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La exdiputada Pilar Cisneros llegó este viernes a las 7:39 a. m. a la sede de la Fiscalía General de la República, luego de ser citada a declarar en la causa penal por presunto financiamiento electoral ilegal de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022.
Cisneros llegó en compañía de su abogado, José Francisco Madrigal. “Mi conciencia, limpiecititica”, dijo.
Ella aseguró que su defensor decidirá qué es lo que sigue.
La exjefa de la fracción oficialista en el Congreso y actual asesora de comunicación ad honórem de la Presidencia de la República fue convocada este jueves, a las 3:10 p. m., a las afueras de la Casa Presidencial, luego de siete intentos del Ministerio Público por notificarle la citación a rendir la declaración indagatoria.
Cisneros cuestionó que el fiscal general, Carlo Díaz, sabe dónde trabaja y dónde ha estado, así como que tiene el mismo número telefónico y la misma residencia desde hace años y lo calificó de incompetente.
Sin embargo, la Fiscalía General enumeró los siete intentos que realizó de notificar a la exdiputada. Incluso, la semana pasada, una persona que por vía telefónica se identificó como el esposo de Cisneros, reveló que ella se encontraba fuera del país.
Debido a esa información, el Ministerio Público emitió una alerta migratoria para recibir cualquier alerta si ella sale o entra al país.
“Es absolutamente falso lo que dicen. Ellos dicen que mi esposo les contestó el 20 de agosto. Bueno, resulta que mi esposo estaba conmigo, fuera del país. A menos que mi esposo se pueda desdoblar, es absolutamente falto”, comentó.
También alegó que los fiscales encargados del caso “no pueden ser tan absolutamente inútiles de no saber dónde localizarme; ustedes (los periodistas presentes) son los principales testigos. Yo llego todos los días a la Casa Presidencial”, alegó.
Sobre el caso de fondo del presunto financiamiento irregular de la campaña de 2022, Cisneros dijo que no conocía el expediente y su abogado agregó que sobre el asunto no iban a brindar ninguna declaración.
A diferencia de Cisneros, la Fiscalía confirmó que ya declararon las otras tres personas que ya no tienen inmunidad parlamentaria.
Los otros tres imputados en la causa, ya sin inmunidad, son los exdiputados Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera, quien actualmente trabaja como presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), en el gobierno de Laura Fernández.
De hecho, Pilar Cisneros confirmó que Nájera le comentó sobre la indagatoria que le hicieron a ella, y afirmó que también había comentado brevemente con el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien también figura como imputado.
No obstante, en el caso del expresidente de la República y de Stephan Brunner, quien era el tesorero de la campaña electoral 2022, aún gozan de la inmunidad, uno como ministro del gabinete y el otro como diputado de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por lo que figuran en un expediente aparte, que no puede avanzar mientras ellos tengan ese fuero.
¿Por qué debe declarar Pilar Cisneros?
Pilar Cisneros figura como imputada en la causa penal por la presunta estructura paralela de financiamiento electoral de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022.
El Ministerio Público les atribuye a las seis personas la comisión de presuntos delitos electorales. Según comunicó la Fiscalía, se captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes, tal como lo reveló La Nación en marzo de 2022.
Según la Fiscalía, la campaña de Chaves y el PPSD se habría beneficiado de dos estructuras paralelas. Una operó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del exdiputado Waldo Agüero, quien figura como imputado en esta causa.
En criterio del Ministerio Público, ambas vías de financiamiento “operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
