Una semana después de afirmar que la resolución de la Sala Constitucional sobre la prórroga de magistrados suplentes constituía un “golpe de Estado”, la presidenta Laura Fernández introdujo este viernes un nuevo concepto para defender sus declaraciones: aseguró que se refería a un “golpe de Estado institucional”, una expresión que, según dijo, existe en la literatura política.
La afirmación marca un giro en el discurso del Ejecutivo. La Nación documentó que, tras las críticas de especialistas y organizaciones académicas, el gobierno había dejado de utilizar la expresión “golpe de Estado” y comenzó a hablar de un “golpe a la institucionalidad pública de Costa Rica”. Este viernes, durante una actividad en La Guácima de Alajuela, Fernández incorporó la nueva categoría.
Consultada por Telenoticias de canal 7 sobre si mantenía sus afirmaciones iniciales, respondió:
“Se lo voy a explicar desde la literatura, porque yo soy politóloga. Mire, cuando los poderes del Estado, el Legislativo, el Judicial o el Ejecutivo, generan golpes utilizando las leyes, utilizando su propio poder a la independencia o a la autoridad que cada uno de estos poderes debemos de tener, eso se llama golpe de Estado institucional”.
Agregó que, a su juicio, el voto emitido por cuatro magistrados de la Sala Constitucional “es un golpe a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”.
¿‘Golpe de Estado institucional’ forma parte de las categorías reconocidas por la ciencia política?
José Andrés Díaz González, politólogo, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), con una maestría en Historia y un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, explicó que podría existir algún autor o autora que utilice el término “golpe de Estado institucional” o una expresión similar.
Sin embargo, afirmó que no se trata de una categoría analítica consolidada ni ampliamente reconocida dentro de la ciencia política.
El investigador añadió que la definición más extendida entiende un golpe de Estado como un intento ilegal y manifiesto de destituir al jefe de Estado o de Gobierno.
“Lo más utilizado es entender el golpe de Estado como un intento ilegal y manifiesto, generalmente realizado por militares o algún tipo de élite política, dentro o fuera del aparato estatal, para destituir al jefe de Estado”, indicó.
Según explicó, uno de los elementos centrales es que la acción tenga una naturaleza inconstitucional y busque remover al gobierno en funciones.
Por esa razón, agregó, mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, como un juicio político (impeachment) o un voto de censura en un sistema parlamentario, no suelen considerarse golpes de Estado.
Un concepto con más de tres siglos
La expresión “golpe de Estado” (originalemente coup d’État) surgió en Francia hace más de tres siglos. Uno de sus primeros desarrollos apareció en el siglo XVII en la obra del erudito francés Gabriel Naudé.
En ese momento, el concepto tenía un significado distinto del actual. Se utilizaba para describir acciones extraordinarias, repentinas y secretas ejecutadas por un soberano con el propósito de preservar el Estado.
Con el surgimiento del Estado moderno, el concepto evolucionó. El historiador estadounidense Edward N. Luttwak sostiene que el golpe de Estado, entendido en su sentido contemporáneo, solo se volvió posible con la consolidación de burocracias permanentes y fuerzas armadas profesionales, que separaron la estructura del Estado de quienes ejercen temporalmente el poder político.
Esa transformación permitió que el concepto adquiriera el significado con el que hoy suele utilizarse en la ciencia política: la toma ilegal del poder mediante actores que operan desde el propio aparato estatal.
Los ‘golpes de Estado con adjetivo’
Díaz señaló que, dentro de la literatura de política comparada, existe una corriente que incorpora calificativos al concepto tradicional de golpe de Estado.
Entre ellos aparecen expresiones como “golpe parlamentario”, utilizadas para analizar algunos procesos políticos específicos.
El investigador citó como ejemplo la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009, un episodio que parte de la literatura analiza bajo esa denominación debido a la participación de distintos poderes del Estado en el proceso.
No obstante, advirtió de que la propia ciencia política también ha alertado sobre el riesgo de extender excesivamente el concepto.
“La literatura académica advierte de mucho de este estiramiento conceptual, de estar poniendo adjetivos a los golpes de Estado para tratar de utilizar el análisis para justificar o para oponerse a procesos políticos. Eso hace que se pierda capacidad para analizarlo”, afirmó.
La explicación de Fernández surge una semana después de que el uso del término “golpe de Estado” fuera cuestionado por el Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, que coincidieron en que la expresión posee un significado específico dentro de la ciencia política y el derecho constitucional.