La Sala Constitucional resolvió este miércoles que el proyecto de ley que busca fomentar los vuelos baratos entre Costa Rica y Centroamérica no presenta los vicios de forma ni de procedimiento señalados por la bancada de gobierno, un diputado de Liberación Nacional y un congresista socialdemócrata.
La iniciativa, impulsada por el Partido Liberal Progresista (PLP), fue aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre, con el respaldo de 29 votos.
El proyecto propone un costo máximo de $100 para boletos de ida y vuelta hacia cualquier país de Centroamérica y de $50 para trayectos solo de ida. Asimismo, establece que los impuestos y tarifas aeroportuarias no deberán superar los $23 por país.
En cuanto a los vuelos hacia República Dominicana, el documento contempla un límite de $120 para viajes de ida y vuelta y de $60 para boletos de ida.
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Una semana después de la aprobación del proyecto en un primer debate, ocho diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto con el liberacionista José Joaquín Hernández y el socialcristiano Carlos Andrés Robles, presentaron una consulta facultativa ante la Sala Constitucional. Los diez diputados argumentaron que la propuesta presentaba vicios tanto de forma como de fondo.
En el documento enviado a los magistrados de la Sala Constitucional, los legisladores afirmaron que el vicio de forma radica en la omisión de consulta al Poder Judicial. Según señalaron, la rebaja del impuesto a los boletos de avión “provoca una reducción en los ingresos ordinarios del Gobierno Central, sobre los cuales se calcula el monto del Presupuesto Nacional que le corresponde al Poder Judicial”.
De acuerdo con los legisladores, el proyecto de vuelos económicos propone disminuir de $9,65 a $5 el monto del impuesto de salida correspondiente al Gobierno Central, lo que, a su parecer, afecta de manera “directa” los recursos del Presupuesto Nacional.
En cuanto a los aspectos de fondo, los congresistas alegaron que la iniciativa vulnera el principio de equilibrio presupuestario debido a la reducción de los ingresos que provienen del impuesto de salida. Indican que, al reducir la capacidad económica del Estado, se podría dificultar que el mismo cumpla con sus obligaciones y funciones, establecidas por ley.
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Asimismo, argumentaron que el proyecto vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, transgrede los principios de no discriminación, interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad ética y libre competencia.
Los magistrados de la Sala Fernando Cruz, Luis Fernando Salazar, Paul Rueda y Fernando Castillo, consignaron la sentencia.
Sin embargo, la magistrada Anamari Garro salvó el voto y determinó, según su criterio, que sí existe un vicio de inconstitucionalidad por la “ausencia de estudios técnicos que justifiquen la propuesta o demuestren que podría existir un impacto positivo en las finanzas públicas”.