Araya, cuyo periodo vence el próximo 31 de octubre, hizo la propuesta durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, donde expuso sus criterios sobre la administración de justicia, la carga de trabajo de los tribunales y las funciones que deberían corresponder a los magistrados.
El cobro judicial concentra el 64% de todo el circulante del Poder Judicial. “Nos hemos convertido en el cobrador de 10 grandes empresas en este país, de gratis”, afirmó Araya.
El magistrado sostuvo que, si esos procesos fueran retirados del Poder Judicial, el circulante pasaría de unos 740.000 expedientes a 263.274. Aclaró que se trata de una posición personal y que no pretendía representar la postura de la Corte Suprema de Justicia.
Un aumento de recursos en la Sala IV
El alto juez también se refirió al volumen de casos que recibe la Sala Constitucional, particularmente los relacionados con servicios de salud.
En el desglose que presentó, los asuntos relacionados con salud sumaron 13.402 expedientes, equivalentes al 40,37%. También mencionó 3.565 casos relacionados con personas privadas de libertad, un 10,32%; 5.734 sobre ayudas sociales, un 17,08%; y 2.839 relacionados con peticiones, un 8,59%.
Araya vinculó ese volumen de recursos con un deterioro en la prestación de servicios públicos y en la protección de derechos fundamentales.
“Eso significa un deterioro en el acceso a la salud, y ni se diga un atentado a la vida de los costarricenses”, afirmó. Araya criticó que existan listas de espera para los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con fecha hasta el 2052.
De acuerdo con el magistrado, los amparos y habeas corpus representan el 94% del circulante de la Sala Constitucional, y los asuntos de salud, privados de libertad y ayudas sociales son el 64%
Ante una pregunta de la diputada Janice Sandí, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre si la Sala Constitucional ha terminado asumiendo funciones que corresponden al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa debido a la cantidad de recursos que recibe, Araya respondió que existe un deterioro en la gestión pública.
“Hay que decirlo abiertamente: hay un deterioro gravísimo de la gestión pública del Gobierno Central y descentralizado en lo relativo a los derechos humanos de los costarricenses”, manifestó.
“Cuando una gestión pública es eficiente, los tribunales constitucionales de justicia abierta, como es el caso costarricense, tienen un circulante muy bajo. Cuando los tribunales constitucionales en el mundo se cargan de expedientes, significa que la gestión pública es altamente deficiente y que la Constitución se está vulnerando”, añadió.
Según Araya, la Sala Constitucional cumple en ese escenario una función de defensa de los derechos fundamentales.
“Los tribunales constitucionales en el mundo son los defensores de la Constitución. Los defensores de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. De tal manera que ese circulante refleja la grave situación en la que se encuentran los derechos fundamentales en Costa Rica”, recalcó.
En contra de las funciones administrativas
Durante la audiencia, Araya también fue consultado por el diputado Antonio Barzuna, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), sobre las funciones administrativas que realizan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre la inclusión de esas labores dentro de la remuneración de los jueces.
El diputado le preguntó si parte de su salario corresponde a la realización de gestiones administrativas. Araya explicó que cuando asumió como magistrado, en el 2018, recibió el salario completo establecido para el cargo y que no se le asignó un plus adicional por esas labores.
“Cuando yo llegué en el 2018 me dieron el monto de mi salario completo sin ningún plus adicional”, respondió. Ante la consulta sobre si su remuneración contempla funciones administrativas, Araya explicó que recibe un salario global de juez.
El magistrado también expresó su desacuerdo con que los altos jueces asuman tareas administrativas. Araya afirmó que no está de acuerdo con que la Corte realice funciones como el nombramiento de jueces, la aplicación de procesos disciplinarios o la administración de un fondo de pensiones.
Ante una pregunta directa de Barzuna sobre si considera que los magistrados deberían realizar funciones administrativas, su respuesta fue negativa. “No, señor”, respondió.
Sobre el componente salarial relacionado con esas tareas, Araya insistió en que su remuneración corresponde al salario global que recibe desde que asumió como magistrado.
Araya también manifestó, ante preguntas del diputado Ariel Mora, del PPSO, estar de acuerdo con que la Sala Constitucional esté fuera del Poder Judicial y con que se ponga un límite a la reelección de magistrados. Señaló que los altos jueces podrían ingresar a los 50 años y mantenerse por dos periodos continuos, de ocho años cada uno.
Marta Esquivel, presidenta de la Comisión y diputada del PPSO, indicó que Araya tendrá que comparecer nuevamente el próximo viernes 9 de octubre, a partir de las 8 a. m., para continuar respondiendo las consultas de los integrantes del foro legislativo.
