La Fiscalía General enfrentaría el próximo año limitaciones para investigar delitos como el narcotráfico, los delitos sexuales y la violencia doméstica, de aprobarse la norma incluida por el gobierno de Laura Fernández en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 que condiciona el uso de plazas vacantes del Poder Judicial a la autorización de un grupo de diputados.
Carlo Díaz, fiscal general de la República, explicó que de las plazas que se verían afectadas por esta disposición, 25 corresponden a funcionarios vinculados con investigaciones de narcotráfico y otras 33 están destinadas a atender delitos sexuales y violencia doméstica. El jerarca subrayó que estas últimas plazas cumplen funciones dirigidas a atender personas en condición de vulnerabilidad.
“Esto va a generar prácticamente un caos”, afirmó Díaz, quien señaló que la medida obligaría al Ministerio Público a definir qué investigaciones puede mantener y cuáles tendrá que dejar de atender.
“Vamos a tener que dejar de investigar narcotráfico y solo vamos a poder atender lo que ya teníamos prácticamente en curso”, precisó.
La norma 12 establece restricciones para utilizar plazas vacantes del Poder Judicial. Estas solo podrían ocuparse después de un estudio técnico de costo-beneficio de la Contraloría, conocido por la Corte Plena y posteriormente remitido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para su aprobación final.
Sin correo electrónico
A la afectación por las plazas se suma otra disposición presupuestaria que, según Díaz, compromete recursos destinados a tecnología de la información.
Se trata de la norma 9, que bloquea casi ¢29.844 millones del presupuesto judicial, distribuidos en 313 subpartidas de los programas 926, 927, 928, 929, 930 y 950. El monto equivale aproximadamente al 5,62% de la asignación presupuestaria de 2027.
El principal rubro afectado sería el de tecnología, con un bloqueo de ¢10.256,8 millones.
El fiscal general explicó que el Ministerio Público utiliza herramientas de Microsoft para servicios esenciales, entre ellas el correo electrónico y los mecanismos que permiten realizar audiencias virtuales. Las licencias para estos servicios no se podrían pagar.
“Con solo no tener un correo electrónico y no poder hacer audiencias virtuales, ya hay una afectación enorme”, afirmó.
Díaz explicó que el problema se extendería a otros trámites porque las notificaciones de la Fiscalía también se realizan mediante correo electrónico. Sin ese mecanismo, añadió, se dificultaría el proceso necesario para realizar juicios, audiencias y trámites relacionados con las prisiones preventivas.
El fiscal general describió la situación como una “reacción en cadena”, porque la afectación de un servicio termina comprometiendo otros procesos de la institución.
Fiscalía tendría que volver al papel
Díaz puso como ejemplo las consultas que los periodistas realizan al departamento de prensa del Ministerio Público. Actualmente, esas gestiones se hacen por medios electrónicos.
Si la institución perdiera el acceso al correo electrónico, explicó, los periodistas tendrían que presentar sus consultas en papel y la Fiscalía tendría que responder por la misma vía.
“Ustedes tendrían que venir a dejarnos una hojita con su consulta y nosotros tendríamos que responder también a través del papel”, dijo.
El problema, agregó, es que el Poder Judicial había establecido políticas de cero papel y los recursos disponibles para comprarlo tampoco serían suficientes para sostener ese sistema durante mucho tiempo.
Según su proyección, el papel disponible podría alcanzar apenas para un mes.
Menos recursos para alquileres obligaría a cerrar oficinas
Otra de las consecuencias es la limitación de recursos para pagar alquileres. El fiscal general afirmó que la institución tendría que priorizar qué oficinas podría mantener abiertas y cuáles tendría que cerrar.
Entre las sedes que ya han identificado como posibles candidatas, mencionó Cóbano, Jacó, Quepos y Hatillo.
Díaz explicó que la posibilidad de cierre responde a que algunas de esas oficinas podrían ser trasladadas o concentradas en otras instalaciones, como el edificio del Poder Judicial en Puntarenas. La medida, sin embargo, también tendría un efecto sobre el servicio que recibe la población en esas comunidades.
Traducciones y peritajes también quedarían afectados
Díaz señaló además que las restricciones presupuestarias afectarían servicios especializados que requiere el Ministerio Público para desarrollar algunas investigaciones.
Una de ellas es la traducción necesaria para procesos de extradición o para atender a imputados que no hablan español.
Si la institución no cuenta con recursos para pagar traductores –advirtió– esos procesos podrían verse afectados y las personas involucradas podrían quedar en una situación de indefensión.
También mencionó los peritajes especializados, entre ellos estudios matemáticos que se requieren en determinados casos.
El Poder Judicial sostiene que las disposiciones son inconstitucionales e injerencistas, al introducir controles adicionales sobre decisiones que corresponden a la administración de la institución.