La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, defendió que el Poder Judicial no busca un aumento de recursos, sino contar con el presupuesto necesario para garantizar su funcionamiento.
“El Poder Judicial sigue en la línea que ya inició: una defensa del presupuesto que necesitamos para trabajar. No estamos pidiendo más, es el presupuesto que necesitamos para funcionar”, afirmó Vargas.
La magistrada añadió que esa defensa se hará “por las vías legales que el ordenamiento jurídico nos da”. La jerarca apuntó que trabajan en un “plan b”, aunque confía en las acciones judiciales que interpusieron.
“El Poder Judicial tiene que prepararse para el peor escenario, porque tenemos esa responsabilidad con la ciudadanía”, dijo Vargas.
La magistrada señaló que deberán buscar alternativas si, por ejemplo, la institución no puede pagar las licencias informáticas necesarias para notificar a las personas usuarias. También advirtió sobre las consecuencias de mantener congeladas las plazas y sobre qué ocurriría si un funcionario se retira y su puesto no puede ser reemplazado.
“Probablemente eso suponga el cierre de ese despacho. Esto supondría decisiones drásticas que van a afectar a la ciudadanía y nos tocará decidir cuáles son esas decisiones y cómo abordarlas”, explicó.
El Poder Judicial enfrenta restricciones de casi ¢30.000 millones dentro del presupuesto ordinario 2027, impuestas por el gobierno y refrendadas por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Vargas pone condiciones para diálogo
La magistrada confirmó que analizará reunirse con la presidenta de la República, Laura Fernández. Sin embargo, no brindó más detalles.
La nueva presidenta se mostró abierta al diálogo; sin embargo, estableció los límites: “La buena fe, el respeto personal, no hay lugar para ataques degradantes ni afirmaciones que dividen en vez de construir. Esas son las condiciones mínimas con las que yo me sentaría a conversar con cualquier persona”, sostuvo Vargas.
Agregó que espera construir relaciones con los otros poderes de la República desde el “respeto de las competencias” de cada uno. Además, pidió “no degradar la discusión con ataques personales, que dividen o polaricen”.
Aclaró que esto no implica cerrar las puertas a los cuestionamientos, sino plantearlos desde el respeto.
“Críticas válidas de la ciudadanía tienen que ver con el tema del rezago judicial; que la podemos explicar en parte sí y en parte no, pero ciertamente la ciudadanía tiene derecho a exigir justicia pronta. Ahí la crítica es atendible”, dijo Vargas.
Vargas explicó que ningún alto jerarca del Poder Judicial asistió a la inauguración del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco) debido a que lo penitenciario es competencia del Ministerio de Justicia, adscrito al Poder Ejecutivo.
“Así como los magistrados y magistradas no van a la inauguración de carreteras y centros de salud, el tema de lo carcelario tampoco era un tema propicio para que un magistrado asistiera. Todo lo que tiene que ver con la etapa de la ejecución de las sanciones, de lo penitenciario es resorte del Ejecutivo”, explicó.
Mejorar la comunicación será clave
La magistrada señaló que uno de sus ejes de trabajo será fortalecer la comunicación institucional, con el fin de que la ciudadanía conozca mejor la labor del Poder Judicial y sus actuaciones.
No obstante, defendió que la ciudadanía confía en el Poder Judicial, pues cada año ingresan nuevos asuntos que requieren una respuesta de la institución. “Si no confiaran, no buscarían una respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.
La magistrada explicó que históricamente el Poder Judicial ha sido cuidadoso en preservar la imparcialidad de los jueces, quienes deben mantener distancia de las partes involucradas en un conflicto para garantizar que sus decisiones se basen únicamente en la ley.
Explicó que durante mucho tiempo se consideró que las sentencias debían explicarse por sí mismas, sin necesidad de mayores aclaraciones.
Sin embargo, sostuvo que las formas de comunicación han cambiado y que las redes sociales, aunque facilitan la discusión, también “abren espacios para que se hagan críticas sin fundamento a las instituciones”.
Por ello, sostuvo que el Poder Judicial debe aprender a comunicar sus decisiones de manera más sencilla y explicar las razones detrás de sus resoluciones, especialmente en los asuntos de mayor interés para la ciudadanía.
La magistrada aclaró que esa comunicación no significa que los jueces deban tomar decisiones para complacer a la población, pues su obligación es aplicar la ley, aunque eso implique que una de las partes quede inconforme, pero “explicarlo de forma sencilla y clara”, reiteró.
Reconoció que su elección también responde al deseo de la Corte de “enviar un mensaje” a la ciudadanía de que sus integrantes “están trabajando juntos”.
Asimismo, interpretó su llegada a la Presidencia como una oportunidad de “renovación”, no en términos de edad o de antigüedad en la magistratura, sino mediante una visión más moderna y cercana a la ciudadanía.
“La Presidencia tiene que entenderse como un trabajo en equipo, en conjunto. Somos un cuerpo único”, afirmó.
Segunda mujer en dirigir la Corte
“Me enorgullece ser la segunda mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Vargas.
Únicamente Zarela Villanueva (2013-2017) había dirigido ese poder en sus 200 años de historia. Por primera vez mujeres dirigen los tres poderes de la República: Laura Fernández, en el Ejecutivo; Yara Jiménez, en el Legislativo; y Vargas, en el Judicial.
A ellas se suma Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), órgano independiente con rango de poder, según la Constitución.
Agregó que espera que estas decisiones les abran las puertas a las jóvenes y niñas para aspirar a ese tipo de cargos.