La Comisión de Nombramientos aprobó la metodología para entrevistar a los 24 candidatos propuestos por la Corte Plena como suplentes de la Sala Constitucional.
La propuesta fue aprobada con los votos de cuatro diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y uno del Frente Amplio (FA). En contra se manifestaron dos legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN).
A finales de setiembre, la fracción del PPSO impidió la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional al aprobar una moción para devolver la nómina de los 18 candidatos a esos puestos a la Comisión de Nombramientos.
Fue precisamente la misma Sala, la que había prorrogado el nombramiento de los anteriores magistrados suplentes, para garantizar el funcionamiento de la cámara mientras la Asamblea Legislativa no elija a los nuevos.
La anterior Comisión de Nombramientos, de la legislatura anterior, ya rindió un informe sobre los 18 candidatos inicialmente remitidos. El PPSO insiste en volverlos a evaluar.
Oposición del PLN
La diputada del PLN, Janice Sandí, señaló que la metodología “está bien construida”, pero que 18 de las 24 personas ya pasaron por ese proceso.
“Ya hay un informe de esta comisión sobre esas personas (18). Entonces, si ya está devuelta acá y esta comisión, por mayoría, decidió que hay que volverlos a pasar, no se les puede pasar por el mismo tamiz que a los seis que nos acaban de enviar”, dijo Sandí.
La diputada explicó que está de acuerdo con que esa metodología se le aplique a la nueva nómina, pero no a los 18 anteriores.
La presidenta de la comisión, la oficialista Marta Esquivel, le replicó que “es un solo expediente”, que “habla de 12 magistrados”.
Sandí le respondió que son dos expedientes distintos, uno con los 18 primeros candidatos y un segundo con los nuevos seis.
“Este proceso se hizo hace más de un año, así que es indispensable hacer una revisión”, dijo Esquivel.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Joselyn Chacón, expresó sus críticas al bloqueo del PPSO para elegir suplentes, pero defendió su voto afirmativo.
“Estamos en la situación de conocer esta lista completa a esta altura, porque hubo una falta de anuencia de muchas diputaciones del periodo actual de nombrar a muchos magistrados y magistradas suplentes teniendo un informe”, dijo Chacón.
Sin embargo, señaló que apoyarán la moción: “Frente a la situación que nos pusieron, ya no queda de otra que equiparar las condiciones para todas las personas”, dijo la frenteamplista, que defendió que es una mejor metodología que en legislaturas anteriores.
La Corte Plena, encargada de proponer las candidaturas para las magistraturas suplentes, remitió inicialmente una lista de 18 nombres para cubrir nueve puestos. Posteriormente, envió seis candidaturas adicionales para completar la lista requerida para la elección de las 12 suplencias.
Moción aprobada
La moción aprobada establece la metodología que seguirá la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para seleccionar a 12 magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
El documento define el perfil profesional que se busca, los requisitos que deben cumplir los aspirantes y la documentación que deberán presentar para participar en el proceso. Entre los aspectos que se tomarán en cuenta figuran la formación jurídica, la experiencia profesional, el conocimiento del derecho constitucional y parlamentario, la probidad y los antecedentes disciplinarios.
La propuesta también establece un mecanismo de revisión de los atestados y de verificación de información ante distintas instituciones públicas. Los aspirantes deberán aportar declaraciones y certificaciones relacionadas con sus obligaciones tributarias y sociales, eventuales sanciones o investigaciones disciplinarias y su trayectoria profesional.
Además, deberán informar si han representado o asesorado jurídicamente a personas investigadas, acusadas o procesadas por delitos relacionados con el narcotráfico, la legitimación de capitales vinculada con esas actividades o la delincuencia organizada.
La metodología contempla la posibilidad de que la ciudadanía presente objeciones fundamentadas contra las candidaturas.
En cuanto a la calificación, el 70% de la nota corresponderá a los atestados y el 30% a una entrevista ante los legisladores.