El jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y presidente de la Comisión de Hacendarios, Nogui Acosta Jaén, propuso recortar en ¢250.000 millones una serie de partidas presupuestarias de programas sociales para cubrir el dinero faltante en otros programas, como las pensiones que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para las personas más pobres.
Se trata de una propuesta incluida en la moción 18 del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional de la República para el ejercicio 2027, que actualmente se tramita en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Dicha moción establece una reducción multimillonaria que afecta a varios programas sociales, entre ellos la operación de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái), el programa de atención a las personas indigentes de la CCSS, los programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para menores de edad de la red de cuido y de los jóvenes egresados de albergues del PANI, así como recursos para el Fondo de Subsidio a la Vivienda (Fosuvi).
Se trata de recursos asignados a dichos títulos presupuestarios provenientes, por transferencia, desde el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). La moción 18 buscaría, en principio, cubrir nuevamente huecos presupuestarios no atendidos en programas como las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja.
Ya el PPSO había recurrido a una medida similar en el Presupuesto Nacional 2026, a través del Primer Presupuesto Extraordinario para el Ejercicio Económico 2026.
Esa modificación se aplicó en junio de este año y significó recortes por ¢70.000 millones en al menos dos programas sociales, administrados por la CCSS, para transferir esos recursos a las personas más pobres.
En declaraciones a La Nación, el vocero del gobierno aseguró que la distribución de los recursos del Fodesaf data del 2009 y alegó que no refleja la realidad de la economía de hoy y las condiciones demográficas del país.
Señaló, por ejemplo, que un criterio de la Procuraduría General de la República estableció que los recursos del Fodesaf deben destinarse a poblaciones más vulnerables y por eso se integraron, en el Presupuesto Nacional, ¢160.000 millones al seguro estatal para las personas indigentes.
“Hay que hacer esta redistribución para cumplir con una serie de obligaciones, particularmente el Régimen No Contributivo, Conapdis y otros programas para apoyar a grupos más desfavorecidos”, indicó.
Acosta negó que el problema fuera que se hubieran cometido errores en la presupuestación y achacó la situación a la presunta obligación legal de presupuestar “de manera diferente a las necesidades de la realidad de hoy”.
“Nos vemos en la necesidad de hacer una redistribución de acuerdo con las necesidades reales de la gente”, apuntó.
En esta ocasión, la moción de Nogui Acosta plantea quitar:
- ¢56.474 millones a varios programas de atención de los CEN-Cinái.
- ¢156.369 millones del programa de atención de personas indigentes de la CCSS
- ¢911 millones de los programas de atención alimentaria de la Red de Cuido y de jóvenes egresados de los albergues del PANI
- ¢33.314 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi)
La propuesta de Nogui Acosta es repartir esos recursos entre otros programas sociales, incluyendo asociaciones y fundaciones que atienden a adultos mayores, las becas Avancemos del IMAS, comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP) y, en mayor medida, las pensiones para adultos mayores en situación de pobreza, entre otros.
Específicamente, la repartición de esos ¢250.000 millones quedaría de esta forma:
- ¢4.222 millones para asociaciones y fundaciones que atienden personas adultas mayores del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)
- ¢15.737 millones del programa de becas Avancemos del IMAS
- ¢5.658 millones del programa de comedores escolares del MEP
- ¢27 millones para servicios en ciencias de la salud del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
- ¢636 millones del financiamiento para programas empresariales del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronamype)
- ¢8.206 millones del Programa Nacional de Empleo (Pronae)
- ¢12.149 millones de transferencias para personas con discapacidad en situación de pobreza del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis)
- ¢100 millones para materiales y productos eléctricos del Fodesaf
- ¢144.761 millones para pensiones de adultos mayores en situación de pobreza de la CCSS
- ¢30.920 millones para atención de familias en situación de pobreza del IMAS
- ¢27.648 millones para programas de atención de personas menores de edad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
