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Los cuatro jefes de las fracciones del bloque democrático de oposición anunciaron este martes, en el lobby del plenario de la Asamblea Legislativa, que presentarán un incidente de desobediencia contra el Partido Pueblo Soberano (PPSO), ante la Sala Constitucional, por bloquear nuevamente la elección de magistrados suplentes para ese tribunal.
Así lo confirmó el jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta, en una conferencia de prensa, después de que los oficialistas aprobaron una moción para devolver la lista de los 18 candidatos a las magistraturas suplentes a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, para que este órgano verifique si todas las personas de esa lista mantienen su interés de ser nombradas en las suplencias.
“Es evidente que hay desobediencia, un desacato, un incumplimiento de la orden de la Sala Constitucional. Es evidente el incumplimiento, una nueva táctica dilatoria, un atraso más. Claramente, es una moción que no está establecida en el Reglamento legislativo, según el artículo 154 reglamentario”, explicó Villalta.
De hecho, cuando el pleno del Congreso toma la decisión de devolver un expediente a una comisión legislativa, lo debe hacer al amparo del artículo 154 del Reglamento de la Asamblea, donde se establece esa posibilidad para la mayoría de asuntos, pero con una moción donde claramente lo señale.
El argumento de los opositores es que, si el oficialismo pretendía devolver la lista de candidatos a magistrado suplente debía hacerlo con el aval de 38 congresistas y no con una mayoría simple, pues enfatizaron que, tal como se requiere la mayoría calificada para elegir a una magistratura, se requiere la misma votación para frenar o impedir esa elección.
‘Es una burla al pueblo y a la justicia constitucional’
El jefe de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, aseguró que las acciones del oficialismo constituyen “una burla al pueblo costarricense, a la justicia constitucional y a la Sala Constitucional”.
El vocero verdiblanco reclamó que ese tipo de cosas sucedan en el país y añadió que equivale a una “ruptura del orden constitucional”, por ser el desacato de un “mandato muy claro” de la Sala Constitucional.
“Nos preocupa muchísimo el procedimiento seguido. Devolver la nómina apenas con 27 votos a la comisión no se podía. Esto requería 38 votos. Es de lo que hemos venido hablando hace rato”, dijo el liberacionista.
Ramírez acusó que hay una guerra del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y un deseo declarado del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, por tomar el control del Poder Judicial. “Es una guerra absurda y peligrosa desde el gobierno contra los órganos del Poder Judicial. Es un episodio más de esa guerra”, dijo.
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