Los diputados del partido de gobierno, junto con un legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) y otro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), frenaron el proyecto de vuelos baratos a Centroamérica mediante la presentación de una consulta de constitucionalidad a la Sala IV.
En la gestión, tramitada este martes, se alegó que existieron vicios de inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, en el trámite de la iniciativa promovida por el Partido Liberal Progresista (PLP), la cual ya fue aprobada en primer debate por el Congreso,
Como vicio de forma, se reclamó que no hubo consulta al Poder Judicial, porque bajar el impuesto a los tiquetes de avión “provoca una reducción en los ingresos ordinarios del Gobierno Central, sobre los cuales se calcula el monto del Presupuesto Nacional que le corresponde al Poder Judicial”.
El proyecto reduciría los impuestos y las tarifas aeroportuarias al Istmo a $23 por tiquete, siempre que la tarifa del vuelo no exceda los $100 en el caso de viajes de ida y vuelta, y de $50 en los de solo ida. La tarifa incluye asiento y el derecho a llevar un objeto debajo de la silla.
En el caso de República Dominicana, la iniciativa establece que el monto máximo del tiquete podrá ser de $120 en el caso de un viaje ida y vuelta, y de $60 si es un tiquete solo de ida.
Según los 10 firmantes de la consulta constitucional, esa reducción genera una afectación directa sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que no haberlo consultado sería un vicio sustancial.
En la argumentación se indicó que el proyecto de vuelos baratos reduce de $9,65 a $5 el monto que le corresponde al Gobierno Central del impuesto de salida, “lo que tiene una incidencia directa sobre los ingresos del Presupuesto Nacional”.
“El artículo 177 de la Constitución Política dispone que al Poder Judicial se le designará un 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Esa afectación se estaría trasladando a ese otro poder, pues cuanto menor sea el monto final de ingresos ordinarios, menor será el monto absoluto que se le podrá transferir”, advierten los firmantes.
En el documento presentado se pregunta a los magistrados si esta ausencia de consulta puede constituir un vicio de forma.
Aparte de los ocho diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) también firmaron la consulta el liberacionista José Joaquín Hernández y el socialcristiano Carlos Andrés Robles.
Diputados alegan impacto para el Estado
En cuanto a los aspectos de fondo, los legisladores oficialistas argumentaron que hay una lesión al principio de equilibrio presupuestario, debido a la reducción del monto que recibe el Estado por el impuesto de salida.
“Estos resultados son preocupantes por cuanto reducen la capacidad económica del Estado para cumplir diversas obligaciones y funciones que la ley le ha designado”, dicen los congresistas.
En segundo lugar, señalan una lesión al principio de legalidad y seguridad jurídica, así como una lesión a los principios de no discriminación, de interdicción de la arbitrariedad y de razonabilidad ética.
Finalmente, aseguran que hay una lesión al principio de la libre competencia, en el sentido de que la regulación de las actividades económicas no deben impedir, entorpecer ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni internacional.
Además, alegan que el proyecto violenta el artículo 7 de la Carta Magna, donde se dispone que los tratados públicos, convenios internacionales y los concordatos tienen autoridad superior a las leyes, por lo que consideran que el plan de vuelos de bajo costo crea condiciones especiales para los países de Centroamérica, y genera un incumplimiento de la Convención de Aviación Civil Internacional o Convención de Chicago.
