Cuando era ministro de Hacienda, el actual diputado Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fustigó las normas de ejecución presupuestaria que la Asamblea Legislativa incorporaba al Presupuesto Nacional porque, según decía, le restaban flexibilidad al gobierno para administrar los recursos, dificultaban la gestión de las instituciones y obligaban al Ejecutivo a regresar al Congreso para hacer movimientos presupuestarios.
Ahora, como diputado, Acosta defiende las normas presupuestarias planteadas por el gobierno de Laura Fernández en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. El contraste es particularmente evidente en las disposiciones que afectan el uso de las plazas vacantes y los movimientos entre partidas del Poder Judicial.
Esas son precisamente dos de las consecuencias que Acosta cuestionaba cuando estaba al frente de Hacienda: sostenía que las restricciones sobre plazas podían afectar la prestación de servicios y que las limitaciones para trasladar recursos obligaban a las instituciones a acudir al Congreso mediante presupuestos extraordinarios, en lugar de permitirles administrar sus recursos de acuerdo con sus necesidades.
Nogui Acosta admite el cambio de criterio
Consultado por La Nación el miércoles 16 de setiembre sobre la coherencia entre las normas a las que se opuso cuando era ministro, Acosta respondió: “Las normas le agregan rigidez al presupuesto y lo hemos señalado de manera importante”.
Sin embargo, agregó que ahora es el Poder Ejecutivo el que decidió incorporarlas al proyecto de presupuesto. “Hay un cambio de criterio de parte del nuevo ministro de Hacienda. Yo creo que es un tema de respetar. Ellos las incorporaron, vamos a analizarlas y cuál es el resultado que ellos buscan”, declaró.
Ante la pregunta de La Nación sobre sus anteriores cuestionamientos, incluso sobre la legalidad de esas disposiciones, respondió: “No he cambiado mi criterio personal, pero el criterio del Poder Ejecutivo puede cambiar”.
Acosta fue ministro de Hacienda durante los cuatro años de la administración de Rodrigo Chaves y actualmente dirige la bancada del PPSO. Por su parte, Chaves, quien dejó la presidencia el 8 de mayo, ocupa actualmente los ministerios de la Presidencia y de Hacienda.
Acosta decía que las normas no mejoraban la eficiencia
El 28 de junio de 2022, siendo ministro de Hacienda, Acosta compareció ante la Comisión de Hacendarios para referirse al segundo presupuesto extraordinario de ese año.
En esa ocasión, alegó que las normas de ejecución presupuestaria habían surgido como mecanismos para ejercer un control riguroso sobre la utilización del Presupuesto Nacional, pero que la experiencia demostraba que no habían producido el resultado esperado.
“Lo que nos mostró la realidad fue que no se ganó en eficiencia, sino que se incrementó el costo de poder hacer esas gestiones”, dijo.
Acosta sostuvo que algunas de esas disposiciones incluso habían generado problemas para la gestión de los servicios públicos. Utilizó al Ministerio de Hacienda como ejemplo, citando que la institución había perdido 240 plazas.
“Hemos perdido plazas de subdirectores que eran importantes para la gestión de la organización que, por una disposición de ley, yo, tuve que desechar”, declaró.
“El ejercicio del control político en el presupuesto es suficiente, es profunda, es clara y estas normas en lugar de beneficiar la gestión del Estado, más bien han generado un problema particular”, sostuvo.
Sin embargo, ahora la propuesta presupuestaria elaborada por el ministro Chaves contempla las mismas normas que criticó Acosta. La disposición 8 congela el uso de plaza vacantes en los ministerios y sus órganos desconcentrados, salvo autorización de la Autoridad Presupuestaria.
En el caso del Poder Judicial, la norma 12 también impide el uso de plazas vacantes y obliga a aportar un estudio técnico de costo-beneficio de la Contraloría General de la República (CGR), conocido por Corte Plena y posteriormente remitido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para su aprobación final.
También reclamaba por los movimientos presupuestarios
El 28 de junio de 2022, durante otra comparecencia ante la Comisión de Hacendarios, Acosta explicó que los presupuestos extraordinarios quitan tiempo y esfuerzo, “pero adicionalmente una serie de condicionalidades en la gestión del presupuesto de la República”.
Por eso, propuso regresar al esquema anterior, en el que el Poder Ejecutivo podía realizar una mayor cantidad de modificaciones mediante decretos.
Dos años después, Acosta volvió a explicar ese mismo argumento ante la Comisión de Hacendarios el 3 de setiembre de 2024. El entonces diputado José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), le preguntó qué tenía el gobierno en contra de las normas de ejecución presupuestaria.
Acosta respondió: “Lo mismo por lo cual ustedes se las quitaron al OIJ, porque genera una rigidez al uso de los recursos. Hoy no podemos hacer modificaciones presupuestarias que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos, sino que tenemos que venirlos a llenar de presupuestos extraordinarios a ustedes para que se puedan aprobar”, respondió.
No obstante, la norma 10 del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 restringe los traslados o movimientos entre subpartidas del Poder Judicial. Para realizar esos movimientos, la institución deberá tramitar y obtener la aprobación de un presupuesto extraordinario.
Pilar Cisneros también cuestionaba esas restricciones
La posición tampoco era exclusiva de Acosta dentro del oficialismo de la administración Chaves. Pilar Cisneros, quien entonces era jefa de la fracción, cuestionó igualmente las normas de ejecución presupuestaria.
El 30 de julio de 2024, Cisneros planteó que la regla fiscal ya imponía límites estrictos al crecimiento del gasto y cuestionó que, adicionalmente, las normas obligaran a los ministerios a acudir a la Asamblea Legislativa para realizar movimientos en sus presupuestos.
“Con la regla fiscal, dejan de tener sentido, pues los presupuestos ahora tienen un límite muy estricto y esas normas le quitan el manejo a los ministerios, para hacer cambios en el presupuesto, obligándolos a venir a la Asamblea Legislativa”, señaló.
“¿Tendrá sentido mantener esas normas presupuestarias en tiempos de regla riscal? ¿Usted cree o ve prudente que sigamos incluyendo nuevamente esas normas abiertamente inconstitucionales?”, preguntó.
La entonces jefa oficialista sostuvo además que los atrasos generados por el trámite legislativo podían traducirse en costos para el Estado.
Acosta ahora defiende el control legislativo
No obstante, Nogui Acosta ahora defiende la intervención de la Asamblea Legislativa en el uso de las plazas del Poder Judicial.
“Es que yo creo que desde el punto de vista del ejercicio del control presupuestario es una forma de asegurar que se utilicen eficientemente los recursos”, alegó.
Cuando se le preguntó si era conveniente dejar la decisión sobre el uso de plazas vacantes en una decisión política discrecional de los diputados, indicó que “la pregunta es si la estabilidad fiscal es un tema político o es un tema técnico”.
“Y yo creo que la respuesta que tengo yo es que el presupuesto sigue siendo el reflejo de una visión política de Estado”.