Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtió que el recorte de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026 podría debilitar la capacidad del país para contener al crimen organizado y generar un escenario de mayor violencia y “caos”.
Del total de la rebaja, ¢9.536,3 millones corresponden al OIJ, es decir, el 40,2% del recorte. Soto afirmó que la reducción afectará 62 partidas presupuestarias y tendrá consecuencias directas sobre las labores operativas y de investigación del organismo.
“Si no tenemos los recursos para combatir al crimen organizado, podría eventualmente entrar en un caos en el país. Cuando se desarticulan estructuras criminales como las que hemos desarticulado recientemente, se generan espacios de poder que generan violencia y generan caos”, afirmó.
El jerarca explicó que la desarticulación de organizaciones criminales genera vacíos que deben ser contenidos mediante una acción policial y judicial constante para impedir que otros grupos ocupen esos espacios y provoquen nuevos episodios de violencia.
“Y ahí es donde tenemos que hacer nosotros contención criminal permanente para evitar que las estructuras criminales generen más violencia”, añadió.
Áreas más afectadas
Entre los rubros más afectados mencionó el combustible, los viáticos, el mantenimiento de la flotilla vehicular y la compra de insumos para los laboratorios forenses.
Soto explicó que la reducción en combustible comprometería la movilidad de los agentes para realizar investigaciones, atender víctimas y trasladar cadáveres. También afectaría la capacidad de movilizar funcionarios de distintas zonas del país durante los megaoperativos contra estructuras criminales.
Los viáticos son otro de los puntos de preocupación. Según el director interino, el OIJ necesita esos recursos para trasladar oficiales dentro del territorio nacional, una práctica habitual cuando se ejecutan operaciones que requieren concentrar personal de diferentes regiones.
El mantenimiento de los vehículos también podría verse comprometido. Soto alertó de que, si la institución no cuenta con recursos suficientes para mantener la flotilla, algunos automóviles podrían quedar fuera de servicio.
A esto se suma la compra de materiales necesarios para las pericias de los laboratorios, entre ellos los utilizados para comparaciones de ADN y la atención de investigaciones relacionadas con delitos sexuales.
Soto: Debería invertir mi tiempo en la planificación, no en pensar si terminamos el año
Para Soto, la reducción presupuestaria ocurre, además, en un momento particularmente delicado para la seguridad del país. Señaló que el promedio de homicidios pasó de 2,1 diarios a cerca de tres por día durante el último mes, pese al trabajo operativo realizado por el OIJ.
Soto sostuvo que, en lugar de reducir recursos, el contexto actual exigiría fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
“Yo debería invertir mi tiempo en la planificación de las investigaciones de estructuras criminales, pero últimamente mis horas y mis angustias han sido pensando si podemos terminar el año con los presupuestos”, manifestó.
El director interino también subrayó que el trabajo del OIJ depende de la coordinación con otras instituciones del sistema de justicia. Señaló que fiscales y jueces son indispensables para que las investigaciones puedan avanzar y destacó el esfuerzo realizado durante los últimos dos años, particularmente durante este año.
Soto advirtió que las consecuencias del recorte no se limitarían al OIJ, sino que alcanzarían a la población en general, especialmente a las personas más vulnerables y a las víctimas de delitos.
“Esto es un tema país, sin duda alguna en perjuicio va para todos los ciudadanos de este país, especialmente para las personas vulnerables, las víctimas vulnerables, pero afecta la seguridad total del país y sin duda alguna beneficia a la criminalidad”, concluyó.