Patricia Solano, magistrada de la Sala de Casación Penal, afirmó que entre más exitoso sea el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el combate a la criminalidad, mayor es el golpe que recibe presupuestariamente, al ser la institución que concentra la mayor parte del recorte de ¢23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026, ordenado por el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Del total de la rebaja, ¢9.536,3 millones corresponden al OIJ, lo que equivale al 40,2% del recorte. Para la magistrada, la disposición del Poder Ejecutivo representa una “paradoja”.
“Creo que es muy claro el discurso: entre mejor lo hagan, los golpeamos más fuerte para que no tengan recursos y no combatan la criminalidad”, afirmó durante la sesión de Corte Plena de este lunes.
La magistrada también llamó al gobierno de la presidenta Laura Fernández a mantener coherencia entre su discurso sobre la seguridad nacional y las decisiones presupuestarias que afectan al OIJ y al Ministerio Público.
“Yo llamo a la reflexión de que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República sean congruentes en el discurso de que quiere combatir la criminalidad y que mantiene estos dineros para que nosotros podamos seguir con la labor que hacemos”, expresó.
Solano sostuvo que la ciudadanía puede valorar por sí misma esa relación entre los resultados de las instituciones encargadas de la persecución penal y la reducción de los recursos con los que cuentan.
Magistrado Alfaro: ‘Las organizaciones criminales deben estar frotándose las manos’
En la misma línea, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, también de la Sala de Casación Penal, planteó que las organizaciones criminales podrían beneficiarse de un debilitamiento de las capacidades estatales para investigar y perseguir delitos.
“Deben estar frotándose las manos, las organizaciones criminales, al ver que estamos en estos niveles discutiendo rebajas en presupuesto para cuestiones esenciales de investigación y de persecución”, expresó.
Destacó que el OIJ y el Poder Judicial participan diariamente en al menos 10 allanamientos, como parte de las labores de investigación y persecución de organizaciones criminales.
El magistrado vinculó ese trabajo con la evolución de los homicidios en el país y sostuvo que la eventual reducción de asesinatos respecto de años anteriores responderá a la labor articulada del sector penal.
“Si hoy estamos en presencia de un escenario que permite proyectar que haya este año menos homicidios que en los años anteriores, es porque ha habido un trabajo articulado de todo el sector penal del Poder Judicial costarricense para atacar bandas criminales y para amortiguar el problema de la inseguridad, desde lo que a nosotros nos corresponde, que es la investigación, la persecución y el juzgamiento”, afirmó.
Desde esa perspectiva, Alfaro consideró que una reducción presupuestaria en este momento podría representar un retroceso para las capacidades de las instituciones encargadas de esas labores, por lo que llamó al Poder Judicial a defender los recursos necesarios para mantener esas funciones.
“Debemos oponernos por los medios que la legalidad nos permite a esta propuesta de manera justificada. No es nada irracional, no es que no queramos ajustarnos, es que no podemos ajustarnos y yo creo que la legalidad está de nuestra parte”, concluyó.