La posibilidad de que un presidente busque un segundo mandato consecutivo, la eliminación del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR) y la propaganda política en ceremonias religiosas figuran entre los cambios que seis proyectos pretenden introducir en la Constitución Política.
Las iniciativas forman parte de los 112 expedientes convocados la presidenta de la República, Laura Fernández, para el segundo periodo de sesiones extraordinarias. Aunque representan apenas el 5,4% de los proyectos incluidos, plantean modificaciones sobre las reglas del sistema político, las competencias de órganos constitucionales y el alcance de derechos fundamentales.
Los otros temas que abordan son el tiempo de permanencia en el cargo de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la ampliación de delitos para la extradición de costarricenses.
De las seis iniciativas de reforma constitucional convocadas, cinco fueron presentadas por diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Las reformas parciales a la Constitución deben cumplir el procedimiento establecido en el artículo 195 de la Carta Magna, que contempla etapas en legislaturas distintas y requiere una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
La inclusión de estos expedientes en la convocatoria no significa que puedan aprobarse mediante el trámite ordinario, ni que su discusión vaya a concluir durante este periodo de sesiones extraordinarias.
Reelección presidencial y magistraturas electorales
Dos de las propuestas buscan modificar las reglas que rigen la permanencia en cargos vinculados con el sistema político.
El expediente 25.867, impulsado por Osvaldo Artavia, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), pretende permitir que el presidente y los vicepresidentes en ejercicio puedan participar en la elección inmediata siguiente y ser reelegidos para un segundo periodo consecutivo.
La iniciativa modifica el artículo 132 y elimina la restricción que actualmente impide aspirar a la Presidencia a quien haya ejercido ese cargo durante cualquier lapso de los ocho años anteriores a la elección. También suprime la prohibición que alcanza al vicepresidente que haya conservado esa condición durante los 12 meses previos a los comicios y a quien haya sustituido al presidente durante ese plazo.
En el ámbito electoral, el expediente 25.387, promovido por el exdiputado Gilberth Jiménez, del periodo anterior, plantea modificar el artículo 101 para limitar a una sola reelección el nombramiento de los magistrados del TSE. La Constitución vigente establece periodos de seis años y permite la reelección, sin fijar un límite expreso a la cantidad de veces que una persona puede permanecer en el cargo.
Contraloría: cambio del control previo al posterior
El expediente 25.692, de la diputada oficialista Mayuli Ortega, plantea una modificación de las competencias de la Contraloría General de la República mediante una reforma al artículo 184 constitucional.
La Constitución vigente establece que la Contraloría debe fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos públicos. También dispone que no se emita ninguna orden de pago contra fondos estatales sin que el gasto haya sido visado por esa institución, ni que una obligación para el Estado surta efecto sin su refrendo.
La reforma propone que la fiscalización sea predominantemente posterior y que la validez o eficacia de los actos administrativos no dependa de una autorización o aprobación previa de la Contraloría.
El proyecto permitiría que la institución realice controles continuos o posteriores a la ejecución de los actos. También contempla revisiones preventivas o concomitantes, pero de carácter no vinculante, cuando existan razones de interés público o riesgo fiscal.
Además, establece que ningún pago, obligación o contrato estatal requeriría aprobación o refrendo previo de la Contraloría para surtir efectos jurídicos. A cambio, dispone que los jerarcas y funcionarios responsables responderían personal y patrimonialmente por actos contrarios al ordenamiento jurídico, o que causen daños a los fondos públicos.
La iniciativa también modifica la descripción de las funciones de la CGR: incluye la fiscalización de la gestión presupuestaria, financiera y contractual de las instituciones públicas; la evaluación de los sistemas de control interno y la presentación de un informe anual sobre la gestión y el estado de las finanzas públicas.
Reformas del sector conservador
El expediente 25.829 propone modificar el artículo 28, que prohíbe hacer propaganda política invocando motivos religiosos o valiéndose de creencias religiosas. La reforma sustituiría esa prohibición por otra más específica: impediría realizar propaganda política que pretenda incidir directamente en la decisión electoral de los ciudadanos durante ceremonias o eventos religiosos.
El expediente 25.830 plantea cambiar el artículo 21 constitucional, que actualmente establece que la vida humana es inviolable.
La reforma añadiría que la vida humana es inviolable, “en general, desde la concepción hasta la muerte natural”.
La incorporación de esa frase busca precisar en el texto constitucional el periodo de protección de la vida humana. Su discusión también puede tener implicaciones interpretativas sobre el alcance de ese derecho y su relación con otras garantías y derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
Ambos expedientes fueron presentados por Kattia Mora, pastora evangélica y diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Nuevos delitos para extradición
El expediente 25.686, presentado por Kattia Mora, del PPSO, propone ampliar los supuestos en los que un costarricense puede ser extraditado.
La Constitución vigente contempla esa posibilidad cuando se trate de tráfico internacional de drogas o terrorismo, siempre que la extradición sea concedida por los tribunales y se respeten los derechos fundamentales y las garantías procesales.
La reforma mantendría esos dos supuestos, pero agregaría otros delitos vinculados con la criminalidad organizada transnacional. La lista incluye legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas y explosivos, tráfico de órganos y tejidos humanos, homicidio calificado y sicariato relacionados con estructuras criminales.
También incorpora la asociación, dirección, integración y pertenencia a grupos de criminalidad organizada vinculados con esos delitos, así como determinados delitos informáticos que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.