Un funcionario logró notificar a Cisneros este jueves 3 de setiembre, cuando ella convocó a una conferencia de prensa improvisada en vía pública, en Zapote, para cuestionar el porqué no la habían notificado.
El Ministerio Público argumentó que, antes de ello y de la alerta migratoria, intentó notificarla en su vivienda y mediante cinco llamadas telefónicas a números vinculados con ella. Sostuvo que las gestiones constan en el expediente 26-000077-0033-PE.
- 6 de agosto: funcionarios acudieron a la casa de habitación registrada para Cisneros.
- 17 de agosto: se realizó un segundo intento de notificación en la vivienda. En uno de los intentos de notificación física, se recibió como respuesta que la persona ya no residía en ese sitio.
- 20 de agosto: la Fiscalía realizó tres llamadas telefónicas a igual cantidad de números registrados a nombre de Cisneros.
- 20 de agosto: se efectuó una cuarta llamada. Respondió un hombre que se identificó como esposo de Cisneros e indicó que ella estaba fuera del país. También proporcionó otro número para contactarla.
- 25 de agosto: funcionarios llamaron al número facilitado por el esposo. Una persona respondió que Cisneros no se encontraba.
La Fiscalía aseguró que, tanto durante las visitas a la vivienda como en las llamadas, dejó un número telefónico de la Fiscalía para que Cisneros pudiera establecer contacto.
La exlegisladora ahora deberá presentarse este viernes 4 de setiembre, a las 8 a. m.
Cisneros cuestionó los intentos para localizarla
Antes de recibir personalmente la citación este jueves, Cisneros cuestionó ante los medios de comunicación que las autoridades no hubieran conseguido ubicarla. La exdiputada sostuvo que mantiene desde hace años la misma vivienda y número telefónico.
También, afirmó que asiste diariamente a trabajar a Casa Presidencial, aunque no es funcionaria en planilla.
Tras concretar la citación, la Fiscalía comunicó a la Dirección General de Migración y Extranjería que debía dejar sin efecto la alerta migratoria que había solicitado contra Cisneros.
El Ministerio Público explicó que este mecanismo se utiliza en algunos procesos cuando las autoridades no consiguen ubicar o notificar a una persona. La institución calificó el procedimiento como una gestión ordinaria dentro de este tipo de casos.
Investigación se relaciona con campaña electoral de 2022
La causa contra Cisneros corresponde a un expediente derivado de la investigación principal sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El expediente identificado con el número 26-000077-0033-PE, surgió después de que cinco personas investigadas dejaron de contar con inmunidad. El Ministerio Público tramitó entonces un testimonio de piezas para continuar el procedimiento.
Además de Cisneros, figuran como imputadas el excanciller Arnoldo André y los exdiputados Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera. Según la Fiscalía, todos ya fueron citadas y sometidas a indagatoria, por lo que Cisneros era la única pendiente de cumplir ese trámite.
La investigación se desprende del expediente principal 22-000116-1218-PE, en el cual el Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y contra el exvicepresidente y actual diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Stephan Brunner.
La Fiscalía atribuye a las personas presuntos delitos electorales. Según la tesis del Ministerio Público, durante la campaña se captaron recursos y se pagaron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que no fueron reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Colaboraron con esta información: Sebastián Sánchez y Aarón Sequeira.
