jiménez dijo que durante el 2024 se aprobaron reformas sobre modernización de la intervención de las comunicaciones, la regulación del arresto domiciliario con brazalete, la ley para darle recursos al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la modernización de las policías municipales y el fortalecimiento del marco sancionatorio por delitos cometidos con armas de fuego prohibidas, entre otras.
Jiménez también hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que ejecute las leyes que se han aprobado y firme las que corresponda firmar, puesto que la Asamblea ha avanzado en lo necesario para tener leyes más fuertes contra la criminalidad.
