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Tras las críticas del magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya, a los recortes presupuestarios al Poder Judicial, la presidenta Laura Fernández le pidió que “aceptara” que ella ganó las elecciones “por goleada” para justificar los cambios que impulsa su gobierno en ese poder de la República.
El magistrado de la Sala Constitucional dijo este lunes 20 de julio, durante una sesión de Corte Plena: “La agonía es lenta. En el pasado las democracias acababan con golpes de Estado; en el presente las democracias acaban con golpes presupuestarios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un autoritarismo, no tengo ninguna duda. Solo queda el Poder Judicial y cada mes ahora viene un recorte (...) el proceso de cierre del Poder Judicial comenzó y no es con un golpe de Estado, es con un golpe presupuestario“.
Este martes, durante una entrevista con el Octavo Mandamiento de ¡OPA!, Fernández le respondió al magistrado: “Mire, eso se llama democracia, caballero. Eso se llama votación popular. Eso se llama respeto a la soberanía del pueblo de Costa Rica. ¡Acéptelo, yo gané las elecciones y por goleada!".
Agregó: “Eso no se trata de ningún golpe de Estado al Poder Judicial, se trata de aceptar que los tiempos cambiaron y que ya a ustedes no se les va a dar cheques en blanco como se les dio a otrora“.
Fernández reiteró que ella no tiene ningún “interés” en que cierre el Poder Judicial, sino que busca “rescatarlo”.
Tensiones en aumento
Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial solo han ido en aumento. Durante el programa, Fernández arremetió con dureza contra esa institución a la que le reprocha mora judicial y la acusa de supuesta corrupción.
El viernes anterior, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, comunicó a la mandataria que ninguna autoridad judicial participaría en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional debido al recorte presupuestario.
Durante ese encuentro, la presidenta Fernández fustigó la decisión de los jueces y consideró la ausencia como un “desplante y berrinche”.
Posteriormente, en la tarde de ese mismo lunes, el Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones que el Ministerio de Hacienda aplicó a su presupuesto del 2026 , el cual afectará el gasto operativo.
Entre las principales afectaciones están: limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal, impacto en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como la reprogramación de juicios y la suspensión de diligencias judiciales.
Por su parte, la presidenta de la Sala de Casación Penal, la magistrada Patricia Solano, afirmó que ese recorte responde a una estrategia del Poder Ejecutivo para “ahogar económicamente” a la institución y recordó que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, había dicho que, tras controlar el Ejecutivo y el Legislativo, le faltaba el Poder Judicial.
“Por una parte, nos reclaman que no hacemos, que tardamos, y por otro lado nos quitan los recursos. O sea, lo que están haciendo es ahogar económicamente al Poder Judicial. ¿Qué se pretende con eso?“, cuestionó Solano.
